El hilo judicial que conectó el narcotráfico con el caso Pineda

Esta operación se llevó a cabo en el marco de las diligencias que se instruían en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla y de la que posteriormente se abrieron dos líneas de investigaciones más hasta que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se toparon con la operación urbanística de la parcela de Emvisesa que ahora está en manos de la mujer de Rafael Pineda, el ex alto cargo socialista y hasta hace mes y medio jefe de gabinete de Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

En esta primera causa que se investiga, según recoge la juez en algunos de sus autos dictados hasta la fecha, hay indicios suficientes de la pertenencia de los investigados a una organización criminal dedicada tanto al blanqueo de capitales del tráfico de drogas y de otras actividades delictivas a través de un complejo entramado empresarial, así como indicios de financiación de tales delitos de droga y otras formas de participación.

Esta organización, según detallaba el Instituto Armado, utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal. Para ello combinaban sociedades instrumentales y negocios reales con el uso tanto de empresas sin actividad comercial real como comercios de ocio con mucha actividad. Entre estos establecimientos destaca un conocido restaurante y lugar de copas, así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano donde canalizaban grandes sumas de dinero.

La organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas utilizando empresas investigadas con las cuales realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO. Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros, quienes serían los que se enfrentarían a los saldos pendientes. La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España con el blanqueo de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

La Guardia Civil, para llevar a cabo la investigación de este entramado, solicitó los pinchazos telefónicos de los principales protagonistas. En esas conversaciones salió el nombre de una persona vinculada a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la postre el que era su jefe de gabinete, Rafael Pineda, apadrinado políticamente por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ya lo tuvo en este puesto cuando el ahora vicepresidente primero del Congreso fue delegado del Gobierno. Y ese nombre salía vinculado a varias gestiones y favores realizadas al cabecilla de la trama a cambio de dádivas, como un «jamón 5J».

Entonces, los agentes de la Policía Judicial, al frente de la primera investigación, dieron el relevo a los miembros de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, quienes siguieron la pista a estos (y otros que no han trascendido) hechos presuntamente delictivos en el marco de una pieza separada que se abrió en el mismo Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

No obstante, fuentes judiciales, como ya avanzó este periódico, expresaron que esta línea de investigación no resultó determinante, pero sí decisiva, porque la misma permitió a los agentes poner el foco en el patrimonio de Rafael Pineda y la parcela de Pino Montano. En el verano de 2016, en una operación urbanística de arrendamiento del gobierno socialista de Juan Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla, cayó en manos de la mujer del ex alto cargo socialista, Olga Pérez, odontóloga de profesión.

La UCO se ha personado dos veces en la sede de la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) para recabar todo el expediente administrativo relativo a esta parcela, de más de 10.000 metros cuadrados. Olga Pérez fue la única que ofertó por el arrendamiento de dichos suelos para posteriormente, a través de una mercantil que creó, Higuerón State, subarrendar su explotación a dos empresas y a otra propia suya. Allí actualmente hay un Burger King, una gasolinera y un KFC.

El Ayuntamiento de Sevilla, que ha solicitado la personación en el caso, tenía por objetivo deshacerse de la parcela, por eso intentó varias veces su enajenación, hasta que en 2024 se la vendió a Olga Pérez por 1,7 millones de euros. Ahora la juez, en esa pieza separada y cuyo secreto se levantó hace una semana, investiga hechos que podrían constituir delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencia. En la misma sólo ha estado hasta ahora personado Pineda, aunque no como investigado de momento.