Sevilla sigue los pasos de Madrid al externalizar las licencias de Urbanismo

Jesús Bayort

Sevilla

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28/01/2025 a las 18:38h.

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El plan de José Luis Sanz para la simplificación y la disminución de las cargas administrativas en los trámites urbanísticos a través de la externalización de los expedientes está inspirada en una ordenanza municipal que el Ayuntamiento de Madrid fijó hace ya casi tres años y que tan buen resultado está dando al gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Fue incluso un año antes, con Sanz recién designado alcaldable de Sevilla, cuando visitó al primer edil madrileño «para compartir ideas aplicables en Sevilla», una reunión que tuvo su réplica a los pocos días de tomar Sanz el bastón de mando municipal y recibir en su despacho de la Plaza Nueva a Martínez-Almeida. En ambos encuentros el líder madrileño le brindó «todo su apoyo» en materia urbanística, de seguridad ciudadana, policía municipal, ámbito turístico, servicios sociales y movilidad.

El alcalde madrileño apostó desde el inicio de su mandato municipal, como después hizo José Luis Sanz, por aumentar la colaboración público-privada no sólo para la creación de nuevas viviendas, sino para la simplificación de la gestión del suelo, con menos presión fiscal y apuesta por la vivienda social. La idea de ambos líderes, ya ejecutada en Madrid, es disponer de un equipo de inspectores externos a la plantilla municipal de Urbanismo para agilizar las visitas y la tramitación de las licencias. En el caso del Ayuntamiento madrileño ya está reglamentada a través del régimen de las entidades colaboradores urbanísticas de verificación, inspección y control. Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) del Ayuntamiento de Madrid son entidades privadas debidamente habilitadas para colaborar en la realización de actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal.

Esta incorporación de las entidades colaboradoras, aunque agilice considerablemente los tiempos de gestión, sólo tendrá intervención cuando los particulares así lo decidan, quedando a su libre elección la opción de que sus trámites sean exclusivamente gestionados por el Ayuntamiento de Madrid o bien por una entidad autorizada. En estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un listado de veinte entidades colaboradoras cuyo coste irá determinado en función del tipo de obra que se tenga que ejecutar y el tipo de uso o actividad que se pretenda según la tabla de precios que fija el gobierno de Martínez-Almeida. En los procedimientos en los que se haya optado por ir a una entidad colaboradora, el solicitante le paga el precio a ésta y el Ayuntamiento no cobra su tasa de prestación de servicios urbanísticos, aunque la resolución del procedimiento le corresponda a la administración.

Y ahora, tras haberlo prometido en campaña y con la experiencia de Madrid como mejor ejemplo, José Luis Sanz ya ha dado luz verde a su plan para agilizar las gestiones urbanísticas a través de la externalización de la tramitación de licencias. Un proceso que reduciría los plazos para la concesión de una licencia hasta los seis meses –antes de su llegada se tardaba una media de dieciocho meses–. De hecho, la Gerencia de Urbanismo ya ha implementado este sistema de colaboración público-privada para la redacción de los informes técnicos de las licencias en el que participan colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras, una medida que fue aplaudida por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y que emula al reglamento de entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Madrid.

La patronal sevillana avisó que esto supondría «un avance significativo», pues «permitirá descongestionar la Gerencia de Urbanismo, acelerando la tramitación de expedientes, sin que ello implique una merma en la verificación y control que corresponde a la Administración en el ejercicio de sus potestades». El Ayuntamiento de Madrid incorporó una serie de avances a su ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas como la contemplación de una regulación detallada de los medios de información urbanística, la ampliación del sistema de información y asesoramiento urbanístico a efectos de ofrecer al ciudadano suficientes opciones para obtener una orientación técnica y jurídica profesional y personalizada de los requisitos y condiciones exigibles a las actuaciones urbanísticas que pretendan desarrollar, seguidas de la anunciada modulación de la exigencia al solicitante de la consulta de aportar informe, estudio o dictamen de una entidad u organismo de reconocido prestigio para supuestos excepcionales, al tiempo que se simplifican los aspectos formales para su emisión.

Fuentes municipales explican que esta nueva incorporación, que en ningún caso suplantará la labor de los técnicos de la GUMA, permitirá reducir aún más los plazos que ya habían logrado acortar en una media de diez meses por licencia. Esta externalización de la redacción de expedientes es posible gracias a la Ley del Suelo. Para agilizar el trámite de estas licencias, el Ayuntamiento de Sevilla tenía dos opciones: la inasumible contratación de personal extra en su plantilla o la externalización de estas funciones. Tanto para el ahorro económico como para la celeridad en la consecución del objetivo, la Gerencia de Urbanismo ha optado por esta colaboración público-privada con los colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras. La CES subraya que «esta regulación contribuirá sin duda a agilizar la tramitación de los procedimientos, ya que no será necesario emitir un informe técnico municipal y bastará con el certificado emitido por la entidad o el colegio profesional, junto con el informe jurídico municipal, para otorgar la licencia». Dado que esta postura de la organización empresarial difiere de parte del dictamen emitido a mediados de diciembre por el pleno del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de obras y actividades, la organización empresarial emitió un voto particular, incorporado al propio dictamen, en el que queda reflejada su postura en este punto, y se abstuvo de aprobar el conjunto del dictamen.