Fiscal de Vigilancia Penitenciaria: «Porque un señor haga una barbaridad, no está perdido para toda la vida»

—¿Se os puede comparar con un «Defensor del penado»?

—Efectivamente, lo que intentamos es que se cumpla ley. No obstante, el grado de cumplimiento en las cárceles de Sevilla es elevado. Los equipos directivos son bastantes respetuosos. Pero en un centro de penitenciario, con mil internos en Sevilla I y otros tantos en Morón, es lógico que se adopten expedientes disciplinarios o medios coercitivos, facultad que ostenta la dirección de cada centro, frente a los internos que rompe el buen orden dentro, tienen objetos prohibidos o sustancias tóxicas. El preso puede recurrir al juzgado y nosotros lo analizamos. Si tiene razón, para eso está el control judicial. Cada juzgado instruye al año 5.000 expedientes. El sistema funciona bastante bien, aunque la situación es compleja porque son personas privadas de libertad y existen problemas de convivencia. No todo es un jardín de rosas con mil presos dentro. También es satisfactorio el grado de reconocimiento de la población reclusa de la labor de los dos juzgados y de los fiscales.

—¿Cuál es el papel de una cárcel?

—La Constitución obliga a que el cumplimiento de las penas siempre tenga o intente tener una función de reinserción social. Pero quien incumpla la ley debe ser castigado. Esto, en contra de lo que se puede pensar, es un valor generalmente asumido por la mayoría de los internos. «Sé que cometí el delito y estoy bien condenado», es lo que suelen decir los reclusos. No tendría sentido cumplir el castigo sin más, pues la propia Constitución expone que todo el esfuerzo de la prisión debe ir orientada a reinserción social, para que cuando acabe la pena tenga una opción de volver a vivir en sociedad, habiendo minimizado el riesgo de cometer nuevos delitos. Algunos vuelves a cometer delitos, sin duda, pero no depende del trabajo que se hace en prisión, que es bueno, sino de otras circunstancias sociales y culturales que se escapa a la cárcel. Vuelven al lugar donde cometieron el delito, con la misma compañía, ambiente social, cultural y económico. Y vuelven a cometer delitos. Otros muchos salen y no vuelven a delinquir.

Nuestra obligación por mandato de la Constitución es intentar ofrecer otra oportunidad a estas personas. El sistema de oportunidad única significaría que la comisión de un delito supondría la muerte de esa persona, y eso no puede ser. Cualquier que piense lo contrario, lo invitaría a que viniera a una prisión a entrevistarse con un interno. A veces oigo comentarios sobre lo que tiene que ser una prisión y es algo parecido a meter al recluso en su celda y tirar la llave al río. Si esta persona me acompañara a la prisión no pensaba igual.

—Y para alcanzar esa reinserción...

—Es muy difícil porque las personas presas parten de circunstancias muy adversas. La drogadicción es un problema que se da en número muy elevado de internos y está detrás del origen de muchos delitos. Hay que intentar sacar a esa persona del problema con la droga, que también entra en las prisiones. Hay cursos de prevención de recaídas, unidades de tratamiento específico para drogadicción, que deben contar con el compromiso del interno para pelear contra ese problema. En las cárceles de Sevilla se empeñan en conseguirlo con buenos resultados, y otros más difíciles. También hay terapias específicas para delicuentes sexuales por abuso a menores o violencia de género. Son cursos voluntarios en los que se trabajan los factores de la personalidad que han podido contribuir a la comisión de estos delitos graves. Pero, porque un señor haga una barbaridad con un delito muy grave, no podemos decir que está perdido para toda la vida. Habrá que intentarlo.

Esa participación, esfuerzo y avance en los tratamientos lo vemos desde fuera, desde los juzgados y la Fiscalía de Vigilancia Penitencia, quienes valoramos todo en orden a la concesión de beneficios penitenciarios que van jalonando la vida del preso. La cárcel intenta evitar que tras muchos años entre rejas un día lo pongas en la calle sin haber tenido contacto con la realidad de forma previa. Los permisos son modo o medio para ir preparando la futura vida en libertad y evitar la marginalidad de la realidad. Son 18 días por semestre, bajo control familiar y del centro, y siempre con los pertinentes informes del psicólogo, educador y trabajador social. No se puede dar si no tiene a nadie que se haga cargo de él en la calle. A veces no vuelve o comete un delito de quebrantamiento de condena, por lo que habrá demostrado que darle un permiso es un riesgo grave y se tarda un tiempo en confiar en él. Pero porque uno no vuelva no podemos decir a la inmensa mayoría que no le damos permisos.

—¿Entiende el rechazo social a estas salidas, sobre todo cuando benefician a presos de delitos graves?

—Perfectamente. Lo vivo a diario. Es totalmente normal que el ciudadano, que lo primero que quiere es seguridad en la calle, piense que el que comete un delito tiene que estar dentro. El delito ocasiona un daño enorme a la sociedad y es comprensible. La sociedad y las víctimas del delito, en un principio, sólo tienen un deseo: el que la hace la paga. Después cuando conoce el problema, cambia. Existen los intentos de mediación con la víctimas como son los programas de Justicia Restaurativa: Hay víctimas que se prestan voluntariamente para recibir el perdón expreso del interno. Incluso por asesinatos. Los que se prestan a esto son de una alta categoría moral. Los internos son conscientes de que la victima del delito reclame un castigo ejemplar.

—Y una vez están en la calle...

—El control desaparece totalmente. Nuestra función jurídica ha concluido. Aún así me consta que hay ONG o entidades sociales de la Iglesia como Cáritas que hacen seguimientos e intentan ayudar a cambio de nada. Nosotros ya no podemos intervenir legalmente. No se puede pretender que cuando salgan tengan una vida nueva volviendo al ambiente de siempre, en su mayoría un barrio marginal, mismo entorno, situación económica... Esto exigiría que los poderes públicos hicieran una financiación brutal. Mientras haya marginación social, ¿cómo evitamos la recaída? Hay muchos que no recaen. El cien por cien de los internos que vemos en prisión aseguran que jamás volverán aquí porque la sensación de perder tu libertad es brutal. Ellos están dentro jurando y perjurando que cuando salgan no volverán. El sentido intimidativo de la pena se ha cumplido. La pena asusta muchísimo. Nadie que no hubiera ido a una cárcel debería hablar ligeramente del tema.

—¿Existen muchas falsas creencias sobre las prisiones españolas y la calidad de vida de los internos?

—Esto no es moral. No estoy en absoluto de acuerdo con eso. Si el Ministerio del Interior hace una prisión nueva, me imagino que la diseña de manera moderna. No puedes tener mazmorras como la edad media, son instalaciones dignas, no lujosas. Para privar a un señor de libertad le tienes que proporcionar instalación digna. Pero sin lujos. El comentario de que son hoteles de cinco estrellas... es muy fácil hablar desde fuera. Sería inasumible que la prisión fuera un infierno.

—Tras protagonizar informaciones negativas en las últimas semanas con destituciones o fallecimientos de presos, ¿es la cárcel de Morón distinta?

—El equipo directivo cesado era bastante bueno. Morón cuenta con un perfil de interno más difícil, lo que supone mayor grado de inadaptación. Cualquier sospecha de tortura, tengo que rechazarla. Elevar un posible caso aislado a la categoría de general... quizás hubiera un exceso, pero si eso fuera sistemática, yo iría a la prisión y preguntaría qué está pasando. No creo que existe una tortura sistemática, pero en España funcionamos así, con tendencia a generalizar. No he visto un tratamiento sistematico de malos tratos.