La Iglesia de Sevilla recibe nueve llamadas por posibles casos de abusos en tres años y medio, pero sólo uno está en Roma

La Oficina Diocesana nace con el objetivo de «acoger» a la presunta víctima y a su familia, en una labor de «escucha y acompañamiento», según expone Mercedes Fernández, directora este órgano diocesano. Esta idea es refrendada por el delegado episcopal para asuntos de abusos de menores y personas vulnerables, Ángel Failde: «El sentido de acoger a la víctima es fundamental».

Además del delegado y la directora, la oficina cuenta con una portavoz, Karen Mendoza. Las denuncias o noticias sobre posibles episodios de abusos se pueden hacer físicamente en la sede de la oficina, a través del teléfono 954 505 505 (Ext. 810) y a través del correo proteccionmenores@archisevilla.org.

Hasta la fecha, cuando se ha cumplido tres años y medio de andadura, la oficina ha recibido a nueve personas con distintos planteamientos sobre presuntos casos. En concreto, siete han sido por llamadas telefónicas y dos por correos electrónicos. «Siempre se atiende», pero no siempre la oficina es competente. Los casos en los que pudiera estar implicado algún religioso tendrá que ser derivado a la orden a la que pertenezca por carecer la oficina de competencias jurídicamente sobre estas personas.

En España actualmente hay 202 oficinas para atender estas denuncias, tanto diocesanas como pertenecientes a 212 congregaciones religiosas. Eso sí, Mercedes Fernández, abogada de profesión, asegura que siempre facilitan los contactos de la institución con la que tienen que ponerse en contacto.

¿Qué pasa después de recibir una llamada o un correo electrónico de una presunta víctima? Lo primero es animar a esa persona a acudir personalmente a la sede la oficina, en el Palacio Arzobispal, para «ser escuchada». Desde ese momento, el notario va a levantar acta de todo lo que se diga. El perfil de las personas que han llamado a la puerta de la Iglesia de Sevilla para relatar su experiencia es el de un varón de entre 45 y 50 años que confiesa haber sufrido abusos cuando era menor de edad. Y, habitualmente, estas personas han preguntado a compañeros de colegio si a ellos también les pasó lo mismo.

«En la Iglesia los hechos no prescriben», subraya Ángel Failde, aunque matiza que a veces en la vía penal no tiene recorrido por el tiempo transcurrido. «A nivel eclesiástico se investiga».

Para ese primer encuentro desde la Archidiócesis se considera primordial generar un ambiente de confianza, para ello Mercedes y Karen valoran mucho que sea una mujer quienes atiendan esa «acogida». Un perfil más cálido del que a priori puede ofrecer un sacerdote.

El siguiente paso, la investigación, ya es competencia de Failde, quien oirá a la presunta víctima, el presunto victimario y cuantos testigos pudieran existir de los hechos, para dilucidar si hay verosimilitud en los hechos y, por tanto, posible delito. De las siete llamadas recibidas, solamente una persona quiso presentarse a ser «escuchada». Se abrió la investigación, pero durante su curso se contravino y esta persona decidió retirarse. «No había datos verosímiles».

Las otras seis llamadas fueron conversaciones largas. No sabes quién está al otro lado del teléfono, pero, según Mercedes Fernández, de partida tienes que creerlas. «A medida que las vas escuchando... es cómo si necesitaran ser escuchadas con un tiempo por delante ilimitado, ser comprendidas».

La primera fue hora y media de conversación. Al fondo se oía otro familiar. «Comenzó soltando algunas barbaridades, momentos de rabia, lloros. Había perdido la fe. En un momento determinado, le animé a pasarse por la oficina para presentar la denuncia y estudiar el caso, y si hubiera indicios se llevaría a Roma. Como último mensaje, le dije que el Papa había pedido perdón y yo, como Iglesia, que soy un granito dentro de ella, me unía al Papa y le pedía perdón. Se desinfló, respondiéndome que era lo que necesitaba, que una voz humana le diera esa respuesta. No necesito nada más», narra Mercedes Fernández. A veces apuntan a personas que ya están muertas, que no pueden ser juzgadas, civil ni penalmente, pero el objetivo de la oficina «es buscar la verdad».

«Me preguntó por qué las llamadas son tan pocas. Por qué no llaman aquí y si lo hacen a otros teléfonos», en referencia a otras vías para hacer públicas las presuntas denuncias. Pero la directora no se detiene en eso y sí en otro objetivo: «Tenemos que darnos a conocer desde la Iglesia, buscamos la verdad, el bien de las personas, la Justicia por encima de todo».

En este sentido, Karen Mendoza apostilla: «Se quiere una apertura total. No se trata de ocultismo, ni puertas cerradas, sino de promover la escucha activa, aunque no siempre haya verosimilitud en los planteamientos por parte del declarante».

La portavoz de la oficina recuerda que la preocupación de la Iglesia por este asunto no es nuevo, viene de lejos. Los primeros trabajos sobre protocolos de actuación en la Conferencia Episcopal son de 2010. El Papa y el arzobispo de Sevilla tienen claro que «la Iglesia siempre acompaña a la persona desde el bautizo y si hay una ruptura porque un sacerdote no ha sido ejemplo por diversos motivos, le toca pedir perdón a la Iglesia y ofrecer una justicia restaurativa, que no sólo implica la pena, sino abordar el dolor moral, psicológico y espiritual».

