Jueces y fiscales de Sevilla advierten de que el Gobierno busca «un Poder Judicial más maleable a las presiones políticas»
Un grupo de manifestantes contra Pedro Sánchez en el exterior de la Audiencia Provincial, obliga al más del centenar de miembros de las carreras Fiscal y Judicial a reunirse en el interior del Palacio de Justicia para «desvincularse» de interferencias políticas
Jueces, fiscales, habilitados nacionales, inspectores...: «Estamos ante la demolición deliberada del Estado de Derecho»
Más de un centenar de jueces y fiscales, junto a abogados, procuradores y otros profesionales del ámbito del Derecho, han secundado este miércoles al mediodía un paro simbólico en la Audiencia Provincial de Sevilla contra las iniciativas legislativas que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez y que atentan contra la Administración de Justicia. Son dos reformas las que han levantado a la mayoría de las carreras Fiscal y Judicial: el proyecto de ley para modificar el acceso a estas carreras y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La próxima medida puede ser una huelga de este colectivo profesional, poco dado a este tipo de actuaciones reivindicativas.
Pero esta vez ven cómo el Ejecutivo central, con estas reformas, se encamina a convertir «al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente».
La concentración en Sevilla estaba prevista a las doce del mediodía de este miércoles en las puertas de la Audiencia de Sevilla, en el Prado de San Sebastián, y en la puerta del Edificio Noga, en la avenida de la Buhaira, donde se han reunido medio centenar de miembros del Ministerio Público y de la Magistratura. Si bien, la reunión de un grupo de personas muy variopinto en la puerta del Palacio de Justicia ha obligado a los jueces y fiscales a cambiar la ubicación del paro al interior del edificio, para allí leer el manifestación correspondiente. Respetando el derecho a manifestarse de todos los ciudadanos, han querido desvincularse de interferencias políticas.
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Entre este grupo de personas los había con camisetas amarillas contra la agenda 2030, antipandemia, algunos miembros de Vox,... Han proferido gritos de «Sánchez a prisión» o «los jueces no se tocan». Unos, a viva voz, se han dirigido a los jueces y fiscales para aclararles que habían venido a apoyarles, pero la decisión estaba tomada.
Este paro convocado en todo el territorio nacional por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales) ha contado en Sevilla con el respaldo del presidente accidental de la Audiencia Provincial, Rafael Márquez, el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, la mayoría de los magistrados de la Audiencia Provincial, como Mercedes Alaya o quien fuera juez decano Federico Jiménez Ballester, fiscales anticorrupción, o el decano emérito de los abogados, José Joaquín Gallardo.
El manifiesto ha sido leído por el magistrado Joaquín Yust, la fiscal Natividad Plasencia, y el magistrado Alejandro Vega, representantes de la APM, Asociación de Fiscales y Foro Judicial Independiente: «La Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía».
En dicho manifiesto pronto se recoge la primera advertencia: «Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas», haciendo referencia a las dos antes mencionadas.
El primero, «tramitado injustificadamente por vía de urgencia», es un proyecto que «no responde a demanda social alguna». Además, ha recibido un informe técnico «muy crítico» por parte el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que «va a rebajar» la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras Judicial y Fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Pero, sobre todo, «poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».
Natividad Plasencia ha sido la encargada de abordar el proyecto del futuro estatuto de la Fiscalía, cuya imagen vive un momento delicado por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque las reivindicaciones del colectivo este miércoles van más allá de esta situación inédita en el Ministerio Público.
«Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Todas estas reformas tienen lugar en «un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos», añade el comunicado.
Y es que «la existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», advierten.
Este paro, si el Gobierno no se sienta a atender las peticiones de jueces y fiscales y empezar de cero con las reformas legislativas, puede ser el precedente de una huelga. Si no se retiran los dos proyectos, «no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas».
Y ello sin olvidar lo que vienen desde hace tiempo reclamando, «una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».
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