El proyecto de techado del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla encuentra su primer escollo

Ese montante se refiere al canon de explotación que, según se detalló durante la reunión, no se abona desde 2007, cuando el equipamiento pasó a manos municipales mediante un convenio firmado con la Sociedad Estatal de Gestión de Activos SA (Agesa). La Delegación municipal de Turismo, Cultura y Hábitat Urbano ha planteado la cancelación del acuerdo, de forma paralela al cambio de titularidad del equipamiento, que actualmente está adscrito al Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (ICAS) y que pasará a la Dirección General de Patrimonio del Consistorio . Sin embargo, el contrato con la mencionada productora viene de antes y cuenta con una vigencia de treinta años.

En todo este tiempo el documento no se ha actualizado, manteniendo las condiciones que regulan esta relación que ahora se ve en peligro. La decisión del Ayuntamiento afecta de forma directa al proyecto de ampliación y reforma del auditorio que el concesionario ha registrado en la Gerencia de Urbanismo y que plantea cubrir el recinto y ganar capacidad para unos 16.000 espectadores, cuadruplicando el aforo actual. Esta iniciativa, que está pendiente del visto bueno de los técnicos, entraría en competencia directa con Sevilla Park , el gran espacio de conciertos que la empresa Octagon S2 y del fondo de inversión americano Orion quieren levantar en los suelos del Batán, frente al muelle de Tablada.

Este desarrollo supone una inversión de más de 400 millones de euros para acondicionar toda la zona, en la que se pretende levantar un centro comercial y un gran auditorio que introduciría a la capital andaluza en el circuito de grandes espectáculos de Europa.

El delegado municipal de Cultura, Turismo y Hábitat Urbano, Antonio Muñoz , se pronunció ayer sobre la decisión asegurando que «hay que depurar las deudas pendientes desde el año 2007 y normalizar la situación». « En números redondos son 2,5 millones de euros los que se le reclama a la empresa , a la que se le ha dado un plazo de quince días para presentar alegaciones. Luego se podrá llegar a un acuerdo en cuanto a las cifras definitivas en base a esas alegaciones que pueda presentar para que continúe con el desarrollo de actividad hasta el año 2032 que es cuando tiene el contrato de alquiler en vigor», continuó Muñoz. En el caso de que no haya ningún tipo de acuerdo, «el no pagar significa extinguir el contrato de alquiler que hay con el Ayuntamiento».

El delegado municipal señaló que la intención es que el Auditorio Rocío Jurado «mantenga la actividad musical, porque entendemos que enriquece la oferta cultural de la ciudad, pero eso tiene que ir en paralelo con la normalización de ese contrato de alquiler que desde 2007 no le reporta al Ayuntamiento ni un solo euro ». Sobre las fórmulas para solventar la situación, Muñoz aseguró que «no habrá una quita de deuda», sino que se analizarán las alegaciones para ver si se puede aplicar una minoración, siempre que esté justificado.

«A mí lo que me gustaría es que la actividad en el Auditorio siga y se pueda hablar de futuro. Eso lo sabe la empresa porque hemos hablado con ellos varias veces y han manifestado el interés de corregir esa situación que no es normal», dijo Muñoz, quien también admitió conocer el proyecto de ampliación del aforo que TCM Visión tiene registrado en Urbanismo. « Me parece tremendamente ambicioso e interesante para la ciudad , ya que podría ofrecer conciertos en otras temporadas del año y reduciría el impacto de ruido que tiene en los vecinos de la calle Torneo, pero hay un paso previo y pasa por solventar esa deuda», zanjó.

El gerente de la empresa TCM Visión Audio, Francisco Bustamante, manifestó su «sorpresa» ante el proceso aprobado en la junta de gobierno local. En declaraciones a ABC admitió haberse enterado de este movimiento por la prensa y señaló que «en los trece años a los que alude la deuda que reclama el consistorio no se ha remitido ni una sola notificación por el canon». En todo caso, aseguró que él mismo ha solicitado «en numerosas ocasiones» la regulación de la situación del Auditorio y de las deudas del Ayuntamiento con la empresa contraídas por la celebración de espectáculos vinculados a festivales como la Bienal de Flamenco .