Sevilla tiene 2.500 pisos turísticos más que antes de la pandemia

Este volumen de inmuebles tiene capacidad para hospedar a 35.627 personas, una población parecida en número a la que reside en Los Remedios y muy por encima de la que ofrece la planta hotelera y de apartamentos turísticos, que no llega a las 30.000 plazas.

Los dilatados tiempos de la administración, que todavía mantienen sin aplicación la norma que se ha redactado, chocan con las facilidades para convertir una residencia en un alojamiento. Una vez que la regulación entre en vigor , que sólo está a expensas de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según informan fuentes municipales, todas las nuevas altas tendrán que cumplir los requisitos acordados, pero no tendrá efecto para las que ya estén reconocidas como viviendas turísticas , pues no se aplicará con carácter retroactivo.

Ese tiempo de gracia es el que muchos propietarios han aprovechado para inscribir sus pisos en el registro de la Consejería de Turismo, aunque no los estén destinando a este fin. De esta forma seguirán siendo considerados de uso residencial si en el futuro se explotan como alojamiento y, por tanto, su carga impositiva será menor. Por el contrario, los que se sumen tras la aprobación de la regulación, que ha supuesto un cambio de PGOU, pasarán a ser de uso terciario, tributando como si de un apartamento turístico o un hotel se tratara y asumiendo los mismos requisitos.

Fue a finales de abril cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó de forma definitiva la modificación puntual del plan urbanístico para cambiar la calificación de los pisos turísticos. Con ello el Ayuntamiento regula y ordena por vez primera la actividad en los límites marcados por sus competencias y tras un amplio periodo de consultas que se ha demorado demasiado tiempo, a juzgar por los resultados.

El Consistorio ha querido buscar el consenso con entidades vecinales, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia , las entidades más representativas del sector de las viviendas turísticas, la Junta Municipal del Distrito Triana y el resto de los grupos municipales. La intención, según explicó en su día el alcalde, Antonio Muñoz , es «evitar los efectos negativos de la expansión de este fenómeno como el aumento de los alquileres turísticos en detrimento del residencial, que ha podido generar el desplazamiento de vecinos de ciertas zonas históricas».

Otro de esos efectos negativos que destacó el regidor es procurar que «los diferentes modos de alojamiento compitan en igualdad de condiciones y exigencias en cuanto a su implantación, frente a la carencia de regulación concreta que tenían hasta ahora las viviendas turísticas y, en consecuencia, la competencia desleal existente». Y, por último, habló de «avanzar hacia un turismo más sostenible y propiciar la convivencia entre los turistas y residentes, conforme al nuevo modelo turístico de Sevilla».

Se espera que la regulación entre en vigor antes de que comience el verano, pero la situación es ya compleja, como reconoció Muñoz, quien considera desproporcionado el número. «Si me tengo que mojar lo hago, quiero para mi ciudad más camas hoteleras» , llegó a declarar, pero equilibrar ambos modelos va a ser realmente difícil, en vista de la dimensión que ha alcanzado el fenómeno. Por eso mismo ha pedido, sumándose a otros alcaldes, como el malagueño Francisco de la Torre, una mayor regulación a la Junta de Andalucía, que es la administración que tiene más competencias sobre esta actividad.

Los más de 7.000 pisos turísticos de Sevilla no se destinan exclusivamente a hospedar visitantes, muchos de sus propietarios siguieron explotándolos en el mercado tradicional durante la pandemia cuando los viajes estuvieron restringidos. Lo hicieron sin renunciar a la licencia que los reconoce como alojamiento. Esa fue la salida que encontraron para mantener un margen de rentabilidad o, al menos, cubrir los gastos de hipoteca, suministros, comunidad e impuestos.

Muchos cambiaron el régimen de sus alquileres, pero muy pocos los han sacado del registro de la Consejería, como confirman a ABC fuentes del sector inmobiliario. «Eso ha tenido un efecto en el mercado de alquiler con el aumento de la oferta en zonas como el Casco Antiguo o la parte más monumental de Triana , donde más se concentran las viviendas con fines turísticos y donde es muy difícil alquilar para larga duración.

También resaltan que «los contratos que se han hecho son por un año y muchos están venciendo sin posibilidad de renovar , pues la intención es volver a introducirlos en el circuito turístico que deja más beneficios». Por ese motivo no renuncian a la licencia, lo que ha complicado las cosas al inquilino para empadronarse y también lo penaliza en el pago de recibos como el agua, pues al no tener la vivienda un uso residencial, las compañías suministradoras entienden que se excede el límite e imponen sanciones que elevan la factura.