La ley del 'sí es sí' de Irene Montero se le termina de volver en contra: tres de los cinco miembros de la Manada se benefician de ella

Todo ello, a merced de la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí', de la que derivan ya más de mil rebajas de condena por la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo y la máxima legislativa de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo.

En sendas resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) -ayer el Gobierno de la comunidad anunció que estudiará el recurso-, la Sección Segunda de la Audiencia provincial considera «jurídicamente obligado» seguir la doctrina jurisprudencial dictada en julio de 2024 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que entonces confirmó la rebaja de 15 a 14 años decretada en septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para el primero de los cinco condenados que lo solicitó, que fue Ángel Boza.

Inicialmente, los jóvenes sevillanos de 'la Manada' fueron condenados por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a nueve años de prisión cada uno de ellos por un delito de abuso sexual, pero después el Tribunal Supremo (TS) revocó dicha sentencia inicial y condenó a todos ellos a 15 años de prisión por un delito continuado de violación sobre la víctima de los hechos.

Y ha sido con posterioridad a la entrada en vigor de la ley impulsada por Irene Montero cuando tres de los cinco miembros del grupo se han beneficiado de una rebaja de sus condenas.

Hace ya dos años que el Gobierno de España no actualiza el registro de violadores que se han beneficiado por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', que fue redactada sin las garantías jurídicas necesarias para que no se volviera en contra del objetivo inicial, que era precisamente el contrario. De hecho, Unidas Podemos, que fue el partido que impulsó desde el Gobierno esta iniciativa legislativa, denominaron deliberadamente «código penal de la Manada» partiendo de la base de que la regulación anterior no consideraba el consentimiento de la víctima como un elemento nuclear de la respuesta punitiva.

Sin embargo, esta ley que lideró la exministra Irene Montero acabó modificando las horquillas de condena que se imponen en los delitos sexuales rebajando los mínimos. Cabe recordar que, en España, cualquier reforma penal se aplica con carácter retroactivo y en beneficio siempre del reo.

Durante su tramitación, hubo numerosas voces que advirtieron al Gobierno de que estaba legislando «en caliente» y que podía obtener los efectos contrarios a los deseados. Pero esos especialistas fueron silenciados y hasta la por entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a llamar a los medios de comunicación a no informar sobre las pretensiones de los «abogados de los violadores».

Fue en este contexto cuando desde el Gobierno empezaron las primeras presiones contra los jueces, llamándolos en este caso «machistas» y hablando de «justicia patriarcal». Críticas que luego han acabado extrapolando a otros asuntos judiciales con el «lawfare», como en los casos de corrupción del Gobierno o incluso en lo referente al 'procès' catalán.

El caso de 'la Manada', que motivó una reacción social sin precedentes, hizo que se acuñaran lemas como el «hermana, no estás sola» o «yo sí te creo». Sin embargo, la legislación que impusieron ha acabado dándosele la vuelta.