Los tiempos de la Justicia en Sevilla: tres de cada diez juicios se suspenden

En dicha memoria, correspondiente al año 2024 y consultada por este periódico, se detalla que en Sevilla ha disminuido el porcentaje de suspensiones en todas las jurisdicciones, excepto en la Contencioso-Administrativa que ha pasado del 42 por ciento del año 2023 al 46 por ciento del año pasado. La media global asciende a un 32%, frente al 35% de suspensiones del año anterior. La jurisdicción Social es una de las que más suspensiones se producen en todas las provincias con un porcentaje del 54 por ciento, y eso que se ha reducido en ocho puntos. A pesar de esta disminución, la realidad es que más de la mitad de los juicios que se señalan no se celebran en la fecha prevista.

Otros datos corroboran esta situación. En los juzgados de lo Mercantil las suspensiones alcanzan el 35 por ciento o en los juzgados de lo Penal de la capital rozan el 40 por ciento.

Pero la memoria del TSJA de 2024 no sólo evidencia el problema de las suspensiones, sino que también expone otros parámetros que permiten hacerse una idea de la situación situación actual de los tribunales en Sevilla, especialmente en la Audiencia Provincial (conformada por cuatro secciones penales y otras cuatro civiles). Ingresaron el pasado año 11.576 asuntos, 6.576 penales y 5.000 civiles.

Los asuntos penales fueron un cinco por ciento menos que en 2023, resolviendo los magistrados 6.762 casos (un 7% menos que en 2023). Pese a ello, al haber resuelto más asuntos de los ingresados, la pendencia desciende un 12%. La mayoría de los procesos iniciados son recursos (el 93%). Se han iniciado 439 procesos penales en primera instancia, de los que un tres por ciento fueron por la Ley del Jurado.

La carga de trabajo penal durante el año 2024 (total de asuntos pendientes de resolución del año anterior más registrados en el año) fue de 8.153 asuntos penales y de ellos se ha resuelto el 83%. Los 23 magistrados titulares de las cuatro secciones dictaron 1.925 sentencias y 4.547 autos. El volumen de asuntos resueltos revela laboriosidad de los magistrados, si bien la pendencia a final de año sólo ha descendido en las secciones primera y en la cuarta ligeramente.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de las audiencias provinciales, la memoria dice que esa cifra no es superada en Sevilla, donde se puede hablar de «una plantilla equilibrada». Aunque la realidad es que los cinco magistrados de la Sección Séptima (donde se ha incorporado recientemente tras dos años de baja la magistrada Mercedes Alaya) reciben más de 300 asuntos.

En un análisis pormenorizado por jurisdicciones y por partido judicial, la memoria del TSJA expone que en la provincia, donde hay 42 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el índice de referencia de entrada de asuntos en la jurisdicción civil es sobrepasado en la mayor parte de los partidos judiciales sevillanos, destacando especialmente Lebrija y Sanlúcar la Mayor. En el orden penal, destaca la sobrecarga que presentan los juzgados de Écija, Lora del Río, Morón de la Frontera, especialmente los dos últimos. Estos índices hacen necesario ampliar las unidades judiciales en los partidos de Alcalá de Guadaira, Carmona, Coria del Río, Lora del Río, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y Utrera.

En materia de violencia sobre la mujer, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apunta que en Sevilla se registraron más de once mil asuntos relacionados con esta materia. En la capital los cuatro órganos superaron los dos mil asuntos, cuando el Poder Judicial establece 1.600 asuntos como carga de trabajo anual. Se vuelve a justificar la necesidad de mayor creación de unidades judiciales especializadas en Violencia sobre la Mujer, lo que será del todo punto imprescindible a partir del segundo semestre de 2025 con la entrada en vigor de la nueva asunción de competencias en materia de violencia sexual, conforme a la previsiones de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencias de la Justicia.

El TSJA apuesta por seguir la senda iniciada de que algunos estos juzgados tuviesen un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales y, de esta manera, conseguir una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos.

Así, propone que podría plantearse que la futura Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla extendiese su jurisdicción a partidos judiciales cercanos a la capital, con la creación del número de plazas de magistrado necesarias. En concreto a los partidos judiciales de Coria del Río y Alcalá de Guadaíra condicionada a la creación de nuevas plazas de titular. Asimismo, podría plantearse que la Sección de Dos Hermanas extendiera su jurisdicción a los partidos judiciales de Utrera y Lebrija; se propone la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Carmona, que extendería su jurisdicción a los partidos judiciales de Marchena y Morón de la Frontera; y la de Écija, Estepa y Osuna. Y, por último, podrían agruparse los partidos judiciales de Lora del Río y Cazalla de la Sierra.

Siguiendo con este asunto, en la provincia se recibieron el año pasado 7.861 denuncias de violencia de género; se adoptaron 888 órdenes de protección que supone el 41% de las incoadas, muy por debajo de la media andaluza, que está en el 75 por ciento, y se dictaron 172 sentencias condenatorias y 200 absolutorias.

Otro dato relevante es que los diez servicios comunes de Notificaciones y Embargos que hay en la provincia resolvieron 1.263 embargos y 875 lanzamientos en 2024. El número de lanzamientos es un 21% menor al año anterior y la evolución de los embargos en Sevilla ha fluctuado a lo largo de los años, siendo su valor máximo en 2011.