Los «errores» del colectivo que reclama los bienes de la Iglesia

El comunicado afirma que «los bienes públicos inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad por la jerarquía de la Iglesia Católica» se pudieron inmatricular «al amparo de la legislación franquista» . Sin embargo, la ley que se ha aplicado para estas inmatriculaciones es la Hipotecaria que reformó el gobierno de José María Aznar en 1998 . Concretamente, la Iglesia se acogió al artículo 206 de esta ley.

Este colectivo también afirma que «con estas inmatriculaciones, la jerarquía de la Iglesia Católica se ha apropiado de forma masiva y subrepticia de numerosos bienes públicos», dándose la circunstancia además de que muchos de ellos han sido «reformados o rehabilitados con dinero público» . La realidad es que ninguna de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia se han realizado con la simple declaración de los obispos. En el caso de Sevilla, cada inscripción está avalada por una amplia documentación histórica que acredita su titularidad.

Otra de las afirmaciones que incluye el comunicado es que el actual arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, era el responsable de Patrimonio de la Iglesia cuando el Gobierno del popular José María Aznar modificó la Ley Hipotecaria para «extender a los templos de culto la posibilidad de ser inmatriculados». Esto es completamente falso. En 1998, cuando Aznar modificó esta ley, Asenjo era Secretario de la Conferencia Episcopal. Su nombramiento como delegado de Patrimonio se produjo en 2005 y estuvo en el cargo hasta 2009. Además, esta Delegación de la Iglesia no se ocupa de los asuntos relacionados con la propiedad, sino de la rehabilitación de su patrimonio, la conservación y la gestión de estos espacios.

También denuncia esta plataforma que, al poco de ser nombrado arzobispo, Asenjo «inscribió en el Registro de la Propiedad la finca urbana formada la Catedral de Sevilla, la Giralda y el Patio de los Naranjos, unos espacios que siempre fueron públicos y de los que los sevillanos han podido disfrutar históricamente de manera gratuita. Pero ahora la Archidiócesis cobra por su acceso». Esto tampoco es exacto. El Arzobispado inmatriculó la Catedral aportando toda la documentación histórica del Cabildo que acreditaba no sólo que fueron los canónigos quienes encargaron su construcción, sino quienes la sufragaron. Con esta misma filosofía, Asenjo inscribió la Mezquita en Córdoba en 2006 , cuando era obispo de esa Diócesis. Por otra parte, el acceso de los sevillanos a la Catedral es gratuito . Sólo se cobra entrada a las personas de fuera , que es exactamente lo mismo que el Ayuntamiento hace en el Alcázar, monumento de titularidad municipal.

Los impulsores de esta iniciativa contra la Iglesia también reclaman la apertura como espacio público del Patio de los Naranjos , un lugar que está protegido por la Unesco dentro del catálogo de los Bienes Patrimonio de la Humanidad de Sevilla . La Iglesia tiene la obligación de conservar ese espacio, por lo que paga las medidas de seguridad que impiden su acceso en horario nocturno. El resto del día, cualquier sevillano puede pasear por allí libremente porque su acceso es gratuito.

Por último, la plataforma que denuncia las inmatriculaciones a favor de la Iglesia defiende que se hicieron en «fraude de ley», una acusación insostenible porque todas estas inscripciones se realizaron al amparo de la citada reforma del gobierno de Aznar, que fue aprobada en el Congreso. Por lo tanto, todo el proceso es legal. Los bienes de la Iglesia están inscritos en los registros de la propiedad cumpliendo todos los requisitos vigentes y los posibles errores que se detectaron durante ese procedimiento fueron subsanados por la propia administración. Es decir, la moción de Podemos e IU es puramente política. Y, casualmente, se ha presentado en Cuaresma.