El Ayuntamiento de Sevilla elude la normativa para mantener los contratos de una treintena de interinos

Hasta tal punto, de hecho, que el propio Consistorio tendrá que recurrir sus propios dictámenes por la vía contencioso-administrativa, como obliga la Ley.

Ha ocurrido en el procedimiento que el ejecutivo local está llevando a cabo para mantener los contratos del personal que trabaja en el llamado Plan Concertado de Bienestar Social , un grupo de unos treinta interinos que realizan trabajos esenciales con cargo a programas cuyos fondos no son municipales sino procedentes del Estado o la Junta de Andalucía.

Este personal ha ido cubriendo puestos desde los que se prestan servicios esenciales vinculados con los asuntos sociales, tanto que con el paso de los años se han convertido en un elemento estructural de la propia plantilla municipal a pesar de tratarse de contratados temporales.

Pero la reforma de las administraciones locales puesta en marcha por parte del Gobierno central de Mariano Rajoy y la entrada en vigor de la llamada «Ley Montoro» en la anterior legislatura obligó a limitar a tres años la labor de estos interinos que trabajan con cargo a programas concretos.

Como la fecha vencía y las nuevas normas apremiaban a cesar a todos estos empleados, el gobierno municipal anterior, el de Juan Ignacio Zoido , dictó una resolución en la que se iban poniendo las bases para acabar con esa situación mediante trasvases de personal, nuevas plazas o, directamente, recorte de los puestos que estaban copados por estos trabajadores desde hace años.

Pero la «patata caliente» ha llegado hasta el actual mandato y el nuevo equipo, el del socialista Espadas, ha optado por variar esa hoja de ruta a raíz de dos recursos que interpusieron un par de trabajadoras a la resolución municipal que se dictó para acatar la ley estatal e ir eliminando dichos puestos. Estas dos empleadas recurrieron la iniciativa normativa del anterior ejecutivo local y el actual ha salido en su ayuda, aunque mostrando lagunas importantes.

De este modo, el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento respondió a esas reclamaciones de las trabajadoras con nuevas resoluciones que dejaban sin efecto la que promovió el gabinete de Zoido y haciendo ver que los operarios afectados pueden seguir ejerciendo su labor a pesar del nuevo marco legal. Los escritos de Recursos Humanos, eso sí, necesitan del informe pertinente de la asesoría jurídica y del funcionario mayor del Ayuntamiento, el secretario, y ha sido ahí donde han llegado llamativos reveses jurídicos.

Y desde ambos flancos. El informe del secretario, Luis Enrique Flores, es especialmente duro y llamativo, ya que lo encabeza criticando una «falta de consideración, en términos suaves, que debe ponerse de manifiesto» a causa de la premura con la que ha tenido que trabajar para elaborar su dictamen, que tuvo que estar en sólo unas horas, al trasladársele la documentación el mismo día en que se debía aprobar el asunto en la Junta de Gobierno local. «Para evitar la caducidad del procedimiento, se emite este informe», aclara el secretario junto a la queja por las presión temporal.

Pero, además de la falta de respeto, Flores, alude a una «situación cuanto menos insólita en la Administración» al tomar el Ayuntamiento una decisión radicalmente distinta a la adoptada dos años antes y con argumentos contradictorios, resultando «meridianamente clara» la situación de «ilegalidad de la actuación» del ejecutivo de Espadas. Tras recordar que se hace caso omiso a las sentencias y al marco legal con respecto a los contratados temporales, el secretario expone que la decisión resulta «lesiva para los intereses del Ayuntamiento».

Los documentos de la asesoría jurídica apuntan en la misma dirección, resaltando que los movimientos de Recursos Humanos son «contrarios a derecho» y que, mientras se revisa, «el personal afectado puede seguir desempeñando las funciones para las que fueron nombrados, percibiendo las correspondientes retribuciones». Así, en lugar de buscarse una solución pacífica y, sobre todo, legal para esos trabajadores afectados, se han emitido resoluciones con cierta arbitrariedad y que han resultado lesivas para los intereses municipales después de un proceso de revisión de oficio iniciado por exigencia de la Asesoría Jurídica, la Intervención y la Secretaría.

Este proceso caótico, con escasa previsión y contrario al ordenamiento jurídico, ha obligado a Espadas no sólo a tener que declarar «lesivos» sus propios actos sino a recurrirlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Mientras se busca una solución a los trabajadores del Plan Concertado, y para que puedan seguir cobrando sus nóminas, el Pleno tuvo que aprobar varias medidas de excepción levantando un reparo al dictamen del interventor.