Los jueces de Sevilla se concentran este martes contra la amnistía pactada por Pedro Sánchez y Puigdemont

El acto ha sido convocado para las 13 horas de este martes por las asociaciones de jueces y magistrados y ha sido difundido por el Decanato de Jueces de Sevilla, haciendo extensible la convocatoria a fiscales, abogados o procuradores. Los colegios de Abogados y Procuradores de Sevilla ya han emitido sendos comunicados mostrando su rechazo al acuerdo entre Sánchez y Carles Puigdemont.

Ambas partes, en concreto, han acordado promover una «ley de Amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato», ley que «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos», según figura en el texto del acuerdo.

«En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», añade el texto del pacto.

Ante ello, las cuatro asociaciones judiciales --la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- firmaban días atrás un comunicado conjunto, poniendo el foco en «las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias» para expresar su «rechazo».

Explicaban al respecto que el texto del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts «contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», alertaban las asociaciones de jueces y magistrados.

Para las entidades, «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirman.