La familia de Marta del Castillo contra el último auto judicial: «El Estado de Derecho no nos ha dado amparo»

Esta semana se conocía que el juez instructor número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, en cuyo órgano judicial se mantiene abierta una investigación para conocer dónde está el cadáver de la joven , emitía un auto en el que, a juicio de la abogada de la familia, Inmaculada Torres, acordaba cambiar sin justificación alguna una resolución anterior del propio magistrado.

El 14 de abril de 2021, el juez, a petición de la representación procesal de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, acuerda requerir a las tres principales compañías telefónicas en España que informaran si conservaban los datos crudos de los teléfonos de Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, la que fuera novia de éste María García Mendaro, Samuel Benítez, Francisco Javier García 'Cuco' y Marta . Con estos datos se encargó a un perito informático forense que analizara dichos datos con el fin de extraer los movimientos y posicionamientos de dichos terminales la noche del crimen con el objetivo única y exclusivamente de conocer el paradero del cuerpo de la joven.

Desde ese 14 de abril hasta la fecha «no ha pasado nada nuevo para que ahora, mediante un nuevo auto, se deje sin efecto lo acordado en una resolución firme del juez». Es decir, el juez, en un auto de 18 de febrero y conocido esta semana, ha cambiado una decisión firme suya (auto de 14 de abril de 2021), « una extralimitación «, según se recoge en el recurso de apelación presentado por los padres de Marta del Castillo, al que ha tenido acceso este periódico.

La abogada, en su recurso contra el auto del 18 de febrero, alega hasta en tres ocasiones que esta resolución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva , además del principio de seguridad jurídica, pidiendo a la Audiencia la nulidad de dicho auto.

El juez, según se expone en el recurso, deniega ahora unas pruebas que él mismo admitió , «vulnerando los derechos y garantías constitucionales y procesales más elementales», como el principio fundamental de invariabilidad de las resoluciones judiciales, rectificando un auto firme «sin que haya sucedido nada nuevo».

«Que un órgano judicial se aparte de lo anteriormente resuelto, zanjando la misma cuestión de modo diferente, provoca que el virus de la arbitrariedad se manifieste en todo su esplendor, obviando que una resolución judicial firme es ajeno a la esfera de lo decidible por el órgano judicial , ya está decidido y es vinculante , no sólo para su autor (juez), sino para todas la partes«, explica la abogada.

Otro de los motivos del recurso de la familia de Marta es que el juez haya dictado este auto sin haber tomado la opinión de esta parte, y sí en cambio la del Ministerio Fiscal.

El pasado mes de enero el perito judicial presentó dos escritos en el juzgado. En una pedía la información que Orange había facilitado. En otro, reclamaba al juez que solicitara a Telefónico el código PUK de dos tarjetas SIM.

El juez, ante estas peticiones, pidió al fiscal Luis Martín que se pronunciara y éste admitió que se facilitará los códigos de los móviles de Carcaño y Marta, nada más. En base a esto, el juez, en el auto del 18 de febrero, limita los datos telefónicos que se concedieron al principio, concretando en los terminales de Carcaño y Marta del Castillo . El resto quedaba excluido, según el juez, porque fueron absueltos y éstos además no han dado su permiso.

Nunca le reclamó a la abogada de la familia de la víctima su pronunciamiento, que tuvo que personarse en el juzgado para pedir copia de los escritos. «Se obvió la intervención de esta parte en esta causa» , lamenta la letrada, que insiste en se le ha causado «indefensión» . A juicio de esta parte, se ha rectificado una resolución que no era rectificable y sin seguir el procedimiento y los plazos.

El tercer argumento del recurso deja entrever el hartazgo de la familia ante los varapalos judiciales. El magistrado instructor modifica su propio criterio bajo el argumento de que, excepto Miguel Carcaño, el resto de personas cuya información telefónica fue concedida, fueron absueltos y no han autorizado que se facilite dicha información, «vulnerándose todos los derechos y garantías procesales y constitucionales que ostenta, como todos los ciudadanos, los padres de Marta, su único afán , repetimos, de encontrar a su hija, después de trece años de su desaparición" .

Para la abogada, «no deja de sorprender que ante la posibilidad que nos ofrecen las nuevas técnicas, se impida a una familia poder conocer el paradero de su hija" , amparándose en que dichas personas (Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez, María García y el 'Cuco') fueron absueltas, cuando lo cierto es que, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es posible la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona.

En este punto, recuerda que el 'Cuco' fue condenado por encubrimiento y en dicha sentencia se daba por probado la participación de María García Mendaro, Samuel Benítez Pérez, Francisco Javier Delgado en las labores de desaparición del cuerpo de Marta del Casillo. Además, la obtención de los datos telefónicos se produjo cuando estas personas estaban siendo investigadas, no ahora.

Por todo esto, el recurso concluye que «se vulneran, de nuevo, los derechos constitucionales fundamentales, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, sin perjuicio de la existencia de dos sentencias contradictorias, el Estado de Derecho no ha dado amparo a las víctimas -Marta del Castillo, sus padres, hermanas, abuelos, tíos- en cuanto no han podido conseguir -ahora pueden- que lo fundamental, que es encontrar a Marta del Castillo, se llegue a conseguir".

Es por ello que considera que « hay motivos más que suficientes para no rectificar lo acordado" por el propio juez, ya que Carcaño, por la relación existente entre todos los protagonistas de esta cruel historia, se pudo servir de los terminales de su hermano Francisco Javier Delgado y María García para transmitir o recibir información, y Francisco Javier García Marín quedó acreditado que colaboró con Miguel Carcaño en sus fines ilícitos

La familia, sin cansarse, vuelve a acudir al a Audiencia para que rectifique la decisión del juez instructor y anule su último auto. «Pienso que no se quiere que aparezca Marta» , lamentaba Antonio del Castillo el pasado miércoles tras conocerse la decisión del juez .