Condenan a la cúpula de Fitonovo a devolver 2,2 millones por las 'mordidas' a los funcionarios

El acuerdo suponía el reconocimiento de todos los encausados, entre ellos los empresarios, de las 'mordidas' para conseguir adjudicaciones públicas. Ahora, con el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Nacional se conoce que el dueño Rafael González Palomo; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; deberán responder conjunta y solidariamente del importe total de las dádivas entregadas, 2.293.334,78 euros . Aquí no se han tenido en cuenta los hechos prescritos.

En la sentencia, a la que ha tenido ABC de Sevilla, la Audiencia Nacional condena a tres años de cárcel a González Baró por un delito de grupo criminal, falsedad, cohecho y fraude a las administraciones y lo absuelve de blanqueo de capitales y prevaricación. Por su parte, su padre, González Palomo, ha sido condenado a dos años y diez meses de prisión. En su caso ha sido absuelto del delito de grupo criminal también.

El adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete, ha sido condenado a un año y once meses de prisión, y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, a tres años de cárcel. Los cuatro, la cúpula de Fitonovo, deberán indemnizar a la Diputación de Sevilla, en 111.822 euros . En su caso, al padre, al hijo y a Brugueras el tribunal le imponen una " multa del tanto del valor de la dádiva de 150.751,62 euros " por un delito continuado de cohecho activo en recompensa por acto propio del cargo.

El juicio estuvo marcado por un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de la totalidad de las personas acusadas por el Ministerio Público, pesando además la personación en la causa de la Abogacía del Estado, de la sociedad Campusport y de la Diputación de Sevilla, en el papel de acusaciones.

En virtud a dichos acuerdos, el tribunal de la Audiencia Nacional ha admitido en los acusados principales las atenuantes de dilaciones indebidas, de confesión y de reparación del daño. La Fiscalía retiró al inicio del juicio el delito de blanqueo de capitales al considerar que el dinero ilícitamente obtenido por la trama fue «ennegrecido» y no blanqueado.

Fitonovo «realizó una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos desde 1995 a 2013 «, creando »una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares , habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios o empleados públicos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos«.

Según la Audiencia Nacional, Fitonovo contaba con « una caja B que se nutría fundamentalmente de facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras«, cuyos dueños también han sido juzgados en esta pieza y admitieron estos hechos. También existían facturas por servicios prestados a particulares que pasaban directamente a la caja B de manera íntegra.

Los principales medios empleados por Fitonovo para conseguir sus objetivos eran « el pago de comisiones, en forma de efectivo o regalos , a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos, con mejor trato de dichos funcionarios o sin que éstos pusieran inconvenientes a Fitonovo, o abiertamente incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que en ocasiones se facturaban servicios o trabajos no realizados".

Para ganar los contratos públicos, a los que tenían que concurrir tres ofertas de empresas , "se establecía, en connivencia con el funcionario, una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa".

En la actuación delictiva de la empresa pesó la " obtención de información privilegiada de los contratos , conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas" o la " falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados , facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real para de ese modo obtener un beneficio ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario", entre otras prácticas.

La Audiencia Nacional indica además que durante los más de quince años en los que los empresarios llevaron a cabo sus fraudulentas formas de conseguir adjudicaciones públicas se detectaron " fraudes en la ejecución del contrato , sobre todo cuando Fitonovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado o para no tener problemas con los trabajos realizados".

"La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales , e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades", indica la sentencia, zanjando que la "trama" se ocupaba de "acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas". Entre las administraciones salpicadas por los regalos de Fitonovo están la Diputación de Sevilla, cuyo juicio está pendiente de sentencia; el Ayuntamiento de Sevilla, pieza que se juzgará el próximo otoño, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas o de la Consejería de Fomento, también hubo funcionarios "comprados" en Adif.