Un sevillano pagó a una madre y una abuela para que violasen a su hija de cinco años hasta cuatro veces
La Audiencia de Sevilla, tras un acuerdo de conformidad, condena a 147 años de cárcel a un pedófilo que, a través de Internet, pagaba a madres con problemas económicos para que agrediesen sexualmente a sus hijos mientras él lo grababa y difundía por la red
Sólo pasará veinte años en prisión, que es el máximo cumplimiento efectivo que marca la ley
Condenan a un varón en Sevilla por pedir imágenes y vídeos de contenido sexual a una menor
A través de las aplicaciones de Facebook y Stripchat un sevillano contactó con una mujer. A cambio de una compensación económica y siguiendo sus indicaciones en tiempo real, ella accedió a realizar actos sexuales sobre su hija de entre 5 y 6 años de edad, escenas que se repitieron en cuatro ocasiones, siendo grabadas por este individuo en cuatro días del mes de enero de 2023, al tiempo que las visualizaba en la pantalla de su ordenador. En tales grabaciones se observa cómo la madre viola a su hija, tumbada en el suelo. Después lo hace la abuela de la niña. Y otras escenas que no son necesarias reproducir por escrito.
Este es uno de los hechos por los que este sevillano, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ha sido condenado 'in voce' por un tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial a 147 años (146 años más diez meses) de cárcel como autor de 37 delitos sexuales: distribución de pornografía infantil, elaboración de pornografía infantil de persona menor de 16 años con violencia y particularmente degradante, agresión sexual a menores de cuatro años, incluso con penetración, o corrupción de menores. La petición inicial del fiscal del caso, Gabriel González (fiscal delegado de criminalidad informática de Sevilla), era de más del doble.
El ahora condenado, que no tenía antecedentes penales, está en prisión provisional desde noviembre de 2023. Los hechos que se han investigados por los policías y la Justicia tuvieron lugar, al menos, entre el 7 de septiembre de 2022 y 19 de enero de 2023. A través de las redes de intercambio de archivos 'Peer To Peer' (P2P), procedió a descargar y a compartir con otros usuarios archivos con contenido sexualmente explícito de menores de edad.
El 8 de noviembre de ese año se entró y registró su domicilio en Sevilla, interviniéndose por los agentes diferente material y aparatos informáticos y de telefonía. Tras un análisis in situ, en el ordenador de sobremesa se verificó que estaban instalados y activos diferentes programas de intercambio de archivo, un total de 555 elementos con nomenclaturas pedófilas, 785 elementos también nomenclaturas pedófilas como 'Dos niñas negritas de 11 dan mamada a...'. A los anteriores archivos que estaban en carpetas que permitían ser distribuidos a otros usuarios de la red, se suman el resto de archivos hallados en los dispositivos y que alcanzan una cifra total de 3.422, que contienen imágenes y vídeos en los que se observa a personas menores de edad protagonizando desnudos en poses o en planos eróticos o escenas sexuales explícitas, tales como aquellos en las que menores están sufriendo accesos carnales por parte de personas adultas o de otros menores.
'Mi grabación'
También se hallaron otros 257 archivos de vídeo con la nomenclatura 'Mi grabación' y una numeración correlativa que se correspondían con las grabaciones de pantalla que habría realizado el procesado mientras participaba en videollamadas y transmisiones en vivo a través de las aplicaciones Stripchat y Skype con personas de otros países que accedían a utilizar a sus hijas o familiares menores de edad para realizarles los actos sexuales o la exhibición explícita de sus genitales que demandaba el procesado y por los que pagaba una cantidad de dinero previamente pactada con las personas mayores de edad responsables de los menores, materializándose el pago por los shows, bien mediante la propia plataforma Stripchat, mediante el envío de 'tokens' previamente comprados en la propia página web, o bien por medio de transferencias directas a través de plataformas de pago.
De esos 257 archivos de vídeo realizados entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 se ha logrado individualizar a quince perfiles que procuraban víctimas menores de edad a las que el procesado tuvo acceso tras contactar y negociar con los adultos responsables a través de sus perfiles en redes sociales, desconociéndose sus identidades reales al estar ubicados en otros continentes. Por ello no han podido ser investigadas ni juzgadas.
Esas personas, principalmente madres de menores de edad movidas por un interés económico, a instancia del procesado que actuaba con el propósito de satisfacción personal pese a constituir un claro ataque a la libertad sexual, realizaron diversas acciones sobre los menores que se concretaron de la siguiente manera y que se corresponden con las grabaciones que efectuó el procesado de las emisiones en directo que mantuvo a través de distintos perfiles.
En esos quince hechos de visualizan hechos muy graves de las madres contra la libertad sexual de sus hijos de entre dos y cuatro años; cinco y ocho años; o de entre ocho y diez años, pero también hay bebés de menos de dos años y de menos de un año, a los que una mujer le realizó tocamientos. A veces las víctimas estaban dormidas o había más menores presentes durantes las agresiones sexuales.
El acusado presenta rasgos anómalos de personalidad que afectan moderadamente a su capacidad volitivas, conservando plenamente su capacidad cognitiva, por lo que se ha apreciado la atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica, y la agravante de ejecutar los hechos mediante precio o recompensa.
El máximo legal
Según han precisado a este periódico fuentes de la Fiscalía, el máximo de cumplimiento efectivo para este individuo es el máximo que permite la ley, es decir, 20 años de prisión (artículo 76.1 Código Penal). Es decir, como el triple de la pena mayor eran 23 años y 6 meses, se le aplica el máximo de cumplimiento que es 20 años.
Después cumplirá diez años de libertad vigilada. Pero en el acuerdo entre las partes, que constituirán la sentencia que ahora dictará la Sección Cuarta, contempla la toma de muestras biológicas de la persona del condenado y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Tampoco podrá trabajar con niños durante varios siglos ni entrar en redes sociales como Facebook.
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