Los funcionarios de la Diputación de Sevilla «comprados» por Fitonovo se enfrentan a cuatro años de cárcel

La Audiencia Nacional ya tiene fecha de juicio para la tercera de las siete piezas separadas del también conocido como 'caso Madeja'. La primera, que ya cuenta con sentencia condenatoria , fue la de 'Administraciones Autonómicas e Insulares ', que abarcó actuaciones en las que intervino Fitonovo en las Islas Canarias, Extremadura y Andalucía, en las zonas de Sevilla y Huelva. El segundo juicio comenzará en noviembre y es la pieza principal , que sentará en el banquillo a 33 acusados, entre ellos el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro, y los directivos Andrés Brugueras Foye, director comercial, y Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección y persona de confianz de González Palomo, controlaba la caja B.

La tercera vista oral es la que afecta a las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén , al Ayuntamiento de La Carolina y las delegación territoriales del Ministerio de Fomento en Cádiz, Huelva y Andalucía Occidental. El juicio dará comienzo el 1 de marzo de 2022 y se prolongará, al menos, hasta el día 29 del mismo mes.

El 'caso Madeja' tiene su origen en la investigación que inició la juez Mercedes Alaya sobre el patrimonio de uno de los imputados en el caso Mercasevilla , el socialista Domingo Enrique Castaño. La Guardia Civil descubrió que los bienes de este cargo del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín se habían multiplicado muy por encima de sus ingresos gracias a una empresa especializada en jardinería y otros servicios, Fitonovo. Le había comprado un coche de alta gama y rehabilitado una casa . En 2013 la juez abría las diligencias del 'caso Madeja'.

Según la Fiscalía y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional , el tiempo en el que extendieron las prácticas de corrupción , desde 1995 hasta 2013 , el ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados llevan a concluir que las prácticas delictivas de Fitonovo para obtener de manera fraudulenta contratos y adjudicaciones eran un elemento «nuclear» de la actividad de la empresa, hasta el punto de que la propia empresa pudo ser « un velo societario de dicha actividad criminal ».

La entrega de comisiones a funcionarios, como los de la Diputación de Sevilla, y políticos se prolongó durante al menos quince años y las redes de Fitonovo alcanzaron administraciones estatales, autonómicas y locales de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias .

Según el auto de procesamiento en esta pieza firmado por el juez José de la Mata, los dueños y la dirección de la empresa sevillana creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares . Los comerciales de la sociedad tenían una red de contactos con funcionarios «corruptos» que les facilitaban dicha contratación, así como una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa con un gran número de proveedores para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos .

También existía una trama societaria que se ocupó de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, ocasionando un perjuicio a las sociedades que de forma legal pretendían participar en la contratación pública pero nunca ganaban porque partían «en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama».

Entre estos funcionarios presuntamente «corruptos» y acusados de recibir dádivas, regalos y mordidas por parte de Fitonovo para que le adjudicasen contratos públicos están tres altos cargos de la Diputación de Sevilla .

Así, los directivos de la empresa sevillana habrían abonado al ingeniero jefe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla, Carlos P.L., desde el año 2000 al año 2011 por favorecer a Fitonovo en la ejecución de los contratos, ya fuera en la realización de menos metros de tratamiento y desbroces realizados o en los distintos medios empleados, la suma de 111.822 euros, incluyendo algún regalo de telefónica y trabajos realizados en su finca.

En el caso de este funcionario, la Fiscalía señala que recibió una comisión con dinero público de la propia Diputación, pues Fitonovo engordó la facturación de tareas de desbroces y tratamientos para que la diferencia entre la facturación falseada y la real fuera a parar al funcionario.

Asimismo, los directivos investigados ordenarían el pago al ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura municipal de la Diputación de Sevilla Elías O.M. por haber favorecido indiciariamente a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos. Desde el año 2003 al 2009 habría recibido comisiones por importe de 17.221 euros. Pero en este caso fue más allá y la empresa le regaló un Ford Mondeo y otro coche a su hijo .

El ingeniero de Obra Civil Francisco Javier H.L., por facilitar la adjudicación y/o ejecución de contratos como la obra de alcantarillado del parque de María Luisa , hubiese cobrado, junto a Elías O., 25.400 euros desde 2008 a 2010. En 2007, el 14 de diciembre, Fitonovo le entregó a Francisco Javier H., en concepto de ilícita comisión, la suma de 12.000 euros.

Pero también encontraban connivencia con empresas del sector para repartirse el mercado. El fraude no sólo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato. En esta pieza separada fueron procesados doce personas, entre ellos el exalcalde del PP de La Carolina, Francisco José Gallarín, pero la Fiscalía no lo acusa.

Para el juez instructor, los hechos descritos anteriormente constituyen delitos de cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación . En los cuatro aparece la figura del funcionario Carlos P.L..

Sin embargo, la Fiscalía , con respecto a los tres funcionarios de la Diputación de Sevilla, señala en su escrito de calificación que son presuntos autores de un delito de cohecho únicamente, por el que les pide cuatro años de cárcel , multa de 20 meses con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación durante siete años para empleo público y la devolución de las dádivas y mordidas recibidas.