El alto precio por indagar sobre los compañeros

La fiscal, que respondió duramente a cada intervención de los letrados de los acusados, salió en defensa de estos funcionarios policiales porque a su juicio «se han visto sometidos a una campaña de acoso laboral, que ha conseguido que estén fuera de sus puestos de trabajo y de baja laboral. Y sólo por hacer un gran trabajo de investigación».

El Ayuntamiento de Sevilla está personado en el procedimiento como acusación, aunque también puede acabar condenado como responsable civil subsidiario, al tener que hacer frente a las consecuencias administrativas y económicas de anular el resultado de las oposiciones en lo concerniente a los acusados.

Por eso, la postura que debe mantener el letrado del Consistorio es complicada. Durante la sesión de ayer intervino para contradecir a la fiscal cuando se refería a la situación laboral de los agentes del grupo de asuntos internos disuelto. El letrado negó que el Gobierno local desmantelara el equipo o que los funcionarios policiales, que se vieron obligados a trabajar junto a las mismas personas que habían estado investigando, hubieran sufrido represalias por orden municipal. Un cruce de argumentos muy inusual entre acusaciones .

El Ayuntamiento tomó esta decisión, muy demandada por el sindicato Sppme, que se había visto salpicado por las investigaciones internas. El argumento oficial es que esa unidad no estaba contemplada en la relación de puestos de trabajo de la plantilla. Una razón que no ha impedido que otras unidades siguieran funcionando.