Una investigación por blanqueo de capitales puso a la UCO en la pista de la parcela del Higuerón

En concreto, fuentes de la investigación han precisado a este periódico que en dicha causa principal, donde se investigan hechos que presuntamente podrían constituir blanqueo de capitales, se llevó a cabo una diligencia de intervención telefónica. Las escuchas afloraron una circunstancia ajena al blanqueo de capitales que llamó la atención de los investigadores de la Guardia Civil, por lo que se abrió una pieza separada para indagar estos hechos y comprobar su ilicitud. En concreto, surgió el nombre de Rafael Pineda, hasta ahora jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. En ese momento, la investigación se trasladó a la Unidad Central Operativa (UCO), que concluyó no obstante que en esta línea no había nada determinante, descartándose seguir adelante. De hecho, hasta el momento no ha sido citado por la Guardia Civil ni por el propio juzgado.

Sin embargo, estas fuentes han precisado que en el transcurso de esa segunda línea de investigación se puso el foco en la citada parcela del barrio de Pino Montano y su adjudicación, por lo que la Guardia Civil dio traslado a la juez de Instrucción número diez de Sevilla, Pilar Ordóñez, el siguiente paso que darían los miembros de la UCO: acudir a la empresa municipal de vivienda para obtener toda la documentación concerniente a dichos suelos y su adjudicación en 2016, cuyas diligencias se instruirán en la pieza abierta en su día, actualmente bajo secreto, y que nada tiene que ver con la causa principal sobre blanqueo de capitales. Esto es, los hechos que se investigan ahora en la pieza separada no están ligados con la pieza matriz de la que partió.

La presencia de los agentes de la UCO en la sede municipal se llevó a cabo el miércoles pasado. Una vez recabada todo el expediente administrativo, ahora se espera que elaboren un informe relativo a toda la documentación requisada para esclarecer las presuntas irregularidades que levantaron sus sospechas por el proceso de adjudicación a la mujer de Pineda y en caso de confirmarse las mismas apuntar los presuntos implicados.

La documentación que obra en poder de la Guardia Civil está vinculada con la 'Enajenación mediante subasta pública de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte' que llevó a cabo el Ayuntamiento en el año 2016, al frente del que se encontraba Espadas. Aquel concurso público lo ganó Olga Pérez Jiménez, mujer de Pineda, un histórico militante de los socialistas sevillanos que ha ocupado varios cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento. Fue concejal y en 2007, cuando Gómez de Celis fue nombrado primer teniente de alcalde y hombre fuerte del gobierno de Sánchez Monteseirín, lo convirtió en el gerente de Lipasam.

La relación entre Celis y Pineda es tal que cuando el primero fue nombrado en 2018 delegado del Gobierno en Andalucía lo designó como jefe de gabinete, cargo que ha venido ocupando junto a Pedro Fernández hasta hace pocos, cuando presentó su renuncia, coincidiendo con esta investigación que está realizando la UCO. Según aseguró a ABC, su idea es la de abandonar también la militancia en el PSOE.

A cambio de esta adjudicación, Pérez Jiménez tendría que pagar un canon de 108.000 euros anuales por un plazo de 40 años. A los pocos días de obtener dichos suelos, Olga Pérez registró la empresa Higuerón Real Estate, de la que es única administradora, y a la que transmitió la titularidad del arrendamiento nada más constituirse. Fue esta sociedad la que firmó con Emvisesa el contrato de cesión el 8 de febrero de 2017. Una decisión que pasó por la comisión ejecutiva de Emvisesa de la que entonces formaban parte los socialistas Carmen Castreño, Juan Manuel Flores y Antonio Muñoz, actual portavoz en el Ayuntamiento.

El siguiente paso dado por la empresaria fue la de subarrendar estos suelos de uso terciario a otras empresas, a las que cobraría un alquiler con el que pagar el canon al Consistorio y, a su vez, obtener un beneficio económico con el saldo restante entre ambas operaciones. En ellos se instaló Megafood S.A., que abrió una franquicia de Burger King que Urbanismo clausuró provisionalmente en 2018 por carecer de la preceptiva licencia. También hizo lo propio Petronieves S.L., que puso en marcha una gasolinera, cuya instalación levantó a los vecinos por la ubicación a menos de 50 metros de las viviendas. Por último, se estableció un local de la cadena KFC, que gestionaba Higuerón Restauración S.L., una firma de la que era dueña también Olga Pérez y que se subarrendó a sí misma.

Tras varios intentos por parte de la administración municipal para deshacerse de los más de 10.000 metros cuadrados con operaciones de permutas que quedaron desiertas, en septiembre de 2024, el actual gobierno de José Luis Sanz se la vendió a Olga Pérez Jiménez por 1,7 millones de euros aproximadamente, precio marcado por tasación.