El comercio sevillano se rebela contra la sangría de los ladrones reincidentes

Esta firma de origen sevillano y con más de un centenar de tiendas en Andalucía y la vecina Portugal fue objetivo de los aluniceros el 19 de marzo, cuando atacaron su establecimiento de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María y el 7 de mayo, cuando las alarmas saltaron en las tiendas de Montequinto y Parque Alcosa. El pasado 23 de junio, cuando la ciudad enfilaba el tramo final del desconfinamiento, los aluniceros volvían a reventar con mucha violencia el escaparate de su negocio de Felipe II, donde ya habían robado en febrero. Una sangría en daños y mercancía perdida que llevan padeciendo desde hace años.

Según datos ofrecidos por la compañía, entre septiembre de 2016 y hasta el día de hoy, la empresa ha sufrido 75 alunizajes. Pero lo más grave de todo ya no es la factura, sino que en estos casi cuatro años no ha sido juzgado ninguno de los autores de estos asaltos a pesar de que se han producido detenciones. Estos delincuentes suelen estar vinculados a organizaciones delictivas que operan «con total impunidad ». Rafael González es director gerente de este grupo comercial. Asegura que su caso «es el más llamativo» porque no tienen reparos en salir en los medios para denunciar lo que está pasando y difundir las imágenes de las cámaras de seguridad de sus negocios, que captan la extrema violencia con la que actúan estos aluniceros. «Pero no somos los únicos que estamos sufriendo esto. Nos enfrentamos a un problema judicial , que va más allá de lo policial. Estos ladrones actúan con suma impunidad porque acumulan robos, asaltos y no les pasa nada».

Algunos de los alunizajes que la compañía tiene computados en su balance de pérdidas fueron perpetrados por la conocida banda del BMW, la cual la han integrado conocidos delincuentes sevillanos como Iván H. P., alias Ivi. La Fiscalía pidió en enero del año pasado una pena ejemplar para esta organización en un escrito de acusación que dirige contra ocho aluniceros. La suma de las condenas que reclama la acusación pública para los ocho procesados supera los 200 años aunque el cumplimiento se fija a partir del triple de la pena más grave, que en el caso del líder, el Ivi, son quince años. La Fiscalía hacía suya las conclusiones de la Udyco que tras meses de investigaciones pudo imputarles a los investigados 76 asaltos perpetrados entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. El juicio no se ha celebrado aún y los acusados han seguido operando. En el caso del cabecilla ha sido detenido en reiteradas ocasiones, en una de ellas por una tentativa de homicidio .

El caso de Aromas se incluye como ejemplo en un informe elaborado por la CEOE en el que denuncia el alto coste que tiene el hurto multireincidente no sólo para los empresarios sino para las arcas públicas y que, por el contrario, «le sale gratis al delincuente habitual».

En dicho estudio se reclama una reforma del Código Penal que castigue con cárcel la reincidencia en los delitos leves y, por otro lado, se pide una mayor agilidad a la hora de ejecutar las sentencias en casos como los hurtos que soportan asiduamente los comercios. «A día de hoy, cuando el juzgado emite una orden de notificación judicial, excepto en el caso de las citaciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solamente informan al condenado de que tiene una sentencia pendiente de notificar y le recomiendo que se dirija a una comisaría», detalla el informe. Eso se traduce en delincuentes que no aparecen y reclamaciones judiciales que se acumulan sin tener efecto.

La reforma penal que reclama el comercio recoge el espíritu de la que salió adelante en 2015, cuando se aprobó enviar a la cárcel al ladrón que fuera detenido con tres sentencias firmes. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Supremo revocó la condena a un carterista de Barcelona que había sido sentenciado en primera instancia a cumplir una pena de ocho meses, después rebajada a tres meses por la Audiencia. Había sido detenido tras hurtarle un teléfono móvil a un turista y en su haber ya contaba con tres sentencias anteriores por el mismo delito. El Supremo consideró desproporcionado que sólo se atendiera al cómputo de los antecedentes para enviar a alguien a prisión porque podría acarrear las mismas consecuencias para el ladrón que sustrae un cuadro de gran valor que para quien robara una cartera.

Abordar de nuevo esa reforma fallida para garantizar que se persigue al delincuente multireincidente está también entre las demandas de la Confederación Andaluza de Empresarios de la Alimentación y Perfumerías (CAEA) , que consiguió que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Comercio , incluyera la constitución de una mesa específica sobre seguridad dentro del VI Plan de Comercio Interior aprobado en diciembre y que tiene vigencia hasta 2022. Si bien, ya han transcurrido seis meses y la citada mesa aún no ha sido convocada para que eche a andar.

El secretario técnico de CAEA, Álvaro García , detalla que esa reforma legal trasciende las competencias autonómicas, «pero es fundamental que Andalucía la apoye en la conferencia sectorial del comercio» donde están presentes todas las administraciones autonómicas .

A nivel local, el comercio reclama que en esa mesa se establezcan unas líneas de actuación que coordinen el trabajo para ponerle coto a este tipo de delincuencia común que provoca a nivel nacional pérdidas estimadas, según las organizaciones empresariales, de 1.800 millones de euros al año. De esa cifra global, el 18% lo soporta Andalucía y una quinta parte de ese porcentaje andaluz , está vinculado al comercio sevillano.

Entre las líneas de actuación que defiende CAEA está el «aumento de las inspecciones en el mercado negro . La mercancía que se roba acaba mayoritariamente en la venta ambulante no reglada ». El secretario técnico de la confederación empresarial también subraya la necesidad de concienciar al consumidor para que no compre productos de origen ilícito.