El Juzgado Mercantil advierte de que ya no puede atender más suspensiones de pagos
El Juzgado Mercantil de Sevilla ha advertido al decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, de los graves retrasos que se están produciendo en la tramitación de concursos de acreedores (antes suspensiones de pagos y quiebras) debido a la sobrecarga de trabajo del citado organismo. El decano ha anunciado que pedirá una vez más la creación de un segundo juzgado Mercantil en 2009, ya que el actual debería estar recibiendo 300 asuntos anuales y terminará 2008 con cerca de un millar entre suspensiones de pago y otros asuntos de su competencia. Ciudades equiparables a Sevilla, como Valencia o Bilbao, cuentan con dos juzgados mercantiles.
¿Quiénes son los principales perjudicados de esta situación? En primer lugar, las empresas que acuden al Juzgado Mercantil para intentar salvar una difícil situación económica y ven cómo su expedientes se eternizan, poniéndose en riesgo la continuidad de la compañía. En segundo lugar, los funcionarios del juzgado, muchos de los cuales no soportan la tensión y terminan pidiendo el traslado.
Fuentes judiciales explicaron la desesperación con que llegan muchas empresas pidiendo «urgencia» en la tramitación de sus concursos de acreedores. En las actuales circunstancias, el juzgado no sólo no puede prometer urgencia, sino que no puede cumplir los plazos previstos en la actual Ley Concursal. El procedimiento concursal termina durando más de lo deseado y en el 98% de los casos acaba en liquidación de la propia empresa por falta de acuerdo en la junta judicial de acreedores.
En 2004, fecha de creación del Juzgado Mercantil de Sevilla, recibió tres solicitudes de concursos de acreedores. En 2007 esa cifra se disparó hasta los 34. Sin embargo, todas las alarmas han saltado en 2008 porque en los primeros nueves meses el Juzgado ha recibido 81 solicitudes de concursos de acreedores y la previsión es que se supere el centenar a final de año, lo que supondría un crecimiento del 400%.
En la actualidad, el Juzgado Mercantil tramita 115 concursos de acreedores y tiene pendientes de declarar otros 17. Pero el ámbito de las competencias de ese juzgado es muy amplio y atiende otras materias, como impugnaciones de acuerdos sociales, convocatorias de juntas de accionistas, temas marítimos, propiedad intelectual o competencia desleal, entre otros. De hecho, de enero a septiembre, el Juzgado Mercantil ha recibido 625 asuntos, más del doble de lo previsto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juan Pedro Dueñas, secretario del Juzgado Mercantil de Sevilla, prevé que a final de año se alcance el millar de asuntos, lo que supondría triplicar lo previsto por el CGPJ. Así las cosas, Dueñas sentencia: «Es imposible cumplir los plazos que estipula la Ley Concursal , ya que no se comunican los créditos en tiempo, se hacen tarde las publicaciones y los administradores concursales no pueden hacer sus informes en el plazo reglamentario».
El Juzgado Mercantil cuenta con cuatro oficiales (uno de baja desde hace tres meses, sin que se haya cubierto la plaza por parte de la Junta), tres auxiliares y un agente judicial. De esos ocho funcionarios, tres corresponden al refuerzo que aprobó la Junta en noviembre de 2007. La solución para ese Juzgado no radica, según fuentes del propio organismo, en aumentar su plantilla, ya que el juez será siempre un cuello de botella, puesto que tiene una capacidad limitada a la hora de dictar resoluciones.
El aumento de solicitudes de concursos de acreedores en un espacio tan corto de tiempo ha colapsado la agenda del Juzgado Mercantil con señalamientos de juicios para septiembre de 2009, cuando la Ley dice que deberían celebrarse en el plazo de diez días. De igual modo, la sobrecarga de trabajo está haciendo trabajar al límite a su personal y evidenciando que sus medios materiales claramente insuficientes. Es tal la avalancha de concursos de acreedores —algunos de ellos, como el de Contsa, con 1.600 inversionistas afectados— que algunos días se han registrado en los pasillos de la sexta planta del edificio Viapol colas de abogados, procuradores, administradores y acreedores para poder entrar en ese juzgado.
Como el secretario judicial (fedatario público) no tiene firma electrónica ni los funcionarios cuentan con correo electrónico protegido, las comunicaciones oficiales se realizan en papel, así como la entrega de documentación, lo que alarga los plazos y consume mucho papel. Algunas veces hay cola en la única fotocopiadora del juzgado y, como los funcionarios tienen prioridad, los administradores judiciales tienen que esperar y eso que algunos se pasan hasta diez días haciendo fotocopias. «Vivimos situaciones kafkianas, como quedarnos a menudo sin papel para la fotocopiadora y tener que pedirlo prestado a otro juzgado», explicaron fuentes del juzgado.
Para facilitar la tarea de administradores y abogados, el Juzgado ofrece algunas veces documentación en CD, pero esa comunicación no tiene validez procedimental.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete