La juez rechaza el último intento de frenar la expulsión de los policías locales de Sevilla

En el auto al que ha tenido acceso ABC, la juez explica que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el procedimiento para repetir el caso práctico y proceder al cese de los policías que obtuvieron su plaza en unas oposiciones desarrolladas en 2012 y que ya han sido declaradas nulas por sentencia firme. La magistrada concluye que si el Consistorio ya ha iniciado todos estos trámites, «no se entiende» que la sentencia sea inejecutable.

Esta decisión de la jueza no es firme y contra ella cabe recurso en el plazo de quince días. Muy previsiblemente, la defensa de estos funcionarios policiales traten de agotar la vía y así intentar dilatar el momento de la ejecución de la sentencia.

La juez que ha rechazado el recurso recoge en su escrito el informe que remitió hace unos días el jefe de servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla al juzgado y en el que daba cuenta de los pasos que se estaban siguiendo para la celebración de las pruebas. Así, este funcionario le confirmó que la repetición del caso práctico se haría previsiblemente a finales de septiembre y que los agentes de la Policía Local afectados por la sentencia serían cesados antes.

Desde el Consistorio se explicaba que la ejecución de la sentencia «se iba a demorar hasta el mes de septiembre» por la complejidad del procedimiento y para tratar de hacer el menor daño posible a una plantilla que en temporada estival está bajo mínimos. En el escrito se mencionaba también a los opositores que habían actuado de buena fe y que, sin embargo, van a ser expulsados porque concurrieron a las mismas oposiciones junto a otros aspirantes que sí fueron investigados y señalados por la Justicia.

De los 44 agentes que obtuvieron plaza en esas oposiciones (al que se sumaría un compañero más que falleció en este largo proceso judicial), hay 34 que trabajan en estos momentos en la plantilla hispalense y sobre los que pesa el cese en próximas fechas. 33 de esos funcionarios policiales, representados por el sindicato mayoritario SPPME, sostienen en el recurso que acaba de ser rechazado que su expulsión supondría una merma significativa en la seguridad de la ciudad y un impacto para sus economías domésticas. Si bien, a día de hoy, la mayoría de los agentes que van a ser expulsados se encuentran de baja médica sin prestar servicio.