Política municipal
Las paradojas del PSOE y el PP con la Ley de Capitalidad para Sevilla
La Junta de Andalucía aceptó hace un año una mesa trilateral, con Estado y Ayuntamiento
El Ayuntamiento mantiene una estructura administrativa «de pueblo»
Sevilla
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Iniciar sesiónLa Ley de Capitalidad es un asunto pendiente que tiene la Junta de Andalucía con la ciudad desde hace 40 años. Se trata de un régimen diferenciado a nivel de financiación por el hecho de ser la capital de la comunidad autónoma que ningún ... gobierno andaluz se ha atrevido a afrontar, como sí se ha hecho en otras regiones de España, para evitar despertar los clásicos recelos entre las otras ciudades. Esto, que han defendido todos los alcaldes de Sevilla, del PSOE o del PP, quiso impulsarlo Antonio Muñoz nada más hacerse con la Alcaldía tras la marcha de Juan Espadas.
El exalcalde y hoy portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio logró que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atendiera en parte a su petición, reuniéndose con él en el Ayuntamiento y sentando las bases de una comisión trilateral en la que se definiese ese trato diferenciado para la capital, en la que también debía estar el Estado.
Sin embargo, lo paradójico es que el mismo alcalde que pedía la Ley de Capitalidad para Sevilla desatendió los requerimientos que la propia Junta le hizo para que adaptase el organigrama municipal a la Ley de Grandes Ciudades a la que está acogida.
Ayer, el actual regidor popular, José Luis Sanz, criticó que el PSOE sacase la Ley de Capitalidad «en plena campaña electoral para confrontar a la Junta de Andalucía», una reivindicación histórica que atribuye al PP, que su partido viene solicitando desde 2007. Se alegró, irónicamente, de que el PSOE, «tras haberla bloqueado durante 40 años en la Junta de Andalucía y no haber puesto ningún interés durante estos últimos años de gobierno de Espadas y Muñoz» la pusiera de nuevo sobre la mesa ante un Gobierno andaluz del PP.
Muñoz impulsó esta Ley, que apenas era un esbozo al perder la Alcaldía en las elecciones del 28M, porque a su juicio se trataba de un reconocimiento institucional a una ciudad que presenta tremendas carencias en infraestructuras y de aporte presupuestario por parte de los distintos gobiernos y que, con la citada comisión, se podría negociar al mismo nivel que el resto de administraciones sus reclamaciones. En esta mesa debían sentarse el alcalde, la ministra de Política Territorial y el consejero que designase el presidente andaluz, y sacaría del 'barro político' estos debates en busca de una fórmula para garantizar consensos y acuerdos más allá de los colores políticos.
Sin embargo, ayer la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, se lamentó de que el alcalde José Luis Sanz «haya rechazado continuar los trabajos ya iniciados con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, avalados por el Pleno municipal».
Además de la paradoja de que haya sido el PSOE quien tratara de impulsar esa Capitalidad tras 40 años negándola en el Gobierno autonómico, y tras no adaptarse a otra Ley creada para modernizar la administración local de las grandes ciudades; está una segunda: el PP, que fue quien trató de que Andalucía le reconociese a Sevilla ese trato diferenciado, ahora no lo considera prioritario.
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