Y los tres aclaran que las llamadas a la oficina no tienen que ser por un supuesto abuso sexual. Hay situaciones de agresiones psicológicas o abusos de poder, que requieren de una escucha. Ese proceso de sanación, perdón y justicia restaurativa también se tiene que dar en el victimario.

El papel del padre Ángel Failde es indagar en los hechos denunciados. Si hay apariencia de verosimilitud y es creíble la denuncia, se hace un informe al arzobispo, que entonces manda abrir el proceso de investigación previa, donde actúa un sacerdote y un notario. Recogerá en un nuevo informe con los relatos de la víctima, testigos, victimario,... y es que «hasta el mayor asesino tiene su derecho de defensa. Unas veces han reconocido sus faltas, otras no», según el delegado episcopal.

La investigación previa termina con el voto del arzobispo, cuando éste conoce de todo lo actuado, sobre si hay verosimilitud. Para mayor seguridad se manda al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, que «tiene la última palabra si penaliza o no». No obstante, si hay delito, el propio arzobispo actúa con la suspensión de la condición de cura, de la licencia. Roma fijará si es una medida temporal o definitiva, si seculariza al sacerdote acusado, etc. También se le puede fijar un tratamiento médico y, en todo caso, acompañamiento espiritual al presunto victimario.

En el supuesto de que el denunciado sea un laico con 'missio' (misión) canónica dada por la Iglesia, por ejemplo, un profesor de Religión, se procedería la retirada de la misión y dejaría de impartir la asignatura inmediatamente. «Es lo más que puede hacer. Ya después está la justicia penal», según Failde. La 'missio', que presupone la idoneidad (DEI) y la capacitación académica (DECA), es conferida por el obispo de la diócesis donde se va a ejercer la docencia.

Esta investigación canónica no obstaculiza la vía judicial. «Si vemos que los hechos son muy claros, invitamos a denunciarlos ante la Policía, Guardia Civil o en los juzgados», cuya investigación «siempre» contará con la colaboración de la Iglesia.

En este punto, Karen Mendoza lanza una alerta sobre el uso de las redes sociales para denunciar presuntos episodios de abusos. «Hay que hacer una primera criba. Con los anónimos se encienden las alarmas y se estudian. Aunque luego no tengan recorrido. De todo toma conocimiento el arzobispo. Se le insta a ese anónimo a que venga, se persone, se identifique y denuncie».

Y esto no se hace en un sólo correo, sino que la oficina suele mandar dos para que quede constancia de la insistencia por conocer eso que presuntamente se denuncia. «Aunque la persona denunciante sea anónima, pero da nombres y apellidos de un sacerdote, se contacta con éste y se pregunta qué pasa. No hay denuncia pero pedimos explicaciones», añade Karen Mendoza.

Y si el sacerdote lo admite, el asunto llega al arzobispo y éste puede pedir investigación previa o llamar al victimario para abordar esa situación con él directamente. Una cuestión del arzobispo. «En la oficina somos el cauce, no decidimos. Somos la fase de instrucción».

De los nueve supuestos episodios que llegaron este tiempo a la oficina, sólo uno está en Roma. Fue allí donde llegó directamente porque la presunta víctima era reacia a contarlo en Sevilla. Pero el Vaticano lo traslada a la Oficina Diocesana para que se investigue y se pusieron en contacto con esta persona para que acudiera personalmente. Lo primero a lo que se enfrentaron fue a una labor pedagógica y de convencimiento para que acudiera presencialmente a relatar su episodio. «Aquí es donde podemos subsanar el daño, si es así. Fue una declaración muy larga». Se abrió la investigación previa por orden del arzobispo. Había verosimilitud y el asunto fue de nuevo puesto en manos de Roma para su decisión.

Ángel Failde admite que a veces es muy violento sentarse delante de un compañero prebístero. Por eso aboga por el intercambio de sacerdotes que ejercen de investigador entre diócesis o entre oficinas.

Uno de los objetivos de la oficina, y de la Iglesia en general, es trabajar en el ámbito de la prevención y en la puesta en marcha de protocolos para ello. Ya lo hace con los catequistas. Se les exige un certificado de delitos sexuales que emite la Delegación del Gobierno para garantizar que estás libre de denuncias relacionadas con menores. Y se quiere ampliar ese campo de actuación en materia de prevención: seminarios, hermandades, etc. «Es una realidad que abarca o salpica a toda la sociedad», según Mendoza. «La prevención es cosa de todos, incluso las denuncias de comportamientos no adecuados. Todos somos Iglesia».

«Somos una institución y como tal, en la Iglesia, por mínimo que sea el dolor y daño que se cause, lo lamentamos. No es sólo una cuestión de competencia», insiste la portavoz de la oficina, que recuerda la web paradarluz.com de la Iglesia Española donde se ofrece información, un directorio telefónico de las oficinas de toda España, diocesanas y de congregaciones. «Elimina cualquier barrera para poder comunicarse con la Iglesia».

Si antes alertaban del peligro de las redes sociales por la aireación de supuestos abusos públicamente, también ponen en el foco en estas nuevas vías de comunicación social porque los formas de abusos evolucionan.

Desde la oficina insisten en la importancia de ser transparentes, «creíbles». En ese enfoque se ubica la auditoría solicitada por la Conferencia Episcopal a Cremades y Calvo Sotelo, cuya entrega ha suscitado polémica por los retrasos. Y sobre todo, como remarca el arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, «tolerancia cero» ante supuestos de abusos, en todos los ámbitos.