El Ministerio de Defensa ordena el desahucio de vecinos de un bloque de viviendas del barrio de la Pirotecnia de Sevilla

Dicho inmueble fue construido por el Instituto Nacional de la Vivienda en la década de los cuarenta para empleados civiles del Servicio Militar de Construcciones. Ubicado en el número doce de la avenida Diego Martínez Barrios de Sevilla y conformado por 40 pisos, en su mayoría de 45 metros cuadrados. Presenta instalaciones viejas, tal es el punto, que la habitabilidad roza la precariedad: los husillos de los patios interiores de la comunidad están tapados con azulejos, las cubiertas se encuentran en mal estado, las bajantes están destrozadas y hay presencia de ratas en las zonas comunes del edificio.

Cabe mencionar que, hace dos años, la comunidad estuvo durante más de treinta días sin suministro de agua debido al proceso de cambios de los contadores de agua, con el objetivo de individualizarlos. Un edificio de «infraviviendas» situado a escasos metros de El Porvenir, una de las zonas con más alto valor inmobiliario de Sevilla. Según el portal Idealista, en marzo de este año el precio por metro cuadrado en dicha área alcanzaba los 3.330 euros. A todo ello hay que sumarle la escasez de suelo disponible para la construcción de nuevas promociones en la zona.

En este sentido, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), perteneciente al Ministerio de Defensa, es el responsable de gestionar dicho inmueble, donde la mayoría de los vecinos fueron trabajadores civiles del Servicio Militar de Construcciones o sus descendientes. Salvo cinco inquilinos que ya han comprado los pisos al Instituto de Vivienda del Ministerio y son propietarios. Este organismo ha ofrecido a todos los residentes la opción de comprar los pisos por un precio que oscila entre los 72.000 y los 60.000 euros.

Vicente López es hijo de un trabajador del Servicio Militar de Construcciones. Su padre trabajó en el «mal llamado» Canal de los Presos, «porque allí nunca hubo un preso». Nunca le pagaban dieta porque él tenía un «piso». Para Vicente y otros vecinos, estas viviendas están más que pagadas por el trabajo de sus ascendientes.

Sin embargo, el Instituto de Vivienda de Defensa no subraya esta contraprestación. Es más, según Vicente López, él ha llegado a interponer una denuncia por coacciones ante la Policía Nacional debido a las «presiones» ejercidas a los vecinos, desde hace años, por parte de esta institución.

Así, Vicente López recuerda una de las últimas opresiones, recogidas por este periódico, donde dejaron a los vecinos durante más de treinta días sin aguas en sus viviendas debido al proceso de cambios de contadores de agua. Hasta entonces el agua consumida la pagaban todos los vecinos de forma conjunta. No existía comunidad porque no son dueños de sus casas. Y si alguno no podía pagar por cualquier circunstancia, el Invied cargaba esa cantidad entre los buenos pagadores.

La explicación que dio Vicente López a esta situación de familias sin agua fue que todo se debía a una cuestión burocrática por falta de documentación que acreditase la relación entre los inquilinos y el inmueble. En el piso de Vicente López, que el Servicio Militar de Construcciones concedió a su padre hace más de seis décadas, vivía su padre hasta hace menos de cinco años, que falleció con más de cien años de vida. Junto a él, vivía el hermano de Vicente, quien durante esos días tuvo que tirar de botellas de agua para hacer vida en el piso.

Asimismo, Vicente López asegura con tristeza que la situación de presión ha llevado a algunas familias a tomar la decisión de abandonar el inmueble. Entre los casos que recuerda con más pesar está el de una mujer de 93 años, en silla de ruedas, que se fue a vivir con una amiga a Torreblanca.

Ahora, el Instituto de Viviendas de Defensa vuelve a cargar contra los vecinos del número 12 de la avenida Diego Martínez Barrios. El pasado 27 de marzo, Vicente López recibió una notificación judicial en la que el Ministerio de Defensa le comunicaba el inicio del procedimiento de desahucio de su vivienda, el cual, según el escrito, se llevará a cabo el próximo 29 de abril de 2025 a las 10,00 horas de la mañana.

Una vivienda que, en la carta, describen como «militar», pese a que ninguno de los inquilinos ha sido militar, pues el edificio, como ya se ha señalado, fue construida para empleados civiles. Vicente López teme que su caso siente un precedente y vaticina el peor de los escenarios para esta comunidad, advirtiendo que, si se ejecuta el desalojo de su vivienda, «detrás irán todas las demás».