Las prejubilaciones de oro «descapitalizaron Mercasevilla»

Los empleados abandonaron la empresa en unas condiciones envidiables , muy por encima de lo que establecía la ley antes de la última reforma laboral para los despidos improcedentes (los más caros de asumir para el empresario).

El TSJA recuerda que los expedientes de regulación son una herramienta para ayudar a empresas en crisis y por eso se establecen indemnizaciones por debajo de los despidos sin justificación. El alto tribunal andaluz reconoce que es lícito que trabajadores y empresario pacten mejoras sobre los límites que establece el Estatuto de los Trabajadores (mínimo legal), pero siempre guardando «una proporción» con su situación económica.

No es de recibo, argumenta el tribunal, que se pacten salidas de trabajadores a precio de oro , por encima de lo que marca la ley, cuando la empresa alude a una mala situación económica y «mucho menos como en este caso en el que se pretendía pactar estas indemnizaciones pero no pagarlas, sino que fueran financiadas por la Junta de Andalucía».

El TSJA analiza en una de las demandas el coste que tuvo el expediente de 2007 en la lonja, que resultó ser una operación mucho más gravosa que haber mantenido a la propia plantilla. Así, en el caso de que los 63 trabajadores que finalmente abandonaron la empresa hubieran sido despedidos de manera improcedente, hubiera supuesto un impacto económico de 2,4 millones. Sin embargo, «el coste de las primas de la póliza de seguros, incluidas comisiones, era de más de nueve millones de euros». En 2007, año de ejecución del ERE, la masa salarial (coste total de los salarios de la plantilla) fue de 5,6 millones.

La comparativa por trabajador es aún más llamativa. En caso de uno de los recurrentes, con 25 años de servicio como oficial administrativo, reclamaba a los tribunales 17.132 euros y seguir percibiendo los complementos hasta 2033, después de haber recibido entre 2008 y 2013 más de 80.000 euros. El acuerdo que firmó contemplaba una prima de la póliza de seguro de 156.559,56 euros más el 20,03% de comisiones para los mediadores.

La sentencia que desestima su recurso recuerda que en caso de haber sido despedido de manera injustificada y de tener derecho así a la indemnización más alta que establecía la ley de entonces (45 días por año trabajo con un tope de 42 mensualidades), a la empresa le hubiera costado 69.437 euros. Pese a todo, «es claro que ha percibido con exceso la cantidad que le hubiera correspondido»; de ahí que se desestime sus peticiones.

El TSJA también utiliza como argumento para tumbar las pretensiones de los trabajadores que el ERE está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla porque existen claros indicios de delito.

Pero en lo que se refiere a la jurisdicción social que es su competencia, los magistrados concluyen que fue un expediente que «constituyó un auténtico abuso de derecho y un fraude de ley » porque su coste tan elevado acabó por descapitalizar a la empresa: «Superó con mucho los recursos económicos de la misma» y además, incide la sentencia, puso «en peligro la viabilidad» de la lonja porque tuvo que asumir nuevas deudas.

El ERE de 2007 sucedió a uno anterior que en 2003 supuso la salida de 74 trabajadores de una plantilla compuesta por 184 empleados. Cuatro años después y a pesar del primer tijeretazo en personal, en Mercasevilla trabajaban 176 personas, prácticamente el mismo número que antes de ejecutarse el primer expediente. Se despidió a precio de oro y con dinero público para volver a contratar.