Malestar entre los abogados de Sevilla por los cambios en la Mutualidad: pensiones de menos de 500 euros tras 30 años de ejercicio

El objetivo de esta plataforma de afectados, como trasladan a ABC, es abrir un debate y buscar soluciones para garantizar el derecho a los abogados a unas pensiones dignas, pues «muchos compañeros ni pueden ni van a poder jubilarse dadas las reducidas pensiones con las que van a contar».

Según explica dicha plataforma en Sevilla, hasta el año 1995 los abogados «sufrimos una discriminación» en relación al resto de la población, pues no podían elegir como sistema de jubilación el público, lo que habitualmente se conoce como régimen de autónomos o RETA. «Se nos obligaba, como única opción posible, a adherirnos a un sistema privado, la Mutualidad de la Abogacía», subrayan.

En los años posteriores se abrió la posibilidad de optar por uno u otro sistema, pero «desde las estructuras institucionales de la Abogacía, que no dejan de ser entes públicos, se potenciaba y recomendaba, en ocasiones apelando a la solidaridad con los compañeros que ya estaban integrados en la Mutualidad (a día de hoy se sigue haciendo), la permanencia dentro de este sistema y la elección de la misma para los nuevos colegiados».

«Nos aseguraron mejores prestaciones y pensiones ligeramente superiores a las del RETA para pagos a lo largo de la vida profesional similares. Pero la Mutualidad, por nueva reforma legal, dejó de asegurar pensiones vitalicias equivalentes al RETA, para constituir en esencia un plan de pensiones individuales, que con el tiempo comprobamos que no está dando los resultados prometidos, se encuentra muy lejos de lo asegurado y facilita pensiones vitalicias ridículas», denuncian desde la plataforma.

Y el escenario se agrava ahora con una nueva reforma legislativa, «sin contar con la opinión del colectivo afectado», los abogados mutualistas, «imponiéndose desde el Estado nuevas reformas legales cuya única finalidad es la de aumentar las cotizaciones o aportaciones a un sistema que no está funcionando adecuadamente».

Uno de los objetivos de esta plataforma es suspender la asamblea general de la Mutualidad de la Abogacía del 17 de junio, donde se van a abordar esta cuestión, donde acudirá una representación de la abogacía de Sevilla, once abogados más el decano, Óscar Fernández León.

Entre las reivindicaciones de este movimiento de afectados está la mejora fiscal en fase de jubilación, esto es, que la Mutualidad de la Abogacía para los profesionales que la tienen como sistema alternativo al RETA no puede ser considerada un simple plan de pensiones complementario. Los importes acumulados son escasos y en la mayoría de los supuestos permiten unas rentas mensuales (pensión) muy reducidas.

De otro lado, piden una ventana puntual y voluntaria para que los mutualistas que lo deseen puedan recuperar sus aportaciones con destino al RETA y canjear su capital acumulado por años de cotización. En este sentido, se computarían los años de cotización en la Mutualidad y se convertiría el capital acumulado en bases de cotización al RETA. Se trata de una cuestión a negociar y convenir entre las tres partes involucradas, Mutualidad, Estado y mutualistas.

Insisten en que esta cuestión constituye un problema social que debe ser abordado. Y por eso este movimiento en Sevilla pone el foco en el Colegio de Abogados porque consideran imprescindible su respaldo e implicación en este asunto. Exigen que el Colegio se oponga a la adaptación que a esta reforma legislativa hace la Mutualidad y que someterá a votación en la asamblea del 17 de junio. Están recogiendo firmas, necesitan «mil», entre los abogados sevillanos para pedir una junta extraordinaria del Colegio, lamentando que la entidad colegial «vaya de la mano» de la Mutualidad, algo de lo que discrepa el propio decano, en declaraciones a ABC: «Una cosa es la Mutualidad, un régimen especial, y otra bien distinta el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla».

Precisamente, este colectivo de afectados le hizo llegar a Óscar Fernández León un escrito el pasado 30 de mayo donde exponían su preocupación ante la adaptación a esta reforma legislativa que viene a modificar el régimen de cotización para los autónomos a partir del 1 de enero de 2014», y recogía una serie de peticiones.

La plataforma solicitaba al decano una junta de gobierno para requerir a la Mutualidad una serie de cuestiones en favor de los mutualistas afectados, como la suspensión de la asamblea del 17 de junio y que el Colegio se posicionase en contra de la misma en caso de celebrarse.

Asimismo, los afectados pedían al decano una comisión de estudio de esta problemática, una consulta institucional a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, y, por último, instar al Consejo General de la Abogacía Española para elevar consulta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para integrar a los mutualistas en el régimen de autónomos.

Este periódico ha tenido acceso a la respuesta del decano al Movimiento #J2. «Es una cuestión de primer orden para la junta de gobierno, cuyos miembros en su práctica totalidad son mutualistas», y desde el Colegio se fomentará toda iniciativa que pretenda un cambio legislativo que redunde en beneficio de sus colegiados.

La junta de gobierno se ha reunido ya dos veces, el 23 de mayo y el 31 de mayo, para abordar este panorama y se han adoptado algunas cuestiones como una reunión con los representantes de los mutualistas afectados que se han dirigido al decano para buscar una solución conjunta.

El pasado 24 de mayo se mantuvo dicha reunión y se creó un grupo mixto de trabajo. Se va a dar traslado a la Mutualidad de las reivindicaciones que se han planteado por los afectado, como la suspensión de la asamblea general del 17 de junio.

Además, el próximo martes, día 6 de junio, el Colegio de Sevilla acogerá una reunión entre el director general de la Mutualidad y todos los colegiados mutualistas, quienes, al ser los legitimados para ello, podrán pedir la conveniencia de suspender o anular la asamblea del 17.

La situación que viven los mutualistas, según la respuesta del decano, ya la han puesto en conocimiento y es objeto de estudio y análisis en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca). El pasado 29 de mayo hubo otra reunión entre el grupo de trabajo y los representantes de los afectados.

Se ha encargado un informe de un especialista técnico en la materia para contar con una opinión legal sobre, aunque la plataforma de afectados insistieron en que fuera «un técnico imparcial e independiente». Y el Colegio ha elevado al presidente del Cadeca una petición para que dicho informe se solicite en todos los colegios.