Alaya cree que el «clientelismo político» ha favorecido que sólo haya gobernado el PSOE en Andalucía

Sobre los rumores que circulan sobre su hipotética entrada en la política, la juez lo ha negado con rotunidad al decir que tiene vocación de servicio público. Asimismo, ha criticado «las puertas giratorias» que usan jueces para entrar en política. «Deberían limitarse y que al menos esos jueces no volvieran a la jurisdicción penal o contencioso administrativa», ha puntualizado.

Sobre su posible ascenso a la Audiencia Nacional , la juez ha dicho «que no sé por dónde irán mis derroteros en mi cabeza, pero no me lo he planteado». A preguntas del público sobre las repercusiones que tendrá en su carrera las denuncias hechas, ha admitido que «seguro que sí» pero anuncia que «continuará» para intentar cambiar las cosas.

En lo que respecta al caso Gürtel , no ha querido pronunciarse al conocer el procedimiento sólo por la Prensa. Tampoco ha querido compararlo con el caso de los ERE, aunque ha precisado que el caso de la Gürtel en la que se habla de responsabilidad a título lucrativo del PP «no es un tema penal».

«La corrupción que yo he instruido es importantísima numéricamente y afecta a alto, bajos y medios estamentos de la sociedad andaluza. ¿Que Andalucía no tiene la trascendencia de Madrid? Eso es evidente y no trasciende al resto de España como el caso de la Gürtel».

Sobre las fianzas que impuso como instructora para garantizar las responsabilidades penales, ha expresado su estupor por el hecho de que el Gobierno andaluz haya renunciado en el procedimiento penal de los ERE a recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dadas presuntamente de forma irregular. «¿Cómo se quedan ustedes al saber esto? Igual que me quedé yo».

La magistrada ha reconocido que los casos de corrupción son tan numerosos en este país «que necesitamos un endurecimiento de las penas para que los ciudadanos tengamos la garantía del que la hace, la paga».

Asimismo, ha censurado que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son ahora elegidos por los distintos partidos políticos, por cuotas, «con lo que tenemos el poder político metido dentro del poder judicial» . A ello se une, ha indicado Alaya, que el Consejo General del Poder Judicial depende económicamente del poder ejecutivo porque no tiene autonomía presupuestaria.

En su opinión, «los altos cargos de la cúspide judicial se eligen por afinidad política. A mí me consta que a los miembros del Supremo les preguntan qué harían en determinados procedimientos judiciales. Esto es muy grave que ocurra en España ». En este sentido, ha manifestado haber sufrido y comprobado absolutamente esa injerencia del poder político en sus instrucciones cuando se ha criticado sus resoluciones judiciales en la Prensa por políticos, entre ellos Alfonso Guerra .

Incluso, se ha atrevido a decir que el poder político siempre le va a interesar poner a «personajes débiles» al frente de altos tribunales, como el Supremo, las audiencias o los tribunales superiores de justicia. Entre el público atenta la escuchaba Clara Martínez de Careaga , vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y magistrado del Tribunal Supremo.

La magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha recordado que a elección del Fiscal General del Estado es elegido directamente por el Gobierno y, «en este caso, no eligen a personas por su excelencia profesional, sino personas por afinidades políticas, a personas que estén dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno». La instructora de los ERE ha añadido que el Fiscal General del Estado es el que nombra a todos los fiscales jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el Gobierno», lo que -a su juicio- puede afectar a cualquier procedimiento judicial en marcha.

Sobre la obediencia debida de los fiscales al Fiscal General del Estado, ha indicado que «los fiscales no tienen la culpa, sólo están sometidos al sistema» , aunque ha recordado «la gran valentía mostrada por fiscales que llevaron el tema de la investigación del expresidente de la comunidad de Madrid y que se negaron a seguir las instrucciones del Fiscal General del Estado, algo absolutamente excepcional».

Sin embargo, donde más ha cargado las tintas Alaya es sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha intentado por el PSOE y el PP, y que permitirá dejar la instrucción de los casos judiciales en manos de los fiscales, «una persona dependiente de las directrices del Gobierno. En un procedimiento judicial ordinario no se notaría, pero -advierte- en un procedimiento contra la corrupción es como si tuviéramos metido al lobo dentro del gallinero».

Además, la magistrada ha advertido que con esa reforma lo que llegue al órgano de enjuiciamiento serían los documentos que quieran los fiscales y no todos los existentes en la causa, como interrogatorios a imputados o el atestado judicial. «Esto es lo que se hace en países neoliberales como Estados Unidos, Alemania o Francia», según la juez, pero su puesta en marcha sería «el gran hachazo a la independencia judicial», de modo que se investigaría sólo lo que interesara. «Yo y muchos jueces no queremos esto para nuestro país», ha dicho Alaya.

A Mercedes Alaya le gustaría que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez reformara el sistema de elección de los vocales del CGPJ «pero -ha dicho- ahora mismo tendrá que atender asuntos de mayor urgencia» y además «las condiciones políticas no son las más favorables». No obstante, ha indicado que el nuevo ministro de Justicia «tendría que tomar nota de lo que exigen los jueces y magistrados para que se refuerce la independencia judicial porque es un mandato constitucional».

La que fuera instructora de los casos de corrupción de los ERE o los cursos de formación, propone varias actuaciones para acabar con esa situación de injerencias del poder político en el judicial: que al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento; autonomía presupuestaria del CGPJ para decidir los medios necesarios; un pacto de Estado por la Justicia que impida que los partidos políticos se pongan de acuerdo para no imputar a una persona por unos hechos cometidos, «algo -ha dicho- que yo he visto en Andalucía», y que el Fiscal General del Estado sea elegido por las principales fuerzas políticas en lugar del Gobierno.

Asimismo, recomienda que «a la mayor urgencia» se elija a un Fiscal General del Estado absolutamente imparcial, ya que suele ser en la mayoría de las ocasiones el principio acusatorio, salvo que haya acusación popular en casos de corrupción. Por ello, recomienda que si no se encuentra otra manera de elección de una persona independiente para ese cargo, el Fiscal General del Estado podría ser nombrado por el Gobierno, como dice la Constitución, «pero elegido por las principales fuerzas políticas, que son tan dispares, que al final tendrían que ponerse de acuerdo en una persona imparcial».

Sobre la sentencia de la Manada y la crítica del ministro de Justicia realizó a la misma, ha dicho que «cualquier crítica que se haga a las resoluciones judiciales no es que está mal, es que es una deslealtad institucional». Ha confesado que «las manifestaciones de Rafael Catalá me incendiaron. Espero que no se vuelva a producir algo así».

La falta de medios económicos y personales que padece el poder judicial han sido puestos de nuevo sobre la mesa por esta combativa juez, que ha traído a colación la falta de medios que sufre ella misma, ya que tiene que trabajar con otros cuatro magistrados de la Audiencia «metidos» en una sala de apenas 12 metros cuadrados. «Sin embargo -matiza- la única reforma que se ha realizado en la Audiencia ha sido para reformar los baños para que los políticos que iban a declarar hicieran sus necesidades en unos baños en condiciones».