La prescripción de los hechos salva a los funcionarios de la Diputación por las 'mordidas' de Fitonovo

Este martes ha dado comienzo en la Audiencia Nacional el tercer juicio de la macro investigación que inició la juez Mercedes Alaya hace casi una década por el reparto de comisiones por parte de los dueños y directivos de Fitonovo a funcionarios y políticos a cambio de tales contratos públicos durante al menos 15 años en varias provincias. Mordidas, por cierto, que fueron admitidas por la «cúpula» de Fitonovo en el juicio de la pieza principal que ha terminado este lunes, también en la Audiencia Nacional .

El hecho de que los regalos de Fitonovo alcanzaran a instituciones y organismos de todo el territorio nacional provocó que el caso saltara de los juzgados de Sevilla a la Audiencia Nacional. En este sentido, el juez instructor, José de la Mata, y la Fiscalía apuntan que Fitonovo tenía una red de funcionarios «corruptos».  

Hoy se han sentado en el banquillo de los acusados diez personas: el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso L.I.; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Francisco G.E.; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Nicolás M.C.; el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento Alfonso M.B.; el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos P.L.; el también funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco H.P.; el funcionario jubilado de esta institución Elías O.; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel C.G.; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel G.P. y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez.

Frente a éstos la acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Diputación de Sevilla. La Fiscalía, inicialmente, atribuía delitos de cohecho activo cometido por funcionario público a cada uno de los acusados, reclamando cuatro años de cárcel , multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Pero el inicio de la sesión de este lunes venía con sorpresa. La Fiscalía ha anunciado un acuerdo con siete de los acusados , entre ellos los tres funcionarios que trabajaban en la Diputación de Sevilla. Fuentes del caso han asegurado a ABC de Sevilla que el Ministerio Público, ahora, admite que los hechos están prescritos y por tanto no solicita pena alguna para ellos. El delito de cohecho prescribe a los cinco años de la comisión de los hechos. La pregunta sería por qué la Fiscalía señala la prescripción ahora, lo que podría suponer que salieran indemnes de esta causa.

Según la Fiscalía, Fitonovo abonó a Carlos P.L, en concepto de dádivas o regalos desde el año 2000 al año 2011 por favorecer a dicha sociedad sevillana en la ejecución de los contratos la suma de 111.822 euros, incluyendo algún regalo de telefonía y trabajos realizados en su finca. Asimismo, a Elías O.M. le pagaron desde el año 2003 al 2009 recibió comisiones por importe de 17.221 euros. Dichos pagos son coincidentes con los contratos de construcciones de Puntos Limpios en los municipios de la Luisiana y Pruna en 2006, por importe de 138.000 euros cada uno de ellos, la instalación de varios parques geriátricos en la provincia en 2007 por importe de 180.000 euros y las mismas obras en 2008 por 175.313 euros, así como la restauración del margen fluvial del río Carbones de Cazalla de la Sierra entre 2007 y 2008 por importe de 143.000 euros.

Fitonovo, por último, adquirió en el año 2001 para dicho funcionario un Ford Mondeo para que éste se ahorrara el importe de IVA más el descuento de flota y lo mismo ocurrió con el vehículo de su hijo. un Toyota Corolla. Además, los cabecillas de la trama ordenaron que e Francisco H.L., por facilitar la adjudicación y/o ejecución de contratos como la obra de alcantarillado del parque de María Luisa, recibiera conjuntamente con Elías O. la suma de 25.400 euros desde 2008 a 2010. En 2007, el 14 de diciembre, Francisco Javier H.L. recibió de Fitonovo doce mil euros de comisión. El tribunal tendrá que analizar si los pagos de comisiones están prescritos.

Los otros tres acusados, Francisco G.E., Nicolás M.C. y Cristóbal Pérez no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y por lo que la vista oral se mantiene y no puede producirse una sentencia de conformidad. El tribunal, por tanto, tendrá que pronunciarse sobre la prescripción alegada por la Fiscalía, a la que se ha adherido la Abogacía del Estado, para no solicitar pena alguna contra algunos de los acusados.

Según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, los acusados recibieron comisiones ilegales que iban desde los 67.336 del ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento Alfonso M.B.; hasta los 111.822 euros del que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos P.L.

Los siete investigados beneficiarios del acuerdo entre sus defensas y las acusaciones, a preguntas del tribunal, han admitido dicho pacto, al que se suman sin ningún reparo, como era de esperar.

La acusación ejercida por la Diputación de Sevilla se ha adherido a dicho acuerdo, aunque ha anunciado que va a ampliar, en el momento procesal oportuno (conclusiones definitivas) sus acusaciones contra el funcionario Carlos P.L., agregando al delito de cohecho activo los delitos adicionales de fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos , además de la petición de que el citado funcionario sea condenado a «reintegrar» a la entidad 111.822,61 euros a la Diputación.

En este sentido, la defensa de Carlos P. ha avisado de que los hechos habrían prescrito respecto a su patrocinado y, además, se ha opuesto a esa «nueva calificación» alegando una situación de «indefensión efectiva» , oposición que ha secundado la defensa de los dos restantes funcionarios de la Diputación de Sevilla acusados en este juicio.

Como se ha señalado antes, el juicio continúa porque hay tres acusados cuyas defensas que no han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público. Francisco G.E., Antonio M.C. y Cristóbal Pérez. Los tres han negado haber recibido comisiones o mordidas por favorecer la adjudicación de los contratos a Fitonovo.

El primero, que era jefe de servicio de Planeamiento, Proyecto y Obras Expo 92 de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla. Sigue en su puesto de trabajo, aunque ha reconocido que desde que fue imputado en esta causa no ha realizado trabajo alguno, porque lo tienen sentado en su silla sin hacer nada, lo que le causa «vergüenza» por estar cobrando de los ciudadanos sin trabajar.

Ha insistido en que nunca ha recibido dinero en efectivo de Fitonovo y culpa a uno de los comerciales condenados en la pieza principal de haberle señalado cuando, según este funcionario, este comercial «ha usado mi nombre para engañar a su empresa, sabiendo que Fitonovo se dedicaba a eso». «Soy una víctima» , ha afirmado este acusado.