Cae una red que se valía de la ruina de sus víctimas para enriquecerse con falsas hipotecas
La operación policial sigue abierta tras 43 detenciones de empresarios, abogados y directores de banco
«Operación capital» es el nombre que trae en vilo desde el pasado mes de septiembre al grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional al frente del cual se halla el inspector Fernando Sevillano, que está desenmascarando a una organización dedicada a obtener créditos hipotecarios fraudulentos utilizando como gancho a familias con numerosas deudas y sin formación alguna que se agarraban a un clavo ardiendo para salir de sus miserias económicas.
La Policía reconocía ayer la complejidad de la trama por sus operaciones y el modus operandi y por las escasas pruebas que pueden aportar las supuestas víctimas. Entre los 43 detenidos por el momento en la operación hay universitarios y profesionales con alta cualificación como abogados, tasadores, directores de banco, empresarios y hasta un notario, éste último no detenido, que tenían distintas misiones en la complicada trama.
Básicamente consiste en comprar un casa para revenderla después a su inicial propietario , una persona arruinada, a la que le prometen saldar sus deudas mediante la consecución de un crédito hipotecario por un valor muchísimo más elevado que el del inmueble que pasa a ser aval de ese préstamo.
Hasta el momento hay 60 víctimas identificadas de las que 15 tienen cargos por haber consentido la falsificación de documentos para la consecuención de las hipotecas.
Entre los 43 detenidos, todos de Sevilla —10 de los cuales han pasado a disposisión judicial— hay dos directores de banco, cuya identidad no reveló ayer la Policía que no descartó nuevas detenciones ya que la trama parece tener ramificaciones en las provincias de Cádiz y Córdoba. La organización fraudulenta actuaba a través de una empresa, cuyo nombre tampoco ha sido revelado pero que estaba radicada en el Edificio Fórum, de Sevilla, dedicada a la compraventa inmobiliaria y a préstamos de capital privado y ha efectuado estafas por valor de dos millones de euros.
La red utilizaba a personas de pocos recursos económicos y escasa formación a los que ofrecía saldar todas sus deudas a cambio de que le efectuaran un falso contrato de compraventa de sus viviendas, contra las cuales, posteriormente, les conseguían un crédito hipotecario.
Las casas pasaban pues a ser propiedad de la organización, que les procuraba la documentación falsa a las víctimas para que ellos obtuvieran el crédito hipotecario ya que en con su escasa solvencia económica un banco con la ley en la mano no se lo iba a dar.
Nóminas
Una nómina de la empresa municipal de limpiezas de Sevilla Lipasam, vidas laborales , declaraciones de la renta o contratos de trabajo indefinidos, son algunos de los documentos falsificados que se han encontrado, alguno de los cuales estaban ayer expuestos en las dependencias policiales.
Los directores de bancos eran pieza clave a la hora de conceder el crédito, dado que ellos tienen un margen para operar sin tener que perdir permiso a sus superiores en función del cliente de que se trate y su solvencia.
Los que han sido detenidos eran conscientes de estas falsificaciones, y cobraban en torno a 5.000 euros por la concesión de los créditos hipotecarios , con la esperanza de que, para cuando se descubriera la morosidad de los titulares, cosa muy probable por su precaria situación económica, ya hubieran cambiado de oficina y no se les pudiera seguir el rastro. Otro eslabón de la cadena era la tasadora, y muy importante, pues hacía su informe por encima del valor de las viviendas consiguiendo la máxima tasación posible para, de esta forma, incrementa el crédito del banco ya que el inmueble, consta como garantía del préstamo.
Recompra
Luego, las víctimas recompraban sus viviendas a la organización, mediante estos créditos hipotecarios a 30 ó 40 años, con cuotas bajas, de 200 ó 300 euros mensuales, con lo que la organización obtenía ganancias de la diferencia entre el crédito concedido y el valor real de la casa, además de cobrar a las víctimas entre 4.000 y 6.000 euros por la documentación falsificada.
Los estafados no se quedaban con ningún documento expedido por la organización, ni por la compraventa ficticia de su propia casa ni por cualquier otro concepto, por lo que la Policía ha tenido que efectuar seguimiento de estafados y estafadores desde septiembre pasado, cuando se produjo la denuncia de una de las víctimas. A los detenidos se les imputan delitos de asociación ilícita y estafa y a las 15 víctimas que consintieron sólo este último, especificó ayer Fernando Sevillano. La operación sigue abierta y no se descartan nuevos registros en domicilios particulares y más detenciones en un futuro.
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