La cúpula de Fitonovo admite las mordidas a políticos y funcionarios y llega a un acuerdo con la Fiscalía

La sesión de este martes ha sido un poco compleja en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional por la cantidad de acusados, partes personadas y las posibilidades de acuerdos planteados. De la celebración de la primera sesión del juicio se pueden extraer varias conclusiones: los acusados admiten los hechos que suponen delitos de cohecho y falsedad documental, así como organización criminal ; y los principales acusados obtienen ventajosas reducciones de penas, pasando de los 19 años y medio de cárcel que pedía la Fiscalía para ellos a los 30 meses de prisión tras el acuerdo de conformidad.

Hoy se sentaban en el banquillo los cabecillas de la empresa, empleados y empresarios que fueron parte imprescindible en esta trama surgida en torno a esta empresa sevillana especializada en servicios medioambientales para entidades públicas y privadas. Todo tiene su origen en la denominada operación Madeja . El dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro, y los directivos Andrés Brugueras Foye, director comercial, y Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección y persona de confianza de González Palomo, conformaban como hoy se ha dicho "la cúpula" de una red dedicada a lograr contratos públicos a través de sobornos a funcionarios y políticos durante muchos años.

Esta investigación se inició en el juzgado de Sevilla que dirigía la magistrada Mercedes Alaya . De Sevilla saltó a la Audiencia Nacional. Para la Fiscalía y el juez José de la Mata , instructor de la causa, teniendo en cuenta el tiempo en el que extendieron las prácticas de corrupción, desde 1995 hasta 2013 , el ámbito territorial de actuación y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, el «modus operandi» delictivo de Fitonovo para obtener de manera fraudulenta contratos y adjudicaciones eran un elemento «nuclear» de la actividad de la empresa, hasta el punto de que la propia empresa pudo ser «un velo societario de dicha actividad criminal».

La entrega de comisiones a funcionarios y políticos se prolongó durante al menos quince años y alcanzó administraciones estatales, autonómicas y locales de S evilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias . De hecho, aún está pendiente por juzgarse las piezas relativas a las mordidas por las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación Provincial.

La dirección de Fitonovo «creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares , habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos» y, «al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos».

La empresa se habría servido supuestamente del « pago de comisiones en forma de entregas de efectivo o regalos a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados».

Según detalla la Fiscalía, en las contrataciones restringidas, para las cuales se requiere al menos tres ofertas , «se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa».

En los concursos públicos, Fitonovo habría obtenido «i nformación privilegiada de los contratos , conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas», una información procedente de los funcionarios «en nómina» de Fitonovo .

«En otros casos, se llegaba a acuerdos para repartirse la contratación pública con empresas competidoras , llegando a acuerdos sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados», agrega la Fiscalía, que aprecia « fraude en la ejecución del contrato , sobre todo cuando Fitnovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado».

«Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, la empresa constituyó una caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que se le hacían a estos», especifica el escrito de acusación del Ministerio Público, precisando que dicha «caja B» era alimentada «mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras » de Fitonovo.

La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años , afectando a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, señalab a un delito de grupo criminal, 16 delitos continuados de falsificación de documento mercantil, un delito de blanqueo de capitales, siete delitos continuados de cohecho y dos delitos continuados de cohecho activo cometido por un particular, solicitando para Rafael González Palomo; su hijo José Antonio González Baró; Ángel Manuel Macedo Gajete y Juan Andrés Brugueras Foye un total de 19 años y medio de prisión como principales acusados, entre otras penas.

Si bien, tras el acuerdo, el Ministerio Público pide treinta meses para González Baró y Brugueras, mientras 28 meses para González Palomo y 19 meses para Macedo por organización criminal, falsedad de documento mercantil y cohecho , apreciando confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas . La Fiscalía, además, ha pedido para todos los acusados la suspensión de la pena.

Mientras les retira la acusación por el delito de blanqueo de capitales , pues "lo que se hizo en Fitonovo fue darle salida a un dinero legal para pagar las mordidas", es decir, " no es blanqueo, sino ennegrecimiento del dinero " a través de asientos contables falsos para pagar lo que no se podía pagar sin justificar, según la Fiscalía.

La eliminación de este delito supone la absolución de la esposa de González Palomo, el dueño de Fitonovo . Además de esta acusada, más de una docena de implicados han abandonado hoy el juicio al ver como le retiraban las acusaciones, algunos de los casos por prescripción de los hechos delictivos.

Para los otros acusados de cohecho (empleados de Fitonovo), pide, tras los acuerdos, diez meses de cárcel, mientras los empresarios han aceptado penas de ochos meses de prisión por las facturas falsas. Todos los acusados han reconocido los hechos.

En esta pieza también están como acusación la Abogacía del Estado , una empresa como acusación particular y la Diputación de Sevilla como acusación popular. Éstas dos últimas se han adherido a los acuerdos de la Fiscalía.

La Abogacía del Estado acusaba por organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública y falsedad documental. Se adhiere a los acuerdos de la Fiscalía en cuanto a los delitos de organización criminal, cohecho y falsedad, pero sigue acusando por fraude a la administración, por lo que está en negociaciones abiertas con los acusados para cerrar un acuerdo antes de la próxima sesión del día 24. El delito de prevaricación lo retirará en el trámite de conclusiones finales del juicio, que inicialmente está programado hasta junio.

En este juicio ha sido incluida además de la citada pieza principal de la macrocausa, la pieza correspondiente a las empresas API Movilidad, Imesapi y Señalizaciones Villar, en la que figuran tres acusados más relacionados con dichas entidades. La vista oral continuará de forma rutinaria para cinco de los acusados, que no han aceptado hasta el momento acuerdo alguno .