Un funcionario de la Junta de Andalucía alertó del fraude de las marismas

En su informe, el jefe de Regadíos explica que «el pago de la parte de la subvención correspondiente a las certificaciones 38 y 39 no ha resultado suficientemente acreditado ». Según su estudio, la Consejería abonó una subvención por importe de 12,2 millones de euros, pero las obras realmente ejecutadas sólo sumaban 7,6 millones, por lo que se produjo un desvío de más de cuatro millones.

El funcionario explicaba también que en aquel momento las obras estaban paradas y que el plazo terminaba el 23 de noviembre de 2010. «Si las obras no se llegaran a terminar se produciría un incumplimiento de la finalidad y objeto de la ayuda y de las condiciones impuestas en la resolución de la concesión, por lo que se deberían reintegrar todo los importes concedidos en forma de subvención», aclara. E insiste en que « se ha producido un pago indebido del importe de subvención ya que el beneficiario no ha justificado adecuadamente el pago material». El informe entra en detalles: «Durante el control sobre el terreno se han detectado unidades de obra que, habiendo sido incluidas en las certificaciones de obra, no se habían ejecutado y que por lo tanto no pueden considerarse subvencionables ». En ese estudio el funcionario explica que «sólo hay una desviación del 1,48 por ciento», aunque los informes posteriores de la Guardia Civil y de la empresa Ayesa han elevado la cifra considerablemente. En todo caso, el jefe de Regadíos de la Consejería de Agricultura ya alertó de la situación y dejó escrito en su informe que se había procedido a iniciar expediente de reintegro de la subvención , pero la devolución nunca se llevó a cabo.

Actualmente hay cuatro responsables políticos de la Consejería de aquella época investigados, entre ellos el diputado socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel .