El alcalde de La Roda, desautorizado por la Justicia por su antisemitismo

El auto, firmado por un juez de lo Contencioso Administrativo el pasado martes al que ha tenido acceso ABC, da la razón a un ciudadano residente en España de origen judío que llevó a los tribunales ese acuerdo municipal porque creía que vulneraba derechos fundamentales. Ahora, de forma cautelar y a la espera de una próxima sentencia tras un juicio sobre derechos fundamentales, el juez suspende la decisión del pleno del municipio .

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, gobernado por el alcalde de IU Fidel Romero, aprobó ese boicot como «una moción de condena contra Israel por crímenes contra la humanidad y genocidio hacia el pueblo palestino». Fue una decisión que se sumó a la campaña internacional de "Boicot, Desinversiones y Sanciones" contra Israel y la moción se remitió al Presidente del Gobierno, a la Junta de Andalucía, el Congreso, el Parlamento europeo y las embajadas de Israel y Palestina en España,

El Consistorio, en un pleno celebrado en julio de 2014, decidió por unanimidad «no fomentar intercambios de tipo económico, institucional, académico y cultural con Israel hasta que no se cumplan las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y el derecho internacional finalice la ocupación de Israel de los territorios ocupados palestinos, se garantice el derecho de retorno de los refugiados palestinos, se ponga en libertad a los presos políticos, de manera tal que sea reconocido en la práctica, el derecho del pueblo palestino a tener un estado propio, independiente y soberano».

Ahora la Justicia da el primer paso para anular definitivamente ese acuerdo similar al de otros ayuntamientos de España . En este caso se da la razón al español de origen judío que alegó que ese boicot a instituciones y representantes del Estado de Israel «se extiende a los ciudadanos israelíes por el sólo hecho de su vinculación a dicha nación, impidiendo el acceso a la contratación pública de productos, bienes o servicios de las empresas». Y considera que supone una «vulneración de derechos fundamentales tales como la igualdad ante la ley, a no ser objeto de discriminación, a no ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o creencias, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, a la producción literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a las libertades públicas de los extranjeros en España».

El juzgado sostiene que la moción «ha rebasado su ámbito competencial en materia de contratación» que corresponde exclusivamente al Estado al establecer «la censura previa» sobre todo tipo de intercambio económico, institucional, académico y cultural con Israel. Según la resolución, esa censura previa establecida «es susceptible de vulnerar múltiples derechos fundamentales como los de no discriminación e igualdad de trato, libertad de expresión o libertad de cátedra» en la misma línea que ya se han pronunciado otros juzgados. De hecho, hay otras resoluciones de Valencia, Santiago de Compostela, San Adriá de Besos y D’Olesa de Montserrat en Barcelona o Rivas Vacia Madrid.

En el caso de La Roda, el juez recuerda el peligro que supone la demora en resolver ya que el boicot ya está en marcha y el alcalde, Fidel Romero ha dado instrucción a la unidad de compras prohibiendo adquirir esos productos y ordenando rechazar los que comiencen con el código de barras que identifica a las empresas de Israel.

De hecho, en las actuaciones, una demanda de casi 200 folios, hay varios vídeos. En uno de ellos interviene el alcalde explicando que «la moción está aprobada y se está llevando a cabo y además con un mandato del alcalde a las distintas áreas del Ayuntamiento de compras que se lleve a cabo, para que se concluya». En otro aparece un trabajador en un almacén comprobando el número del código de barras de un producto y cotejándolo con una lista en la que el código de Israel aparece subrayado. Hay otro documento municipal en el que se lee la expresa prohibición y se invita a empresas y comercios a que se unan a este boicot.

«Es obvio que el boicot se está ejecutando» y que el alcalde «hace ostentación del mismo», dice el juez que estima la pretensión del ciudadano: suspende cautelarmente el boicot y deja sin efecto el acuerdo municipal imponiendo al Ayuntamiento las costas. La sentencia definitiva en unos meses.