Casi 400 sevillanos saldan sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

En la última referencia, se especifica que las personas físicas que han recurrido en 2023 en Andalucía a la Ley de Segunda Oportunidad han sido 1.063, de las que más de 370 proceden de Sevilla, según los cálculos de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. La cifra es cuanto menos llamativa si se tiene en cuenta que el año pasado en el mismo periodo de tiempo, y en toda Andalucía, el número fue menor, con únicamente 338 casos. Con estos datos, y según las mismas fuentes, se acredita que en Sevilla se ha multiplicado casi por cuatro la cifra con respecto a 2022, una circunstancia provocada por los cambios efectuados en la legislación en beneficio de muchas personas con importantes crisis económicas.

A tenor de las declaraciones del abogado de esta asociación, José Domínguez, la reforma concursal de finales del año pasado ha posibilitado que cientos de familias hayan visto en la Ley de la Segunda Oportunidad una «esperanza» para «poder seguir viviendo». Según el mismo letrado, con la modificación de la ley, el proceso resulta mucho más rápido y menos costoso para las personas endeudadas que recurren a esta normativa para lograr la exoneración de sus deudas. «Con esta reforma se han acortado mucho los plazos hasta un máximo de 12 meses para lograr la exoneración de las deudas. En Sevilla, ahora, todos los casos los llevan los cuatro juzgados de lo Mercantil. A pesar de parecer un número reducido, no hay un atasco judicial en concurso de acreedores de personas físicas dado que son órganos especializados. Hemos pasado de una duración media de un proceso de 18 a 6 meses. Además del buen hacer de nuestros juzgados mercantiles, sin duda, la reforma concursal de septiembre del año pasado está haciendo que todo sea menos burocrático y más sencillo de solicitar. Las personas necesitan respuestas pronto, y ahora sí se pueden dar».

Con la modificación de la ley no es necesario pasar por una fase extrajudicial donde se trataba de llegar a un acuerdo con las entidades para tratar de cancelar una parte de las deudas. Desde finales de 2022, el caso va directamente a la fase judicial, en la que se puede solicitar la cancelación del 100%. José Domínguez, igualmente, destacó que el número de personas que se han acogido a la ley ha aumentado considerablemente también en los pueblos: «Ahora no hay desigualdad por vivir en un municipio u otro. Antes, podías estar toda la vida de litigio esperando a que un juzgado de una determinada localidad se pronunciara. El proceso se ha democratizado, lo que sin duda es una ventaja para todos».