El juez vuelve a descartar «intrusismo» en el perito que analizó los móviles de Carcaño para buscar a Marta del Castillo

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informático, con su decano, Pedro de la Torre, al frente plantó batalla judicial a Huerta, aunque los tribunales le vuelven a dar un revés y el juez instructor, como ya hiciera en una resolución de 14 de marzo, persiste en el archivo de la causa en base a los argumentos que se exponen en dicho y que se dan por reproducidos para «evitar inútiles repeticiones». Ahora y tras un recurso del colegio, en un auto de 29 de mayo y al que ha tenido acceso ABC, insiste: «No se considera que estemos ante una revelación de secretos ni ante intrusismo profesional por parte de Huerta como se razonó en dicho auto». En dicho auto también resuelve una cuestión procesal, que da por zanjada, aunque no afecta al archivo de la causa.

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía acusó a Huerta de presuntos delitos de intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio por su actuación en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño.

En el primer auto, el juez explicaba la citada prueba pericial fue encargada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, donde existe una pieza para la búsqueda del cuerpo sin vida de Marta del Castillo, para «la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza».

Sin embargo, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señalaba que Huerta «no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno»; exponiendo que éste «difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías», entre otros aspectos.

«No se dio con ninguna posición novedosa en la noche de autos que permitiera dar con el cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración de su informe pericial, el querellado ha provocado nuevas actuaciones policiales infructuosas, de patente coste económico, así como la generación de falsas expectativas a la familia de Marta del Castillo, conducentes a nuevas e infructuosas acciones judiciales, con coste económico para la familia, señalaba el presidente del colegio, considerando que Huerta «únicamente pretendía dar la imagen pública de ser un perito informático de renombre, sirviéndose de un proceso judicial mediático».

Por su parte, Lazarus alegaba que el Ministerio de Justicia no requiere «ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera». «No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial», aseguraba.

Ante este escenario, el juzgado ya determinó que «en lo relativo al delito de revelación de secretos», coincide con el Ministerio Fiscal en que «difícilmente puede calificarse de secreto lo que es más que notorio, ya que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente han acudido a los medios de comunicación contando o relatando sus puntos de vista sobre los hechos» y «no parece Huerta esté contando nada nuevo»; con lo que »en modo alguno puede hablarse de relatos que infrinjan el deber de guardar silencio sobre lo que ha sido objeto de una intervención profesional».

En cuanto al supuesto caso de intrusismo profesional, el juzgado ya concluyó (argumentos que ahora no repite) determina que «no se aprecian indicios de que Huerta actuara como ingeniero técnico en informática, firmando los documentos que entregó en el Juzgado, en nombre de una sociedad sin que aparezca por parte alguna que se atribuye la condición de tal ingeniería». «La declaración de De la Torre pone de relieve que ambas partes están inmersas en una lucha por conseguir ante los tribunales una declaración o no de aptitud para ser considerados con una categoría profesional concreta», reflexiona el juez instructor, que resuelve el archivo de la causa.

El informe forense del terminal concluyó que el condenado no estuvo la noche del asesinato ni en el río ni en el vertedero de Alcalá de Guadaíra, los lugares que señaló en las primeras versiones ofrecidas a la Policía. Tampoco en la finca de La Rinconada donde se buscó también el cadáver.

La señal del teléfono, un Motorola U9, lo sitúa en el entorno del cementerio de San Fernando, cerca del Vacie y del Carrefour. De hecho, el intercambio de mensajes, hasta ahora desconocido, entre Carcaño y la chica con la que mantenía una relación sentimental, hacen alusión al mencionado centro comercial.