El caso Marismas: todas las claves de uno de los mayores escándalos del socialismo andaluz

La Comunidad de Regantes del Guadalquivir solicitó a la Junta de Andalucía en 2005 una subvención para acometer las obras de modernización de las marismas. El proyecto presentado tenía un presupuesto de 66 millones y la Junta aprobó una subvención de 40 millones de euros con cargo a los fondos europeos, el 60 por ciento del coste total del proyecto. Se trataba de una iniciativa cofinanciada que obligaba a los agricultores a poner el resto del dinero, 26 millones de euros. La Consejería de Agricultura tramitó la ayuda sin comprobar si los regantes disponían de estos fondos. Ese fue el primer error. La Fiscalía asegura que no tenían dinero, por lo que la Junta licitó la obra a sabiendas de que nunca se llevaría a cabo en su totalidad.

Una vez aprobada la subvención, se procedió a celebrar el concurso para las obras. Es el segundo capítulo del escándalo. Según la investigación de la Guardia Civil, ganó una UTE compuesta por dos grandes empresas , Teconsa y Elecnor, a las que se sumaron dos de la zona, Meci y Tegner. Su oferta económica era la más cara de las doce que se presentaron y quedó en el puesto once. Entonces la mesa de contratación cambió los criterios porque supuestamente tenían la adjudicación pactada con los empresarios locales Manuel Moreno y Emilio «El Murciano», que acabaron ganando. Sin embargo, la misma noche en la que se falló el concurso en favor de la UTE con la peor oferta económica, en la que estaban los empresarios locales, la Junta indicó que estas sociedades no tenían calificación y mandaron repetirlo. Varios miembros de la mesa de contratación declararon a la Guardia Civil que desde Agricultura hubo una llamada al presidente de los Regantes y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Los regantes apostaron por una y la Junta por otra, que fue la que al final se impuso. La investigación desvela que esta adjudicación podría tener relación con una deuda que Agricultura mantenía con Befesa por otra obra en el Andévalo onubense.

La UTE que había ganado en primer lugar firmó un acuerdo con la ganadora definitiva para que ésta subcontratara sus servicios. Hubo un acuerdo salomónico entre todas las partes, pero además los perdedores recibieron 330.000 euros por parte de los regantes después del cambio de adjudicación, un dinero que sacaron de una caja de seguridad secreta situada en un banco del Centro de Sevilla. Esa cantidad procedía de los avales bancarios de la UTE ganadora para garantizar la obra. Es decir, la «compensación» a los derrotados se sufragó con dinero de los «vencedores». La Guardia Civil asegura que hubo un «reparto del pastel» e investiga si el presidente de los regantes recibió como regalo un Mercedes por parte de uno de los empresarios beneficiados. Además, están bajo sospecha varios viajes que realizaron los miembros de la mesa de contratación. Si se acaba probando todo, el amaño sería de libro.

Otra de las ramas del caso, la más importante para la Oficina Europea Antifraude, es la falsificación de las certificaciones de obra. Esta parte comienza con una primera certificación nada más adjudicarse el proyecto, cuando aún no se había movido un ladrillo . La empresa presentó al cobro cuatro millones de euros pese a que era imposible que se hubiera gastado ese dinero en apenas unas semanas. Los implicados han declarado que la Junta les instaba a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. De hecho, otro juzgado sevillano, el número 1, instruye una causa de facturas falsas en las obras de la marisma tras una inspección de Hacienda. A esto hay que sumar que tanto la Guardia Civil como la consultora de ingeniería Ayesa aseguran que se ha ejecutado sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron . Un tercer informe pericial desvelado por ABC esta semana añade que se simularon obras para poder presentar las facturas a Europa y cobrar las ayudas, de manera que incluso se colocaron tuberías sin soldar sobre el terreno para aparentar que el trabajo estaba hecho.

Por todo ello, el juez ha imputado hasta ahora a 21 personas en tres bloques: todos los empresarios que pudieron participar en los amaños, la directiva de los regantes de aquella época y cinco cargos socialistas de la Consejería de Agricultura encabezados por el actual diputado por Almería José Luis Sánchez Teruel . Todos tendrán que explicar a dónde fue a parar el dinero de Europa para la supuesta modernización agrícola de una de las zonas más pobres de España.