Dos nuevas fiscales para investigar las «macrocausas» en Sevilla

De este modo, las dos nuevas fiscales delegadas nombradas por Anticorrupción son Nazaret Salguero y María José Sánchez , que reforzarán este departamento cuando faltan menos de dos meses para que comience el juicio de los ERE contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.

Precisamente, y con motivo de los dos nuevos nombramientos, este pasado viernes se desplazó hasta la Fiscalía de Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón , han añadido las fuentes consultadas por Europa Press, que han precisado que, inicialmente, a las dos nuevas fiscales delegadas se les han asignado ya varias piezas por las presuntas irregularidades en Invercaria.

El último nombramiento de estas características tuvo lugar en abril del pasado año 2016, cuando la Fiscalía Anticorrupción designó a Francisco José Sánchez Mellado como cuarto fiscal delegado en Sevilla.

Sánchez Mellado, cabe recordarlo, asumió la causa por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de IDEA y la causa donde se investiga la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta, realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013.

La investigación por las supuestas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA la instruye la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , mientras que la relativa a los fondos Jeremie está siendo investigada por la magistrada de Instrucción número 5 de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con otros tres fiscales delegados en Sevilla, como son Juan Enrique Egocheaga, Manuel Fernández Guerra y Fernando Soto.

Los dos primeros se encargan fundamentalmente del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía , mientras que Fernando Soto fue asignado para causas como las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía o el supuesto fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT-A mediante facturas falsas.