El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía negociarán con los taxistas

Lo que los taxistas reclaman es el cumplimiento de la normativa vigente de manera estricta , de manera que estos vehículos con conductor no puedan captar clientes mientras circulan ni usar las paradas, dos medidas que ya están contempladas en el reglamento. Sin embargo, el sector del taxi reclama también que estos coches no puedan circular por los carriles bus ni acceder a las zonas restringidas para el servicio público, exigencias que ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden atender porque supondría vulnerar las leyes y ordenanzas en vigor, que da categoría de servicio público también a las VTC. La única diferencia entre estas plataformas y los taxis es que las primeras sólo pueden operar con contratación previa, de manera que la captación de clientes en plena vía es exclusividad de los taxistas. En el resto de cuestiones, ambos gremios se rigen por la misma regulación. Y ahí es donde están las mayores discrepancias.

Los taxistas piden que se establezca un tiempo mínimo de antelación para la contratación de un VTC , ya que consideran que con las actuales aplicaciones móviles se pueden encargar estos vehículos con inmediatez y eso supone una competencia directa con su sector. En este punto, el Ayuntamiento ha propuesto ya varias veces a las asociaciones que se adapten a las nuevas tecnologías e incluso ha impulsado la licitación de una aplicación similar a la de las plataformas VTC para los taxis sevillanos. Sin embargo, las entidades que representan a este gremio reclaman que este asunto se regule con claras diferencias entre ambas fórmulas.

En esa mesa de negociación, de momento, no estará Unauto, entidad que representa a las principales empresas de VTC, pero las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que las administraciones no están dispuestas a ceder en todas las reclamaciones de los taxistas y que, en el caso de los violentos que boicotearon el mitin de Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache, no habrá posibilidad de diálogo.

Los juristas del PSOE están estudiando los supuestos que recoge la Ley de Régimen Electoral General en los que los empleados públicos pudieran cometer un delito, ya que entienden que la manifestación de los taxistas que impidió el mitin de la candidata socialista podría encuadrarse en las infracciones de «abuso de oficio o cargo» , en las que se considera un hecho delictivo «alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio», así como todas las acciones que «causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato».

La Policía logró identificar a todos los participantes en esta algarada y el partido pretende denunciar estos sucesos acogiéndose a la citada ley, en cuyo caso el Ayuntamiento tendrá que abrirles expedientes y podría retirarles sus licencias. Como ya adelantó ABC, ésta es la intención del gobierno de Juan Espadas con los participantes en esta manifestación, ya que se trata principalmente de miembros reincidentes de la asociación Solidaridad del Taxi , que pretende imponer un monopolio en el aeropuerto de Sevilla y que está siendo investigada actualmete como «organización delictiva» por supuestos delictos de coacción y amenazas, entre otros. Varios componentes de esta entidad están acusados de agredir a conductores de VTC que llevaban a clientes al aeropuerto e incluso de perseguir al director de San Pablo para obligarle a ceder en sus exigencias.

Ninguno de estos investigados participará en la mesa de diálogo.