¿Le gustaría que le atendiera una médica con un burka?

Concretamente le piden a Ángel Villarreal que retire todos los objetos que puedan vulnerar la legislación vigente y que «los custodie hasta que se les entregue al profesional que los colocó», algo a lo que él se ha negado.

La decisión ha sido confirmada por la directora del centro, María del Mar Sánchez Calle, y se ha tomado a raíz de una reclamación de un usuario al Observatorio del Laicismo quejándose de que había visto un crucifijo en la pared de una sala.

Gran parte del personal está indignado y no sólo porque no puedan manifestar sus sentimientos religiosos y exponer los detalles que les llevan los pacientes, como por ejemplo, estampas de santos, sino por el efecto inmediato de esta queja, en contraposición al caso omiso que se hacen a otras relativas a la masificación, a la falta de sustitución de las bajas, listas de espera, o averías en elementos tan imprescindibles para los usuarios como el ascensor, según destaca el médico de Familia, Antonio Leal.

Sánchez Calle confirma que los citados elementos serán retirados estén colgados de la pared,o en la mesa del trabajador cuando esté atendiendo al paciente porque «estamos en un Estado aconfesional y laico y como tal, en los espacios públicos no puede haber referencia alguna a la religión».

«Es como si una médica le atiende a usted con un burka », ejemplificó la directora del ambulatorio.

A la pregunta de por qué entonces en otros hospitales hay estos elementos e, incluso, el nombre de los tres públicos que hay en Sevilla son de advocaciones de vírgenes, contestó «yo no entro ni salgo en esa cuestión porque solo me limito a lo que pasa en el centro que dirijo».

José Luis Escañuela Romana , designado como abogado por varios facultativos del centro que se oponen a la medida le ha dirigido una carta a la directora en la que le reprocha que haya tomado esta decisión un Lunes Santo y le advierte de que su actuación podría constituir un presunto delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.

El letrado se basa en sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que garantizan un «un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual» e invoca también el artículo 16.3 de las Constitución española que alude al respeto a esas mismas creencias mayoritarias, sin que la explicitación de símbolos religiosos supongan fractura del principio de Estado aconfesional regulado en la norma suprema de este país.

Escañuela alega también en la carta que la cuestión religiosa no sólo garantiza la libertad individual, sino que también preserva la colectiva, quedando garantizada en sus manifestaciones, siempre que no se afecte el orden publico protegido por la Ley, esto es la laicidad positiva que han de preservar las funciones religiosas y estatales, en el sentido establecido por la sentencia del TC 101/2014.

También refiere, como expresa el TC, que «todo signo identitario es el resultado de una convención social» y recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2011,— caso Lautsi y otros contra Italia — que ha juzgado sobre la presencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas negando que por sí sola tenga el carácter de violación de derechos.

El abogado asegura en la carta que los médicos han sido «amenazados» si no quitan los símbolos y que del escrito del Observatorio no se ha dado trasladado a los profesionales con lo que se vulnera la libertad de conciencia de los médicos.

Los hechos los ha puesto en conocimiento del arzobispo de Sevilla.

Al disgusto del medico de Familia Antonio Leal de no haber salido este año en Santa Marta por el mal tiempo se une ahora el impedimiento que le ponen para ubicar encima de su mesa, cuando empieza la consulta, un crucifijo o poner a la vista estampas de santos que les llevan los mismos usuarios.

«Eso sí importa, pero no importa que haya un médico más de 10 meses de baja sin sustituir , que nos hayamos llevado dos meses sin ascensor o que casi todos los lunes se averie el sistema toda la mañana y estemos sin ordenadores, por no citar las listas de espera», dice.

Ya lo expedientaron por no no dar metadona a un usuario y ahora también se espera lo peor. Porque el celador Ángel Villarreal se ha negado a entrar en las consultas y quitar los elementos religiosos tal y como le han solicitado en una carta sin firmar en la Unidad de Atención Ciudadana.