Retos judiciales para 2023: el traslado a Palmas Altas, clave para Sevilla, que necesita 21 juzgados

La mudanza a los edificios de la antigua sede de Abengoa se antoja clave para la mejora de la planta judicial de Sevilla, especialmente en cuanto a lo referente a infraestructuras y capacidad de albergar nuevos órganos judiciales de futura creación, decisión que corresponde en última instancia al Gobierno de España. Si bien, esto pasa por la construcción de un nuevo edificio en Palmas Altas, como se contempla en el proyecto de la Junta.

Aunque aún no hay fecha concreta para el inicio de los trabajos de mudanza a la Ciudad de la Justicia, José Antonio Nieto detalló los últimos días de diciembre la creación de un grupo de trabajo con el sector de la Judicatura sevillana y la celebración de una primera reunión durante este mes de enero para «ordenar los plazos» de los primeros traslado de juzgados a Palmas Altas. Sólo en Sevilla capital hay más de 60.000 metros de techo de sede judicial con «infinidad de documentos muy sensibles», por lo que reconoció que el traslado será un «proceso complejo».

El grupo de trabajo que se va a conformado, en el que estarán presentes, entre otros, el Colegio de Abogados, busca que los profesionales de la Judicatura «aporten ideas» con las que «mejorar» la operación de traslado a la que será la segunda Ciudad de la Justicia más grande tras la de Barcelona y unas de las más modernas de Europa.

No hay fecha para la reunión de este grupo de trabajo, como han precisado a este periódico fuentes de la propia Consejería como el juez decano, quien ha matizado incluso que tampoco se ha formalizado dicho grupo.

El traslado a Palmas Altas se prevé como la gran transformación judicial de la capital andaluza, aunque no hay que olvidar que no será un proceso rápido, sino que llevará años pues contempla la construcción de un nuevo edificio judicial en terrenos adyacentes a la antigua sede de Abengoa.

En este sentido, el juez decano considera relevante conocer ya la fecha de los traslados de los primeros juzgados de lo Contencioso-Administrativo para que el normal funcionamiento de éstos no sufra alteraciones en señalamientos y citaciones de cara a los próximos meses. Los jueces de esta jurisdicción deben conocer dónde han de citar a los profesionales y los ciudadanos. «No nos han concretado nada».

Ésta no es la única novedad que trae el año 2023 en la planta judicial de Sevilla, aunque sí la más trascendente. Recientemente el Ministerio de Justicia informaba de la creación del Juzgado de Primera Instancia número 31, el Juzgado de lo Mercantil número 4 y una nueva plaza de magistrado para la Sección Octava (civil) de la Audiencia.

Además, el Ministerio acordó convertir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 en el Juzgado de lo Social número 14. Esto a pesar de la oposición de la judicatura sevillana, consciente de las carencias y deficiencias de la planta judicial en la capital. Tampoco la Junta compartía la decisión de eliminar un juzgado de lo Contencioso, cuya recuperación reclamará este año al Gobierno central.

Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es la administración competente en materia de Justicia para dotar de infraestructuras a este servicio público. Según el consejero José Antonio Nieto, los dos nuevos juzgados de Sevilla estarán en marcha el 1 de junio del año en curso.

Si bien, en palabras del decano de los jueces de Sevilla, el anuncio de estos nuevos juzgados no supone más que un nuevo «parche». «No se quiere una Justicia de excelencia», ha añadido en referencia a la decisión de convertir un juzgado de lo Contencioso en uno de lo Social, en lugar de crear uno nuevo en el orden de lo Contencioso, que iba «estupendamente». Lo que se ha hecho es «desvestir un santo para vestir otro». «La Justicia es la hermana pobre de los ministerios», según Óscar Fernández León, decano electo de los abogados.

Desde el Decanato de los jueces de Sevilla «hay que estar todos los días acudiendo a soluciones de parches para poder dar respuestas» a los problemas para impedir que se suspendan los señalamientos. «Hay que acudir constantemente a jueces externos y jueces de adscripción territorial, en lugar de iniciar un proyecto serio de refuerzos que aminore la pendencia de asuntos y el tiempo de respuesta». «Los juzgados de lo Social me preocupan, pero también los de Primera Instancia o los penales», ha añadido Guerrero.

La radiografía que hace el juez de cano de la planta judicial de la capital arroja una conclusión clara: urgen 21 nuevos órganos judiciales. «Al menos», precisa Guerrero. Hace falta un juzgado de Instrucción más y mantener el de refuerzo actual hasta que se concluya la instrucción de las macrocausas en el de Instrucción 6; pide cuatro juzgados de lo Penal más e incrementar la plantilla de funcionarios; siete de Primer Instancia, uno de ellos de Familia; recuperar el Contencioso-Administrativo eliminado; seis de lo Social (en este caso el Consejo General del Poder Judicial ve necesario cinco); y dos de lo Mercantil, con una carga «abrumadora» de procedimientos concursales.

Este análisis es compartido por Óscar Fernández León. A la falta de juzgados, sobre todo en lo Social, y los retrasos en las celebraciones de vistas orales o dictado de sentencias, con un problema diagnosticado en los penales, Fernández León añade la dispersión judicial, que deja una situación «muy mejorable».