El juez del caso Marismas pide las 15 ofertas presentadas al concurso «amañado»

La Junta de Andalucía aprobó en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros con cargo a los fondos europeos para un proyecto de modernización de las canalizaciones de la margen izquierda del río entre Dos Hermanas y Lebrija . El coste de esta actuación estaba cifrado en 66 millones. Entonces, se estableció que el dinero restante sería aportado por la comunidad de regantes, pero sin llegarse a comprobar su solvencia o dicho de otro modo, la iniciativa se licitó sin que la ejecución de la obra estuviese garantizada.

En la investigación consta documentación que refleja que sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron se llevaron a cabo. El destino del otro 30 es una incógnita . De hecho, la Guardia Civil cifra el fraude en la justificación de 40 millones de los fondos europeos destinados a la construcción de nuevas canalizaciones en las Marismas. En 2008 se celebró el concurso de adjudicación de dicho proyecto. En una primera baremación ganó la propuesta presentada por una UTE conformada por Teconas , una empresa nacional, y Meci y Tegner , dos sociedades de la zona, que presentó la oferta más cara de las doce que concursaron, pero la mesa de contratación cambió los criterios y esta UTE se situó de repente como ganadora. En ella participaban los empresarios locales Manuel Moreno , cónsul honorario de Turquía en Sevilla, y Antonio Navarro «El Murciano».

Sin embargo, el mismo día en que se produjo la adjudicación alguien de la Junta de Andalucía llamó a los responsables de la mesa de contratación para indicarles que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y ordenaron repetirlo. Según la Guardia Civil, el que fuera presidente de la Comunidad de Regantes, Diego García , que ayer se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, recibió una llamada esa noche en la que se le instó a dar por ganadora a la UTE Befesa-Alpi , que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Pero había una condición, la empresa ganadora debía aceptar subcontratar a los empresarios locales si quería hacerse con el concurso. Y esta petición fue realizada ante notario. Varios testigos de este presunto amaño del concurso público apuntan a Sánchez Teruel como la persona que dio aquellas instrucciones. Por eso el juez acordó citar como investigados tanto a los miembros de Befesa como al socialista para esclarecer estos hechos.

Para esclarecer lo que hay detrás de este supuesto «amaño» en el concurso público, el instructor ha solicitado a la Comunidad de Regantes toda la documentación referida a las 15 ofertas de las empresas que presentaron sus propuestas.

Además, el juez quiere que los regantes informen si, en dicho proceso de licitación, algunas de las 14 empresas que no ganaron dicho procedimiento presentaron recurso alguno o escrito de alegaciones, sobre todo, contra la selección de las cinco mejores ofertas según el informe elaborado por el comité de evaluación y contra la pre-adjudicación a favor de Befesa, a la que finalmente se concedió el proyecto.

Del mismo modo, el juez requiere a los peritos para que con carácter urgente aporten el informe pericial encargado en su día. Las partes llevan esperando años este informe por su relevancia para el esclarecimiento de los hechos, pero de momento tendrán que esperar, al menos, hasta final de este año, según señalan fuentes del caso a ABC.

De forma paralela, el juez inició ayer una ronda de declaraciones a más de 25 investigados y que se prolongarán durante quince días. Entre los acusados en esta causa se encuentran José Luis Sánchez Teruel , parlamentario andaluz, secretario de organización del PSOE de Almería y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta, que es aforado y su interrogatorio, a petición del instructor, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.