No hay jueces en Sevilla para tanta macrocausa

Por el momento sólo hay fecha para el inicio, a partir del 15 de enero del próximo año 2019 del juicio del delito societario de Mercasevilla (una de las tramas que se desgajó del asunto inicial de los ERE) en la sección IV de la Audiencia . Será un juicio que durará casi tres meses ya que se ha fijado como fecha de finalización el 31 de marzo. Del resto de procedimientos de ese tipo, algunos de los cuales van camino de cumplir los nueve años desde que comenzó la instrucción, no se sabe cuando podrán ser finalmente juzgadas.

Según fuentes judiciales, actualmente en la Audiencia de Sevilla (en las cuatro secciones penales) hay trece macrocausas que ya están calificadas por la Fiscalía Anticorrupción, con auto de apertura de juicio oral y pendientes únicamente de señalamiento . Es decir, se trata de grandes procedimientos (todos ellos de corrupción en los que está implicada la Junta de Andalucía) en los que la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado un escrito de acusación solicitando las penas que considera convenientes en función de los delitos, se ha dictado auto de apertura de juicio oral y sólo falta que la sección en la que han correspondido fije la fecha del juicio.

Entonces ¿por qué no se fija ya la fecha de esas vistas orales que estaba previsto que tuvieran lugar durante el año 2019? Básicamente porque la avalancha de estos macrojuicios ha desbordado de tal manera a la Audiencia Provincial de Sevilla que no hay personal ni medios para hacerles frente. Y más teniendo en cuenta que una de las secciones, la primera, lleva ya casi un año celebrando el de la pieza política de los ERE, lo que ha tenido importantes consecuencias en esa sala donde Juan Antonio Calle y otras dos juezas tuvieron que ser eximidas del resto del reparto de asuntos ordinario para dedicarse a la «trama política» de los ERE.

La solución que dio el Tribunal Superior de Justicia para la sala fue habilitar una comisión de servicio con dos jueces más que permanecieran de refuerzo en esta sala mientras durara el juicio. Esos jueces (en principio iban a ser tres, pero finalmente el refuerzo se redujo a dos por indicación del TSJA) debían ocuparse junto con los otros magistrados de la sala del resto de asuntos ordinarios y el resto de macrocausas que había en la sala. Para evitar que el macrojuicio provocara un atasco.

La idea era que, cuando acabase el juicio de los ERE, esos refuerzos fueran rotando por las distintas secciones en función de las necesidades pero todo indica que será insuficiente para hacer frente a lo que se les viene encima. «No descarto pedir más refuerzos» , admitía el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, en declaraciones a ABC. Yde hecho, así ha ocurrido.

Con todo, la celebración durante todo este año del juicio de los ERE ha impedido señalar el resto de juicios de corrupción. Las causas que han motivado esta demora son varias. En primer lugar, la falta de jueces suficientes ya que , las macrocausas están repartidas por las cuatro secciones penales y donde comience uno de esos juicios, necesitarán dedicarle atención exclusiva y varios meses. De hecho, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción estiman que la media de duración de cada uno de esos juicios rondará los tres meses.

A ello se une el componente de que, aunque el juicio haya terminado, tanto Juan Antonio Calle (el magistrado ponente de los ERE) como sus compañeros necesitarán varios meses para dictar la sentencia con lo que seguirán exentos del resto del reparto. Algo que ocurrirá igualmente con los jueces a los que le toque enjuiciar otras macrocausas una vez que terminen.

El presidente de la Audiencia, Damián Alvarez, se reunió hace unos días con los presidentes de las cuatro secciones penales (todas ellas desbordadas) para trata el tema de las macrocausas que se les vienen encima y para las que no tienen personal suficiente. Tras esa reunión se llevó a la sala de gobierno delTSJA la petición de refuerzos. Concretamente se pidió un Juez de Adscripción Territorial (JAT) para que permanezca de apoyo en la sección IVa partir del mes de enero cuando comience la vista oral del delito societario. Sin embargo esa petición no entró en el orden del día de la reunión del pasado martes.

Tampoco andan demasiado largos de personal en la Fiscalía Anticorrupción ya que actualmente hay cuatro fiscales que se dedican a estos menesteres. Dos de ellos están aún con el juicio de la trama política de los ERE . Con ello habrá que cuadrar también las agendas de los representantes del Ministerio Público que no podrán estar en dos juicios a la vez.

Otro problema añadido es el del espacio, ya que en la Audiencia Provincial de Sevilla sólo hay una sala de vistas, ubicada en la planta cuarta del edificio, con las dimensiones necesarias para celebrar este tipo de juicios en los que hay numerosos procesados con sus respectivos abogados . Por tanto, la única solución pasa por establecer turnos para usar esa sala o echar mano de otra, aunque sea algo más pequeña.

A ello hay que añadir que los imputados son comunes en algunos de estos macrojuicios ya que hay algunos, como el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, o el que fuera presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, que están procesados en varias tramas y, por tanto, tendrán que sentarse varias veces en el banquillo de los acusados. Y lo mismo le ocurre a algunos abogados de las defensas. Como ninguno tiene el don de la ubicuidad, los señalamientos de esos juicios en los que hay imputados comunes no pueden coincidir. Tendrán que celebrarse uno detrás de otro.

Con todo, pese a que la mayoría de estos procedimientos (salvo los que están pendientes de que se resuelvan los recursos) llevan meses a la espera de fecha en la Audiencia de Sevilla se da por hecho que no se podrán celebrar todos el próximo año. Muchos de los tendrán que esperar al menos hasta el año 2020.

Eso sin contar que se está ralentizando todo el trabajo de las salas penales, cuyos magistrados llevan meses advirtiendo de la sobrecarga de trabajo que soportan. De hecho se han manifestado, han enviado numerosas cartas al Consejo General del Poder Judicial e incluso han denunciado la situación de estrés que soportan con cargas muy superiores a los módulos de asuntos por órgano que establece el propio CGPJ. Hasta ahora, sus peticiones no han tenido respuesta. Lo que supone que, como ha advertido el presidente de la Audiencia, los juicios de corrupción tendrán que esperar.