Los informes jurídicos pedidos por el alcalde de Sevilla «exigen» cesar a 34 policías por las oposiciones anuladas judicialmente

El jefe del Servicio de Recursos Humanos y el letrado jefe del Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso de la Secretaría General del Ayuntamiento han realizado sendos informes sobre la ejecución de la sentencia dictada el 2 de junio de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla que obliga a retrotraer las oposiciones al momento antes del caso práctico de dicho proceso selectivo y anular la resolución del alcalde que nombraba funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados. En el informe del jefe del Servicio de Recursos Humanos, al que ha tenido acceso ABC, se expone, en primer lugar, que el coordinador general de Alcaldía ha decretado el acatamiento del fallo. Y corresponde a Recursos Humanos instruir los expedientes necesarios para tal ejecución.

Han pasado más de diez años de las oposiciones, lo que hace «bastante prolija» la ejecución. En un relato de los hechos más relevantes en este tiempo, destaca que los policías que han visto anulados sus nombramientos son 45, aunque la convocatoria fuera de 56. Después hubo una subsanación de la juez.

De los 45, un agente ha fallecido; cinco prestan servicio ahora en municipios de Málaga y Cádiz, tras una permuta de agentes; cinco ya tienen categoría de oficial; quince están admitidos como aspirante en un proceso de promoción interna para ser oficial; uno está admitido en un proceso para plaza de subinspector; y 34 siguen prestando servicios en Sevilla.

El informe, que recuerda que la Constitución Española obliga a cumplir las sentencias, analiza las conclusiones «claras» y «no tan claras» de la sentencia. La anulación de la resolución del alcalde que nombraba como funcionarios en la categoría de policía local a 45 aspirantes supone la pérdida de la condición de funcionarios de éstos, pero aclara que el Ayuntamiento de Sevilla sólo puede ejecutarla en relación a 34 agentes. «No cabe extender la anulación» que determina el fallo a los nombramientos derivados de procesos selectivos posteriores e independientes del enjuiciado.

En estos casos, propone una revisión de oficio por nulidad sobrevenida parcial. Y sobre los que están en otros municipios, o dar traslado de la sentencia a dichos ayuntamientos o, igualmente, iniciar un procedimiento de nulidad de pleno derecho sobrevenida de las permutas realizadas para que Sevilla no pierda esas plazas.

Propone el jefe de Recursos Humanos retrotraer el proceso al momento exacto del caso práctica, manteniendo las notas del tipo test, así como las posteriores pruebas médicas y el curso de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Señala cómo hacer el llamamiento para el nuevo proceso selectivo y aconseja conformar un nuevo tribunal calificador.

Por último, el informe concluye la ejecución de la sentencia «exige» cesar en la condición de funcionarios a los 34 agentes afectados por la sentencia; excluir a los quince policías inmersos en el proceso de promoción interna para oficial; iniciar procedimiento de revisión con la finalidad de declarar la nulidad de la permuta de los agentes que están en otros pueblos y el ascenso de otros cinco agentes: «anulados sus nombramientos como policía local han dejado de reunir el requisito imprescindible para participar en procesos selectivos». Y, por supuesto, retrotraer el proceso selectivo de 2012 al momento previo al caso práctico.

Este informe del jefe del Servicio de Recursos Humanos ha sido analizado y contestado por parte del letrado-jefe del Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso de la Secretaría General del Ayuntamiento. En este segundo informe, de 20 de abril y al que ha tenido acceso ABC, dicho letrado expone, como fondo del asunto, que comparte la totalidad de las conclusiones de su compañero en la administración municipal, pero no en todos los casos.

Sí apoya el cese de los 34 agentes y excluir del proceso de promoción interna a otros quince, pero «discrepa» en lo relativo al alcance de la sentencia respecto a los agentes permutados y a los ascendidos.

El jefe de Recursos Humanos propone un procedimiento de revisión y el letrado-jefe, no, pues considera que tanto las permutas como los ascensos se produjeron en bases a resoluciones «plenamente válidas y ejecutivas». Y añade que éstas no eran parte del proceso selectivo impugnado. Señala que el fallo de la sentencia tampoco implica su anulación, porque no eran objeto del pleito, por tanto, «no procede iniciar el procedimiento para su revisión».