El IVA de las sillas de la Carrera Oficial llega al Senado

José Luis Sanz interpelará a la ministra sobre las causas por las que el Ministerio de Hacienda sigue insistiendo en que la explotación de la Carrera Oficial, para presenciar las procesiones, siga sujeta al IVA. El popular defenderá que lo que Montero está reclamando es un «atropello contra las hermandades y contra la seguridad jurídica de las mismas porque Hacienda pretende dejar sin efecto un criterio fijo de un tribunal», señalaron ayer a ABC fuentes del PP. En este sentido, Sanz considera que, con el nuevo recurso presentado por Hacienda tras la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara) -que daba la razón al Consejo eximiéndolo de la aplicación del impuesto al tratarse la Semana Santa de un acontecimiento religioso y no cultural-, el Ministerio demuestra que «no hay un criterio jurídico sino político».  

Asimismo, añade que la ministra Montero pone de manifiesto el «nulo respeto al procedimiento administrativo y a los tribunales , generando una indefensión a las hermandades, que son unas entidades de gran valor social por sus obras asistenciales a las que se les está faltando al respeto».

El recurso que ha interpuesto la Agencia Tributaria en contra de una resolución del tribunal es sólo una muestra más del interés evidente que existe por parte del Gobierno central en gravar todo aquello que tenga que ver con la Iglesia, como ha ocurrido también recientemente con la fiscalización a los carreteros que trabajan durante la romería del Rocío. Al PP le extraña cómo una ministra como María Jesús Montero, que ha sido consejera de la Junta de Andalucía, que es sevillana y que ha asistido precisamente este año a los desfiles procesionales de la Semana Santa hispalense desde los palcos de la plaza de San Francisco, pretenda aplicar una medida claramente política obviando el criterio de un tribunal que, por segunda vez, da la razón a las hermandadades.

Actualmente, pese a la resolución del Teara, el Consejo no puede devolver el dinero cobrado a los abonados a la espera de que la instancia superior resuelva la reclamación elevada por el Gobierno de Pedro Sánchez.