La Ciudad de la Justicia estará en servicio en Palmas Altas en 2023

Para este trabajo se han monitorizado todos los accesos durante los tres últimos meses del año y se han realizado más de 800 entrevistas a funcionarios, usuarios y profesionales para saber cómo se desplazan a los juzgados y cómo lo harían si se trasladaran estos órganos al complejo de oficinas, como explicó ayer el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín , en cuyo departamento recaen las competencias de Justicia. «Los datos confirman que no hay ningún problema para la mudanza a Palmas Altas», resaltó, tras recordar que la movilidad fue, precisamente, el requisito fundamental de debía cumplir este emplazamiento para autorizar el traslado.

La operación conlleva la adquisición del antiguo edificio de Abengoa y las dos parcelas anexas, actualmente propiedad de la promotora Viapol, para la construcción de otro inmueble que albergará la Audiencia Provincial. La intención es que todos los órganos judiciales de Sevilla se concentren allí en 2023 , tras una inversión de algo más de cien millones de euros (IVA incluido), de los que 78 se destinarían a la adquisición de suelos e instalaciones y otros treinta a la remodelación y adaptación del conjunto.

Con los datos en la mano, el vicepresidente de la Junta admitió sin reservas que «la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas tiene luz verde» y que «este año se sacará a licitación la redacción del proyecto», con miras a que las obras hayan concluido a finales de 2021. Ya en 2022 se iniciaría la mudanza que durará al menos un año , con lo que no será hasta 2023 cuando se celebren los primeros juicio en la nueva ubicación.

Y para cumplir los exigentes plazos que permitirían terminar la legislatura con el edificio a punto, el equipo de Juan Marín no está dispuesto a perder un solo minuto, fijando la reunión con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, para la primera quincena de febrero. «Aprovecharemos ese encuentro para realizar una visita a las instalaciones y ver juntos los accesos y las condiciones que debe reunir la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla», dijo, que sería la cuarta de Andalucía.

También señaló que «es la mejor alternativa de las tres que se barajaron», entre ellas la construcción del complejo judicial en el Patrocinio. Marín reconoció que «esta opción se estuvo estudiando, pero conllevaba un cambio puntual del PGOU, con el largo plazo que eso supone, además de un coste de 270 millones de euros », casi el triple de lo previsto con el plan de Palmas Altas. «Se nos ha dado una circunstancia extraordinaria que vamos a aprovechar», aseguró.

Sobre el estudio de movilidad encargado por la Junta con el que da comienzo este desarrollo, concretó que ha desvelado las capacidades del entorno, que se han analizado con el centro comercial Lagoh abierto y a pleno rendimiento. Así se han podido evaluar el impacto de los atracos en este punto por el efecto de la inauguración y la campaña de Navidad. Marín insistió en que «los resultados son buenos, aún sin tener el puente del Centenario ampliado y sin el nuevo tramo inaugurado de la SE-40, que ha aliviado la incidencia del tráfico en la SE-30».

Los resultados del mencionado estudio indican que un 39 por ciento de los encuestados iría en vehículo privado a Palmas Altas y otro 35 por ciento lo haría en transporte público. Los que optan por esta alternativa actualmente indican que el 15 por ciento lo hace en autobús y otro 10 por ciento, en metro. Para el aparcamiento se está en conversaciones con el centro comercial Lagoh para explotar juntos el espacio, con la condición de que los clientes del complejo lo usen cuando no haya actividad judicial.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas , mostró su satisfacción porque «dos administraciones de distinto color político saquen adelante un proyecto que lleva 25 años bloqueado». Espadas avanzó que llevará al próximo Pleno una propuesta de apoyo incondicional a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. También mostró su predisposición de crear lanzaderas de Tussam para facilitar el traslado en transporte público mientras se amplía la red de metro. Estos autobuses saldrían del Prado o de la estación de San Bernardo, a fin de llegar en el menor tiempo y con las menos paradas posible, dando así respuesta a la reclamación de todo el ámbito jurídico.