El Ministerio de Justicia indemnizará con 60.000 euros a una profesora sevillana que fue víctima de abusos sexuales por el entonces decano de Ciencias de la Educación de Sevilla, Santiago Romero, por las dilaciones indebidas en el procedimiento judicial. La abogada Amparo Díaz ... Ramos asegura que se trata de una actuación muy novedosa «porque esas indemnizaciones sólo se conceden a personas que pasaron algún tiempo en prisión y resultaron finalmente absueltas y no a víctimas que sufrieron retrasos injustificados en sus procesos por parte de la Administración de Justicia, como fue el caso de mi defendida».
La Audiencia de Sevilla consideró probados los abusos y el acoso sexual y condenó al catedrático, aunque se le redujo su pena de siete años y nueve meses a dos años y nueve meses de cárcel, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, esto es, el elevado tiempo transcurrido entre los hechos y el fallo judicial.
Amparo Díaz Ramos cree necesaria una reflexión al más alto nivel judicial sobre los abusos sexuales y cómo se está aplicando en el Código Penal el tema de las dilaciones indebidas. «Mi defendida siempre ha reclamado que no se normalicen las dilaciones indebidas como coartada para beneficiar a las agresiones y perjudicar a las víctimas y creemos que esta resolución puede servir a otras víctimas de violencia sexual y violencia de género«, dice.
Laura, una de las víctimas del exdecano, pidió esa indemnización porque la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional no se pudo ejecutar. Romero nunca entró en la cárcel y acabó beneficiándose de un caso en el que, según la resolución, los tribunales no aplicaron la diligencia debida ni la perspectiva de género.
Un juzgado penal de Sevilla condenó inicialmente al ex decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla a casi ocho años de prisión por abusar sexualmente de tres profesoras en diferentes momentos entre 1.997 y 2009. Posteriormente, la Audiencia de Sevilla rebajó esa condena y cuando el Constitucional amparó a una de las víctimas, ya no fue posible ejecutar la resolución.
El ex decano y catedrático estuvo dando clases hasta que se conoció la primera sentencia. La Universidad de Sevilla acabó reconociendo que había dado un tratamiento simétrico a víctimas y al condenado, a pesar de las denuncias internas de quince profesores.
El Ministerio reconoce el funcionamiento anormal de la justicia en este asunto y ordena indemnizar a una de las mujeres víctimas por el daño que han causado las dilaciones.
Admite así, que Laura- única de las víctimas que acudió al Ministerio, a instancias de su abogada- se ha visto perjudicada en su trabajo después de sufrir los abusos y frustrado su derecho a que se haga justicia.
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