La mafia de la marihuana se hace con el control de las viviendas públicas de Las Vegas

Los nueve trabajadores que conforman esta oficina de AVRA para el Polígono Sur temen regresar a sus puestos de trabajo de manera física en esas nuevas instalaciones sin que se active un protocolo de seguridad. Aseguran que así se lo prometieron la dirección y gerencia de la agencia cuando la situación se recrudeció a finales del año pasado y la anterior sucursal tuvo que cerrar. Estos trabajadores sufrieron varios asaltos en las instalaciones por parte de usuarios afectados por los cortes de luz.

«Las plantaciones de marihuana y las mafias que las controlan han dinamitado por completo el barrio. Nuestra oficina llevaba años funcionando allí y la situación se ha vuelto insostenible. Los cortes de luz afectan sobre todo en las épocas de frío y de calor y es cuando se acercaban a nuestras instalaciones grupos organizados de vecinos a increparnos. Es necesaria una intervención integral, profunda y que compete a varias administraciones en Martínez Montañés . No pueden dejar solos a nueve empleados que tienen que visitar los pisos que controlan esas mafias armados con un boli y una carpetita«.

Marta Raya es delegada de COOO en la agencia pública y una de las empleadas afectadas. Su testimonio como el de sus compañeros dibujan un panorama desolador en la zona más deteriorada del Polígono Sur: la barriada Martínez Montañés, también conocida por Las Vegas. Ellos se encargan de tramitar los alquileres sociales, ejercen de administradores de fincas y de verificar que estas viviendas públicas estén legalmente ocupadas. Sin embargo, con el auge de la producción de marihuana, su trabajo se ha complicado hasta el punto de que entrar en cualquier bloque de pisos y llamar a la puerta se ha vuelto una actividad de altísimo riesgo si no se va acompañado de la Policía.

«Uno no se puede acostumbrar a que te digan que tengas cuidado porque se puede escapar un tiro ; o que van a ir a por tus hijos cuando salgan del colegio o que saben cuál es tu coche y que te lo van a destrozar. No podemos ir a diario con terror a nuestros puestos de trabajo«. Marta confiesa lo que es una realidad a voces y que ninguna administración quiere admitir: no hay control alguno sobre ese parque de viviendas públicas. Y ahora está en manos de los productores de marihuana , que no son vecinos modestos que tratan de buscarse la vida sino organizaciones con el suficiente poder para ir expulsando a los residentes.

«Hemos ido a recuperar viviendas que habían sido ocupadas ilegalmente y nos hemos encontrado con un piso repleto de macetas de marihuana . Y la familia adjudicataria ha renunciado a ese mismo piso a los pocos días porque les exigían el pago de 50.000 euros por haber perdido la cosecha. Las renuncias a acceder a una vivienda en Las Vegas se producen constantemente. Ya nadie quiere vivir allí y esas familias que renuncian no tienen alternativas en otros barrios porque en esta ciudad faltan viviendas sociales«.

El diagnóstico que hace la delegada sindical es demoledor y sitúa el punto de inflexión en el confinamiento . «Las mafias aprovecharon que muchas familias que se dedican a la venta ambulante dejaron de tener ingresos y les presionaron para que metieran plantas en sus casas. A partir de ahí han tejido una red que ya se ha hecho con el control del barrio«. Estos trabajadores están en contacto directo con la realidad que se vive en la calle. De esa manera saben que estas organizaciones delictivas pagan 20.000 euros a las familias para que abandonen sus casas. »En uno de los últimos pisos que ardió por sobrecarga de la red, en ese bloque sólo había cuatro familias residiendo, el resto eran invernaderos de marihuana«.

Junto a ella, la secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Mª Paz Vargas , que denuncia el doble discurso de las administraciones porque «por un lado defienden la presencia de lo público en el barrio, que estemos allí para mejorar las condiciones de los vecinos pero no ponen los medios. No puede ser a costa de poner en riesgo a estos trabajadores».

La plantilla de AVRA exige que al igual que otros empleados públicos con funciones delicadas como los trabajadores sociales que tienen que retirar menores en virtud de órdenes judiciales, vayan siempre acompañados por la Policía desde el principio hasta el final. A día de hoy, esa escolta sólo se produce si hay efectivos policiales suficientes. Y dudan de que la nueva sede sea más segura que la anterior, aunque esté más alejada de Martínez Montañés y disponga de un botón del pánico. «En el otro sitio teníamos una valla, que se la saltaron varias veces. Éramos nueve y un vigilante de seguridad. Ahora vamos a estar en un bajo a pie de calle y dos solos».