Gómez de Celis cumple su anuncio y lleva al Congreso el cierre de la Plaza de España de Sevilla

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados y diputado por Sevilla, fue uno de los primeros en salir en contra de la propuesta del alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de restringir el acceso libre a la Plaza de España y cobrar una entrada a los visitantes de fuera de Sevilla. El que fuera el responsable municipal de Urbanismo en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cuando se «privatizó» la plaza de la Encarnación con el Metropol-Parasol, rápidamente anunció que llevaría el asunto al Congreso. Dicho y hecho.

El Grupo Socialista en la Cámara, a iniciativa de Gómez de Celis, ha registrado una pregunta con respuesta oral en pleno dirigida a la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, la también socialista sevillana María Jesús Montero, con el fin constatar su posición de rechazo en este asunto, ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de esta cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas. Mientras, el Ayuntamiento es titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada.

Como adelantó este periódico, el gobierno municipal de Sanz ha remitido a la Dirección General de Patrimonio del Estado una propuesta de convenio de gestión turística y cultural única para la Plaza de España en el que planteaba restringir el acceso a este Bien de Interés Cultural, vallando el mismo y cobrando una entrada a los visitantes de fuera de Sevilla. El objetivo de esta medida era usar la recaudación para incrementar la seguridad de este enclave patrimonial de la ciudad, mejorar su mantenimiento y la puesta en marcha de una escuela de cerámica que sirva para esa labor de mantenimiento continuo.

Dicha propuesto generó un debate a nivel nacional, saliendo los socialistas en tromba a rechazar la medida al considerar que supone «privatizar» un espacio público. Los ingresos de taquilla, según el borrador del convenio publicado por este periódico, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, entre otras.

El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría «privatizar» esta plaza.

En ese sentido, a la hora de elevar el asunto al Congreso, el PSOE considera que el gobierno local del PP está protagonizando «una apuesta privatizadora que hace que la ciudad se rija más por el peso del mercado que por el efecto de las políticas públicas».

«Nuestro patrimonio tiene una excepcional riqueza artística e histórica, así como una potencia cultural de primer orden que fragua nuestra identidad y que debemos disfrutar y conservar, a fin de transmitir su valor a las sucesivas generaciones. Ese patrimonio histórico también puede constituir, además, la base de un turismo sostenible de calidad y generador de empleo», sostiene el diputado socialista, que formulará la pregunta oral en la próxima sesión plenaria de control al Gobierno, que tendrá lugar el miércoles 13 de marzo.