Los dueños de la Casa de la Moneda de Sevilla: «Hemos vendido obligados por la actitud de la Junta de Andalucía»

«Nos hemos visto obligados a la venta de las plantas superiores del edificio ante una situación en que la actitud de la Comisión de Patrimonio nos hace prever que, a pesar de lo especificado en la sentencia y con la licencia de obras en vigor, nos iba a ser muy difícil la continuidad del proyecto», subrayan.

«Nuestra intención original era la construcción de viviendas y, tras la venta de una parte de ellas para sufragar los costes de construcción, muy altos debido a la singularidad del inmueble, destinar al alquiler el resto», indican los antiguos propietarios, que recuerdan que el proyecto pasó hasta siete veces por la Comisión Provincial de Patrimonio antes de ser aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los vendedores de la Casa de la Moneda lamentan que cuando se paralizaron las obras en 2011 por parte de la Junta de Andalucía habían hecho ya una inversión próxima a los dos millones de euros para la consolidación del edificio y reparación de su estructura , «que incluía el costoso andamiaje que hubo que colocar para el mantenimiento de la fachada, por lo que ignoramos el motivo de que afirmen que éste se encuentre en estado ruinoso».

Sob re la fachada manifiestan que «estaba a punto del inicio de su restauración cuando se paralizó la edificación y desde entonces un agente de la Policía Judicial ha acudido semanalmente a la Casa de la Moneda durante los últimos siete años para constatar que allí no se están haciendo obras de ningún tipo». «En la actualidad no hay andamios, o sea, no hay elementos estructurales porque no hay ningún riesgo derrumbe, por eso solo hay vallas y mallas, elementos de cerramiento nada más», aclaran los antiguos propietarios.

Con respecto a la sentencia, las mismas fuentes afirman que «es falso que en la obra de restauración actual se hayan derribado muros de carga del siglo XVIII, que no existían. Sí había un muro del siglo XVII y un trozo de la muralla almohade, que se han respetado».

Asimismo, los propietarios niegan que hayan vaciado el edificio y admiten que l a paralización de las obras se debió «al derribo de unos muros capuchinos que en el proyecto original tenían prevista su restauración, que fue imposible por motivos de seguridad». A su juicio, datar la antigüedad de esos muros, ejecutado para la separación de viviendas es imposible «porque -recalcan- no consta en ninguna parte, entre otras cosas porque toda la documentación relativa a las obras realizadas en esa casa se perdieron en un incendio en 1936».

«Los muros derribados no eran muros de carga, sino muros capuchinos, es decir, dos hojas de ladrillos con una cámara intermedia y elementos que la enlazan. Eran -dicen- lo que en lenguaje vulgar se conoce como tabiques de ladrillos».

«Como la documentación de la casa se quemó en el 36, para hacer el proyecto el arquitecto de la obra usó planos de un técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo que había estudiado la casa y que pensó por error que esos muros eran de carga, cuando eran simples tabiques de ladrillo», denuncian los antiguos dueños. «Por alguna razón que se nos hace difícil de comprender, el derribo de unos tabiques de ladrillo, que no constaban registrados en ningún documento oficial y que según el arqueólogo que supervisaba la obra carecían de valor, resultó ser constitutivo de un delito contra el patrimonio y causa de condena sin posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, lo que hubiera sido nuestro deseo para que el asunto se analizara fuera de Andalucía», afirman.

La sentencia ordena devolver el edificio a su estado original y reconstruir dichos muros , algo que los hasta ahora propietarios dicen que propusieron ellos en marzo de 2011 mediante la presentación de un reformado del proyecto que recibió el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo y que fue rechazado por la delegación de Cultura de la Junta. «La Consejería se negó a levantar la paralización de las obras a pesar -prosigue- de que nuestros técnicos estaban dispuestos a dar todas las explicaciones que se les requirieran y a modificar lo que fuera necesario sobre la propuesto».

En cuanto a la construcción de un ático denunciado por la Junta de Andalucía, algo que en la sentencia se asegura no se ha podido comprobar, los dueños de la Casa de la Moneda insisten en que es legal porque corresponden a antiguos lavaderos que ya existían. A propósito, defienden que nunca engañaron a nadie, «algo que sería difícil, si no imposible, en un proyecto cuya licencia de obras estuvo casi cuatro años en tramitación pasando repetidas veces por la Gerencia de Urbanismo y la Comisión de Cultura».

La paralización de las obras durante siete años ha supuesto también un coste para quienes eran propietarios de la Casa de la Moneda. «Durante todo ese tiempo -informan- hemos mantenido a nuestra costa un servicio de vigilancia sobre el edificio que ha evitado que éste fuera tomado por okupas y esquilmado, lo que da muestras de nuestra voluntad de protección del mismo».