Política municipal
Una vía política y otra judicial contra Cabrera por la actuación de la Policía en el bar del incidente
PP y Vox reclaman datos sobre la «utilización de la Policía Local» para un asunto privado
La oposición quiere saber si el concejal llamó al jefe policial para la inspección del restaurante
Los dos partidos conservadores de la Corporación municipal sevillana, PP y Vox, han hecho causa política con el incidente de Juan Carlos Cabrera del 6 de enero en el bar El Principico. Unos, los populares, por la vertiente estrictamente política en la batalla municipal. ... Otros, el partido con menor representación en la Plaza Nueva, por la vía judicial, con una denuncia en los juzgados que ya ha sido admitida a trámite. En ambos casos, eso sí, el enfoque es el mismo: la discusión entre la familia del teniente de alcalde, el propio Cabrera y los encargados del local es secundaria, accesoria, y lo esencial es que minutos después apareciesen en el mismo varias patrullas de la Policía Local, cuyo jefe es el propio concejal implicado en la discusión originada por el número de comensales que podían y debían sentarse en la mesa reservada. Esto es, el uso de medios públicos para un asunto estrictamente privado del edil socialista. ¿Llamó Cabrera a los jefes policiales? ¿Por qué llegaron varias patrullas? ¿Por qué realizaron tan exhaustiva inspección, que les llevó a permanecer en el restaurante hasta que éste cerró?
El grupo del PP ha incidido en esa cuestión del uso de los medios públicos y llevó al pasado pleno una batería de preguntas que ni siquiera pudieran debatirse al descartarlas del orden del día el gobierno local con el voto de calidad del alcalde. Justificándose en que el propio Cabrera estaba ausente de la sesión por haberse contagiado de Covid. Los populares han elevado al alcalde las preguntas que esperaban dirigir a Cabrera para que esclarezca si el mismo incurrió en un «abuso de poder», de hecho, quejándose de la «actitud bloqueadora del alcalde, que esconde la confirmación de que existió abuso de poder», según el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, quien considera que se trata de «un asunto muy grave» por el que solicitan la comparecencia del concejal. Entre otras cuestiones, para que responda si él llamó «directamente» al jefe de la Policía Local, si lo hizo identificándose como teniente de alcalde, cuanto tiempo tardaron los efectivos en trasladarse al lugar de los hechos desde la llamada, cuántos efectivos se desplazaron o si es «habitual que se desplace el jefe que se encuentra al frente del servicio para hechos supuestamente derivados por de un libro de reclamaciones», entre otros aspectos.
Vox , por su lado, denunció el asunto directamente en los juzgados pues considera que existe prevaricación y coacciones, realizando una colecta entre simpatizantes de 1.600 euros que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como requisito formal para poder personarse como «acción popular». En el auto de admisión a trámite, el titular del juzgado declara que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que el tribunal de justicia abre diligencias contra la mano derecha del alcalde por la comisión de unos presuntos delitos de coacciones, prevaricación, delito de odio y desorden público.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete