La corrupción socialista en Burguillos salpica a la Diputación de Sevilla con la condena a Prodetur

La sentencia del pasado 2 de junio, a la que ha tenido acceso ABC y que es recurrible, considera «responsable» de la negligente gestión de ese concurso tanto a Prodetur como a nueve personas del organigrama de aquella entidad local, entre ellas al que por entonces era alcalde y presidente del consejo de administración de BN, José Juan López , sobre el que ya pesan varias condenas más por corrupción y delitos urbanísticos. En el caso de Prodetur (Promoción y Desarrollo Económico y del Turismo), se impone una inhabilitación de dos años . Esta decisión de la Justicia es un golpe evidente a la Diputación puesto que señala a uno de sus principales entes.

Puede tener este fallo, además, una consecuencia directa en la actividad de la entidad pública provincial, ya que podría cesar durante ese periodo de dos años una vez se confirme lo dictado por el tribunal, que aún tiene la opción de recurso de apelación. El Código de Comercio (artículo 13.2) especifica con claridad la imposibilidad «de ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales» para las personas físicas que hayan sido inhabilitadas, pero existe ya jurisprudencia que alude también a esos efectos en las personas jurídicas, como sería el caso de Prodetur. La presencia de este ente en programas provinciales es enorme y ha formado parte, además, de la mayoría de sociedades de desarrollo local de los municipios sevillanos, muchas de las cuales fueron quebrando de la misma manera que lo hizo la burguillera.

Tal y como recoge el fallo del Mercantil, la sociedad Prodetur actuaba como vocal en BN desde el 13 de mayo de 2002 hasta su renuncia, inscrita el 2 de marzo de 2009. «El hecho de que delegara siempre su voto o que su participación fuera testimonial no le exonera de responsabilidad », señala para añadir que «cesó el 27 de junio de 2008, poco antes de la declaración de concurso, lo que no le exonera del retraso en la formulación de concurso ni de las conductas encuadradas en el artículo 164.1 LC/ 442 TRLC», esto es, las irregularidades por las que se le impone «la sanción mínima de inhabilitación por dos años».

En este sentido, la sentencia detalla de manera prolija esas conductas contrarias a la Ley, que en un momento del documento resume en un párrafo. «En síntesis -señala el juez-, la conducta que se imputa consiste en que, cuando en 2008 BN ya empezaba a colapsar, pidió un nuevo préstamo por 1.5 millones de euros sin que se haya hecho constar por la concursada y por los posibles afectados en qué se invirtió dicha suma . Es evidente que dicha conducta no se ajusta a las reglas de una buena gestión y que la conducta, al menos gravemente culposa, agravó la insolvencia de la sociedad. Por ello, este hecho también se incluye en el ámbito de la cláusula general de calificación culpable».

La Diputación Provincial de Sevilla, con su propio presidente Fernando Rodríguez Villalobos a la cabeza, defendió en su día la gestión del Ayuntamiento de Burguillos y al que era su alcalde, el que luego fue condenado por delitos urbanísticos José Juan López. Con todo, el ente turístico, Prodetur, fue apartándose de esa sociedad local de desarrollo una vez se fueron conociendo las irregularidades que fue publicando ABC.

Además del representante de la sociedad provincial Prodetur, esta causa se dirige contra los exalcaldes socialistas José Juan López y Mariana Pérez ; el gerente de la sociedad municipal, Jacinto Rosas, y una decena más de personas, como los exconcejales del PSOE y otrora consejeros de la entidad José Antonio Santos Briseño, Luis Carlos Díaz, Virginia Varo, Francisco Javier Rodríguez y Juan Simón Juan López. Hasta tres de estos acusados ya han fallecido, como ocurre con Rosas, exgerente de BN. La causa señalaba también al propio Ayuntamiento burguillero, que iba a tener que hacer frente a una deuda de nada menos que 22,7 millones de euros , pero el juzgado Mercantil ha eximido de dicho abono al Consistorio , lo que supone un verdadero alivio para sus arcas.

El exalcalde José Juan López, ya condenado en 2009 por un delito contra la ordenación del territorio y en 2014 por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística , se enfrentaba a un total de quince años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona y, «con carácter necesario y accesorio, para ejercer la actividad empresarial y para tener intervención directa administrativa o económica en sociedades mercantiles». Además, se solicitaba para él la «pérdida de cualquier derecho que pudiera nacer a su favor con carácter sobrevenido contra la masa activa del Grupo Burguillos Natural» y que pagase «personalmente a los acreedores concursales de forma solidaria con las demás personas que hayan incurrido en responsabilidad concursal, la cantidad que aquellos no perciban en la liquidación de la masa activa del grupo concursado». Esa condena ha quedado reducida finalmente a cinco años de inhabilitación.

Durante la vista oral, los testigos, entre los que había declarado el actual alcalde, el popular Domingo Delgado , coincidieron en indicar que existía una división clara entre la gestión del Ayuntamiento y BN, lo que contraviene las tesis de los administradores concursales. No había confusión de patrimonio, según dichos testigos, que añadieron que la sociedad se regía por lo que decidían sus gerentes.

La noticia de la exoneración de ese pago de los 22,7 millones supone «una alegría inmensa y un alivio importantísimo para la economía municipal», según destacaba ayer en declaraciones a este periódico el alcalde, Domingo Delgado, principal impulsor en su día de las denuncias contra la negligente gestión socialista en el municipio. «Es un día grande en Burguillos -destacó-, especialmente para su Ayuntamiento al que esta sentencia le ha quitado una losa de encima que muy probablemente hubiera llevado al Consistorio a ser intervenido y al nombramiento de una gestora, que hubiera dado lugar a la desaparición de muchos de los servicios que hoy se prestan, al despido de gran parte de la plantilla de trabajadores municipales y a lastrar el futuro de varias generaciones de burguilleros. Por eso los trabajadores municipales han celebrado esta sentencia que absuelve al Ayuntamiento de toda responsabilidad y que aclara el futuro laboral de todos ellos».

«El Ayuntamiento ha conseguido desmontar -añadía el regidor- todos los falaces argumentos que se han esgrimido en su contra para que fuera condenado por hechos y al pago de una deuda que solo tiene unos culpables, que no son otros que aquellos que se enriquecieron con la delictiva gestión durante años. Una gestión que recoge casi todos los delitos que contempla el Código Penal».

«Puedo llegar a entender que los administradores concursales trataran de implicar al Ayuntamiento en la delictiva gestión que los administradores de la sociedad realizaron durante años con el fin de asegurar el cobro de las deudas y sus honorarios -expuso Delgado-. Lo que no entiendo es que lo trataran de hacer quienes gobernaron este pueblo durante muchos años, aquellos que decían que trabajaban para el pueblo, ese pueblo que han llevado a la ruina y que han tratado de hundir aún más, metiéndole una nueva deuda de casi 23 millones de euros que es fruto de su negligente y delictiva gestión».