La Ciudad de la Justicia de Sevilla, un laberinto de más de veinte años

Se espera que para 2023 ó 2024 el complejo judicial sea una realidad, de modo que habrán pasado más de dos decenios de una foto ahora del todo sonrojante: la del entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín , y la entonces consejera de Justicia, su compañera de partido Carmen Hermosín, firmando a bombo y platillo el protocolo para promover la Ciudad de la Justicia, que se construiría en los Gordales, junto al campo de la Feria y la actual parada del metro de Blas Infante.

Antes incluso de aquella rúbrica frente a las cámaras, ya se llevaba varios años hablando del proyecto, desde mediados de los 90 incluso, cuando se señaló al Pítamo o el Higuerón como ubicaciones ideales para este complejo. Que era ya necesario en aquellos tiempos por el deterioro de las sedes judiciales del Prado de San Sebastián. Pese a los apoyos que parecía concitar la ubicación junto al campo de la Feria, un recurso del Gobierno central, propietario del terreno en un 79%, hizo que la Consejería de Justicia diera un extraño volantazo y se llevara el proyecto a terrenos del puerto a pesar de la cercanía de depósitos de carburante y la falta de conexiones. Hasta el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció un ramal del metro para unir esa zona con la ciudad. Palabras huecas. La nueva ubicación desencadenó protestas, puso en un brete el PGOU y hasta hizo temblar el pacto de gobierno PSOE-IU. Al final, la Junta dio marcha atrás y volvió a mirar a Los Gordales .

No fue hasta seis años después, en 2009, cuando la siguiente consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, presentó algo más de detalle de la parcela para levantar el complejo. La misma superficie y el mismo lugar, pero seis años después. Y nada había ocurrido. 40.000 metros cuadrados. Con Naranjo al frente se anunció que el concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico se adjudicaría, según se dijo, en septiembre de 2009, dándose un plazo de 22 meses para la redacción y entrega del proyecto definitivo. Todo el plan quedó en nada cuando entró en la Consejería Begoña Álvarez, que tuvo que poner en marcha el «edificio puente» en la Buhaira , una sede llamada a ser provisional por la saturación de los juzgados del Prado. Entonces estalló la crisis económica y todo lo que hizo a partir de ese momento el Ejecutivo andaluz fue marear la perdiz aludiendo a reuniones y discrepancias con el Ayuntamiento y el Estado y consignando cantidades ridículas para el proyecto en sus presupuestos de cada año, una manera de enterrar el proyecto sin tener que decirlo.

Ni Álvarez ni luego Francisco Menacho dieron respaldo alguno a la Ciudad de la Justicia, el segundo de ellos escudándose en la llegada de un nuevo alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido , con un planteamiento distinto. Eso era cierto, ya que el luego ministro del Interior propuso que, ante la falta de fondos para el proyecto en Los Gordales, se apostara a corto plazo por remodelar los actuales juzgados hasta convertirlos en la Ciudad de la Justicia que reclamaban los profesionales del sector. La posición municipal sirvió a Emilio de Llera después para aparcar el plan alegando que el Ayuntamiento estaba en contra del mismo. Al menos fue sincero al denominar el proyecto como «ciencia ficción». Hasta que los socialistas terminaron perdiendo el poder. El laberinto administrativo por la titularidad de los suelos hizo que, con el cambio de gobierno regional, se optara por la vía de Palmas Altas .